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Golpeado por la muerte de la adolescente, Garro analiza echar al jefe de Control Urbano

05-01

La oposición analiza avanzar con una Comisión Investigadora que podría complicar incluso al intendente.

El funcionario es el más complicado por su responsabilidad durante la noche del 31. Como se sabe, la fiesta no había sido autorizada por el municipio, pero los organizadores decidieron hacerla pese a las advertencias.

La muerte de una adolescente de 26 años en una fiesta clandestina de Fin de Año tiene al gabinete Julio Garro sumido en una crisis. Si bien el intendente de La Plata especula con los movimientos judiciales para tomar medidas políticas, trascendió que el primero en salir eyectado del municipio podría ser el titular de Control Urbano, Roberto Di Grazia.

Ahora, a la luz de la tragedia, desde el Ejecutivo cuestionan a Di Grazia. El funcionario se excusa diciendo que "había mucha gente" y por eso decidió no desalojar la quinta que acumulaba denuncias de vecinos. El argumento es, cuanto menos, débil.

Pero el panorama para el intendente se agrava. Es que en paralelo, la oposición en el Concejo Deliberante de La Plata busca instalar una comisión investigadora para indagar sobre lo ocurrido durante la trágica fiesta. Quien lleva adelante la maniobra es Gabriel Bruera, hermano del ex intendente, y se ampara en el texto de la Ley Orgánica de los Municipios que prevé la conformación de una comisión de esas características y que incluya un pedido de interpelación al alcalde.

“Hablé con los concejales y acordamos ser muy prudentes pero firmes en el pedido", señaló Bruera y aclaró que “los hechos sucedidos son de una gravedad extrema que requiere necesariamente de una investigación".

Decisiones inminentes

Empantanado en la crisis, Garro tiene que tomar decisiones en las próximas horas. Para eso esperará lo que decida el juez de Garantías Fernando Mateos. Mientras tanto, el intendente busca consejos en su círculo más cercano.

Uno de sus asesores es Fernando Rozas, quien hasta hace pocas semanas era segundo en la Fiscalía de Estado. Rozas intenta convencer a Garro de jerarquizar el área de Control Urbano con agentes civiles.

Pero, por otro lado, el secretario de Seguridad del municipio, Daniel Omar Piqué quiere que Garro disuelva Control Urbano y quedarse con las atribuciones de esa área.

Piqué fue comisario Inspector de La Bonaerense y tiene vínculos con ex barras de Gimnasia y Estudiantes de La Plata. Allí es donde se mezcla la política con los negocios de la noche. Piqué tiene vínculos con Rubén ‘El Tucumano’ Herrera, un empresario que administra varios boliches bailables, entre ellos Pachuca y La Casona, dos de los establecimientos más concurridos de la capital provincial. Uno de los dueños de Pachuca es el juez César Melazo, quien ayer se ocupó de alimentar las sospechas de coimas con una serie de tuits.

Por lo pronto, la estratégica legal de Garro fue presentar una demanda penal para que el propio municipio sea considerado “particular damnificado” y se investigue a todos los responsables de lo ocurrido, inclusive a los propios funcionarios comunales como así también a Thiago Amati, uno de los supuestos organizadores de la fiesta que en las redes sociales habría reconocido que pagó coimas para evitar los controles.

La causa la tiene a su cargo el fiscal, Álvaro Garganta, quien amenaza con avanzar a fondo en la búsqueda de los responsables. “Lo que pasó fue un riesgo propio de una actividad clandestina. Una negligencia total. Voy a aplicar toda la responsabilidad de la ley contra aquellos que debieron cumplir su tarea de funcionario público y no lo hicieron”, dijo.

Ayer, Garganta tomó declaración testimonial a los agentes de la subsecretaría de Control Urbano quienes intervinieron en la clausura del evento e imputó como "homicidio culposo" a los cuatro responsables de la organización.

En esa instancia, quedaron bajo la imputación Raúl Ismael García; Carlos Federico Bellone (ingeniero, dueño de la quinta); el empresario dueño de un reconocido boliche de La Plata, Santiago Piedrabuena; y Gastón Haramboure, quien ya fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por la muerte de Juan Andrés Maldonado, en 2009, frente al boliche Alcatraz de Berisso.

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Fuente: agencias

Autor: staff

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