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El Poder Ejecutivo se encuentra en mora con la presentación del proyecto para el tratamiento de la que se ha dado en llamar ley ASEA, en referencia a las siglas Asociación de Emprendedores de la Argentina, principal propulsora de esta iniciativa, que tiene como loable objetivo colocar a nuestro país a la vanguardia del tema en la región. Se trata en realidad de cumplir aquel explícito compromiso asumido por el actual gobierno de promulgarla en los primeros cien días de gestión, tal como el propio Macri reiteró una vez más a los emprendedores que recibió en Olivos en marzo pasado.
Recordemos que la actividad emprendedora es motor de la economía, pero que la tasa de mortalidad de las nuevas empresas en los tres primeros años de vida supera el 90%. Esto se debe, en buena medida, a que los emprendimientos naufragan en el vacío de un marco normativo que no los contempla. Hoy, en la Argentina se contabilizan, por ejemplo, menos emprendedores que en Chile. Se trata de una masa crítica en crecimiento, pero comparativamente pequeña para el enorme potencial que nuestro país tiene en esta materia, nuestra población, nuestro territorio y, sobre todo, las usinas de talento.
La inversión en capital emprendedor no llega al 0,02% del PBI, atribuible en gran medida a que los inversores llamados "ángeles" no encuentran ningún incentivo fiscal para asumir estos riesgos. Según la entidad promotora de la ley, ésta deberá contemplar que no se grave a los inversores del llamado "capital emprendedor", que inviertan en los primeros cinco años de vida de una nueva empresa. Los fondos destinados a este fin deben ser considerados según principios de igualdad fiscal, para que no superen lo tributado por los propios emprendedores y por quienes invierten en la Bolsa.
Para que nuestro país sea auténticamente la nación emprendedora que, sin duda, tantos beneficios podría reportarnos, necesitamos construir un ecosistema emprendedor completo que comprenda educación, capital humano, instituciones, mentores, gobierno e inversores. La ausencia de alguna de estas patas acarrea severas distorsiones y sólo conduce a otra oportunidad desperdiciada.
La comunidad emprendedora local brega desde hace tiempo por un nuevo tipo de forma jurídica de sociedad cuya creación sea más sencilla, operativa y menos costosa, así como por la posibilidad de pagar a sus empleados con acciones que queden excluidas del impuesto a las ganancias, tal como ocurre en otros países. Promueven así la sociedad por acciones simplificada (SAS) que puede crearse de forma online en el día y que puede ser de un solo socio al que luego se sumen otros sin necesidad de alterar, como hoy, su forma jurídica.
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En su afán por reducir costos y sortear vericuetos burocráticos también ansían que los libros contables obligatorios puedan manejarse online.
Cualquier empresa naciente, o startup, como se lo denomina en la jerga, requiere fondos. Después del famoso Viernes Negro de fines de los años 90, el capital de riesgo abandonó mayormente el país y nunca regresó. También se hace imprescindible movilizar el compromiso empresario local, que tan pocos alicientes tiene en este sentido. Hacer foco en la innovación no ya para sobrevivir, como hasta ahora, sino para propulsar la creatividad y volvernos más competitivos, integrándonos al mundo, es un desafío que requiere el mayor número posible de cabezas pensantes. Como sociedad debemos preocuparnos si no abonamos con eficacia el terreno del emprendedorismo, pues sólo nos aseguraríamos un destino sombrío.
Lo que se propone desde ASEA, básicamente, es lo siguiente:
Que se implemente un sistema similar al de las sociedades de garantía recíproca, pero para las entidades de capital emprendedor. Es decir que si una empresa invierte parte de sus utilidades en un fondo de capital de riesgo, pueda desgravar entre un 10% y 15% de sus utilidades anuales.
El financiamiento colectivo o crowdfunding, entre las nuevas tendencias que también avanzan en el mundo.
Utilizar las plataformas digitales para que los inversores pequeños puedan entrar al mercado sin necesidad de poner en juego un alto porcentaje de su liquidez, funcionando, además, como "escuela de inversión en capital de riesgo".
Alentar a que se habilite a las nuevas empresas que hoy no acceden a la posibilidad de la oferta pública, a que puedan hacerlo a través de plataformas online, con la intervención de intermediarios registrados en la Comisión Nacional de Valores para poder mejorar la oferta de los proyectos a los fondos de riesgo.
Otra buena medida en esta dirección, que servirá para propiciar que muchos nuevos jugadores se sumen como inversores a largo plazo, es la que recientemente lanzó la Secretaría de Emprendedores y Pymes (Sepyme) del Ministerio de Producción con el programa Matching funds,que propone coinvertir con los fondos. También en estos días, en otra clara señal en la dirección correcta, este organismo lanzó el Fondo Semilla, dirigido a fortalecer emprendimientos en su etapa inicial. Esteban Campero, subsecretario de Emprendedores, acertadamente afirmaba que "es clave que el Estado acompañe el proceso de validación de las ideas para lograr mayor capilaridad federal y promover el estímulo de proyectos con impacto social".
Con preocupación, nos preguntamos cuáles pueden ser los motivos de la demora en la presentación y el tratamiento del proyecto de las ansiadas leyes que promueve el emprendedorismo local. Ante esto destacamos también la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional lo ingrese al Congreso en su totalidad, no por capítulos que puedan restarle fuerza y coherencia. El sueño emprendedor sólo puede sostenerse con apoyos estratégicos adecuados como los que deberían impulsarse desde una ley que integralmente contemple todos los aspectos. La capacidad de creación e innovación de nuestros recursos humanos es ampliamente reconocida en el mundo. Lejos de expulsarlos debemos arbitrar los medios para no seguir perdiendo oportunidades y capitalizar en el país estos aportes tan valiosos como necesarios.
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