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Las marchas y contramarchas vividas en los últimos días y particularmente en las últimas horas de ayer, con los proyectos legislativos de Ley de Emergencia Educativa y otro presentado por dos legisladores para declarar a la Educación un “Servicio Público” y horas después renunciado por sus autores, marca una derrota política absoluta para Alicia Kirchner y Pablo González. El fracaso estrepitoso de estas embestidas para cercenar el derecho a huelga de la ADOSAC, pone al gobierno provincial en una situación de debilidad muy grande ante situaciones similares que se puedan presentar en el futuro con otros gremios.
La síntesis de lo sucedido es la siguiente: el gobierno ingresó hace una semana atrás un proyecto de Ley de Emergencia Educativa y Edilicia en la Cámara de Diputados, con la cual pretendía sustituir docentes en paro, coartar el derecho a huelga y administrar y disponer arbitrariamente de maestros y directivos, además de colocar a personas no-profesionales de la Educación, a jugar de “controladores” en el ámbito de la educación provincial. Ayer los diputados Víctor Álvarez de las Heras y Oscar Lemes de Puerto Santa Cruz, presentaron en la Legislatura otro proyecto tratando de declarar a la Educación en la provincia como un “servicios público trascendental”, intentado promover las “guardias mínimas” en los establecimientos y darle al dictado de clases, un carácter de cumplimiento obligatorio por parte de los docentes, lo cual colisionaba directamente con el derecho constitucional a la huelga y a los básicos preceptos de la OIT. Todo esto fue advertido por ADOSAC y en un durísimo comunicado, expresó que en tanto estos dos proyectos autoritarios y sin consensos, estuvieran en la Cámara de Diputados y no fueran retirados de allí, el conflicto seguiría y se profundizaría, a tal punto que a las 24 horas de paro de CTERA para hoy se habían agregado 24 horas más en repudio a estos dos proyectos.
Ayer mismo, el gobierno provincial envió un parte de prensa a los medios de comunicación, donde señalaba que el gobierno había decidido retirar el proyecto de ley de Emergencia Educativa, luego de “llegar a un acuerdo, después de un largo debate”, con los diputados del FPV en una reunión en la localidad de Cdte Luis Piedrabuena, dice el Ejecutivo, sin dar más explicaciones que las necesarias, que se retira dicho proyecto y “en su lugar” presentará un “Acuerdo Social Educativo”, que definió como la búsqueda de un acuerdo consensuado entre todos los actores intervinientes en la Educación provincial, pero sin hacer referencia específica a la ADOSAC, gremio al cual trata de no mencionar en cada una de las manifestaciones que se expresa con la firma de la gobernadora.
Sobre el particular desde OPI analizamos este “acuerdo” que pretende el gobierno y para ello nos remitimos a la definición que del mismo dio el diputado Matías Mazú, quien para explicarlo dijo “debemos darles señales claras a las futuras generaciones de santacruceños y santacruceñas y garantizarles que estén en las escuelas de acá a fin de año, y que el próximo ciclo lectivo y los venideros lo inicien con normalidad, donde todos y todas debemos convocarnos a una gran mesa de diálogo para darle forma y lograr el compromiso para este Acuerdo Social Educativo”.
Concluyendo, el gobierno ahora ataca por la retaguardia con este pretendido “Acuerdo”, pero aún no están claro los términos de discusión ni como se va a instrumentar. Esta idea, claramente, nació de la reunión partidaria en Piedrabuena, ante la irremediable coyuntura que presenta el gremio docente, el cual tuvo la firmeza necesaria para resistir la pérdida de sus derechos, lo que constituyó en términos políticos, una derrota para el gobierno de Alicia Kirchner. Aún así, yo que ADOSAC esperaría ver concretamente el retiro formal del proyecto de la Cámara de Diputados, no sea cosa que en unos días más nos enteremos que fue un nuevo ardid del gobierno, para hacerle bajar la guardia a quienes no puede derrotar ante la opinión pública.
Sobre llovido…
Dice el dicho popular, sobre llovido mojado y no es menos cierto señalar que el día lunes los diputados Álvarez y Lemes, por encargo y orden de la gobernadora, firmaron un proyecto tan repudiable como la Ley de Emergencia, donde pretendían declarar como “Servicio Público Trascendental a la Educación” en Santa Cruz, produciendo otra revolución dentro del sector docente, porque se trataba de otro instrumento que el gobierno pretendía deslizar en la Cámara de Diputados, en el cual se afianzaba la determinación de terminar con los paros docentes “por cualquier motivo y medida”, algo inconstitucional por donde se lo mire, pero aún más ilegítimo, toda vez que parte de un error conceptual, al considerar “servicios público” a la Educación, que en realidad es un derechos constitucional consagrado y no la luz, el gas o el transporte.
Horas después de ingresarlo en la Cámara, ambos diputados presentaron una nota donde expresan “Con el ánimo de aportar al diálogo claro y transparente, ante la difícil situación por la que atraviesa la educación pública en Santa Cruz y en consonancia con el espíritu que alienta al gobierno provincial al retiro del proyecto de Ley de Emergencia Educativa, los diputados Lemes y Álvarez proceden al retiro del proyecto para declarar “Servicio Público Trascendental a la Educación”, dice el encabezamiento del documento que firman ambos legisladores al pie.
La verdad
La verdad de lo sucedido con estos dos diputados, pone varias alertas en la sociedad. Una sobre la calidad institucional de nuestros legisladores y de la Legislatura en si, otra, la inexistencia de discusión dentro del oficialismo y más tarde queda en claro que los diputados del FPV no se toman el trabajo de ver qué votan y por qué, solo cumplen órdenes, haciendo palpable aquello que dio nombre a la Cámara de Diputados de la provincia años atrás, cuando se la llamó la “Cueva de las manos”.
Lo cierto es que desde Río Gallegos, los diputados Lemes y Álvarez recibieron “la comunicación” de que la gobernadora los ponía apoyando el proyecto para declarar a la Educación un Servicio Público. Lo legisladores, obviamente no se opusieron, el proyecto entró e inmediatamente la ADOSAC produjo un sismo en las dos localidades donde presuntamente había nacido la idea, es decir Las Heras (Álvarez) y Puerto Santa Cruz (Lemes). Fue en esta última localidad donde Lemes recibió un fuerte cuestionamiento de los docentes por lo que había firmado y ante la presión que ejercían los trabajadores, para que el diputado explicitara los fundamentos que tuvo para hacer una cosa así, la cual atentaba contra sus derechos, Lemes reconoció que al proyecto “no lo había leído”.
Esto agravaba aún más la situación, porque expresaba claramente que estos dos diputados del oficialismo habían sido utilizados por el gobierno para enmascarar de “pluralidad” algo que no era tal, pues había sido redactado en el Ejecutivo y presentado con los nombres de los legisladores, sin que éstos se hubieran tomado el trabajo de leer mínimamente lo que decía el proyecto de Ley.
Ante la situación personal que les tocó vivir a los diputados Lemes y Álvarez, luego de momentos de tensión interna dentro del oficialismo, éstos decidieron hacer llegar una nota, esta vez sí firmadas por ellos mismos, donde deshacían lo actuado y remarcaban el retiro de este último proyecto, aludiendo argumentos que no tienen nada que ver con la realidad, pero los cuales trataron de no colisionar con la actitud de capitulación que tuvo el gobierno provincial, al dar marcha atrás con la Ley de Emergencia, cargando la “supuesta decisión de retirar el proyecto”, a un debate “consensuado” de los legisladores K, lo cual dista absolutamente de lo que verdaderamente ocurrió puertas adentros del FPV, porque hubo varias protestas, especialmente de los diputados por el Pueblo, ante la difícil situación que les generaba en cada localidad, con los docentes de cada ciudad.
Diputados que no leen lo que firman, otros que no debaten y obedecen, algunos que justifican ante la opinión pública, cualquier cosa que viene del Ejecutivo, legisladores que no dudan en conformar una sesión trucha para desalojar a la oposición y en 11 minutos aprobar un paquete de leyes que les importa solo a ellos, sin discusión ni consenso; esta es la clase política que supimos conseguir en Santa Cruz, luego de 33 años de Democracia.
El resultado que dejó esta virtual contienda entre el gobierno y la ADOSAC, es una clara derrota política por partida doble, que el Ejecutivo trata de disimular (nunca reconocer) y por este motivo ahora intenta jugar una ficha más “blanda”, pretendiendo presentar, en lugar de la Ley de Emergencia y la declaración de Servicio Escencial, un “Acuerdo Educativo Social”, pero ¡Cuidado!, si partimos de la definición que del mismo dio Matías Mazú, habrá que ver hasta que punto va a ser un “acuerdo” y hasta que punto no se constituirá en más de lo mismo, con una reformulación y un maquillaje estético que le cambie las apariencias, pero guarde las formas originales del proyecto que pretende anular el derecho a huelga de los docentes, un objetivo claro único y preciso de la gobernadora y su gabinete.
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