Con la intervención de la Defensoría Nº 1 del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, a cargo de Lorena Lampolio y de la Asesoría Tutelar porteña, la jueza Alejandra Petrella, intimó al Gobierno de la Ciudad a que en el plazo de cinco días informe qué acciones realiza para evitar la propagación del virus del dengue.

Ya en 2009, por orden judicial, se le había ordenado al Gobierno porteño que realizara fumigaciones en los asentamientos precarios y villas de la Ciudad, armara un cronograma, implementara campañas de prensa e informara las medidas que adoptaría. Sin que se acreditara el cumplimiento de lo ordenado y debido a que no había habido ninguna actuación en la causa, el expediente se paralizó a fines de 2014. Este año, argumentando que la falta de actividad gubernamental derivó en un aumento de la enfermedad, la Asesoría Tutelar denunció el incumplimiento de la sentencia.

Además de intimar al Gobierno a acreditar qué acciones de las ordenadas en ese entonces lleva hoy a cabo, Petrella dispuso también que informe sobre las fumigaciones en los asentimientos, “así como sobre las demás medidas preventivas que se adoptarán para evitar la propagación del virus y las campañas de prensa”. Por otra parte, resolvió que se deberá elaborar “un plan de acción a largo plazo de control de los vectores que tienda a prevenir o reducir la transmisión del virus del dengue”.

La Magistrada afirmó que si bien el amparo tuvo su origen en el brote del año 2009, el asunto no puede circunscribirse a aquel brote de la epidemia sino que alude “a cuestiones de salud pública y de la falta de una política estatal sobre un asunto que, de acuerdo a sus particularidades, conlleva justamente la cualidad de perdurar”.

En cuanto al incumplimiento del fallo, planteó que si bien “sería utópico pretender que no existiera un solo caso de dengue en la Ciudad, lo expuesto no implica que el Gobierno de la Ciudad no deba efectuar acciones positivas al respecto, más aún cuando existe una sentencia firme”. En este sentido, señaló que el Gobierno no acreditó el cumplimiento de los cronogramas ni de las fumigaciones, “lo cual tampoco puede extraerse de la información que brinda la Ciudad a través de Internet. Tampoco aportó constancias por las cuales puedan constatarse las acciones para combatir la epidemia en las villas".

Petrella manifestó que “un tema como el que nos ocupa -cuyas consecuencias afectan a gran parte de la población y en particular a los sectores más vulnerables-, debe ser tratado celosamente y articulando estrategias y políticas estatales a largo plazo”.

Asimismo, propuso “que se prevean acciones tendientes a la supervisión y evaluación de los programas de lucha contra el dengue, que incluyan la vigilancia de la enfermedad”. “Ello, sin perder de vista que, en definitiva, corresponde al Gobierno porteño determinar el modo más adecuado para combatir el Dengue en la ciudad, lo cual excede el ámbito de las villas y asentamientos y, por tanto, el marco de esta sentencia”.

La causa había sido iniciada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo en 2009. Además de la intervención del Ministerio Público de la Defensa y de la Asesoría Tutelar como parte en la causa, también habían realizado presentaciones dos habitantes de la Villa 20 afectados por el virus.