En el marco de la presentación de datos sobre concentración económica en el Foro de Davos que se realiza esta semana en Suiza, la ONG española Oxfam, que reúne a 19 organizaciones sociales contra la pobreza en más de 90 países, presentó cifras sobre la desigualdad en el acceso a la tierra y la distribución de riqueza en el mundo.

Los datos revelan que el 1% más rico de la población concentra en sus manos más riqueza que el resto del planeta. "Ocho hombres poseen la misma riqueza que otros 3.600 millones de personas", señaló la organización. Estos ocho multimillonarios tienen una fortuna de u$s 426.000 millones, frente a los u$s 409.000 millones que poseen en conjunto los 3.600 millones de personas más pobres.

Los más ricos son, por orden, el estadounidense Bill Gates (Microsoft, u$s 75.000 millones), el español Amancio Ortega (Inditex), Warren Buffet (Berkshire Hathaway), el mexicano Carlos Slim (Grupo Carso), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Oracle) y Michael Bloomberg (Bloomberg LP).

En América Latina la desigualdad aumentó en 2015 como no se había visto desde los años 80: siete millones de personas cayeron en la pobreza y cinco millones pasaron a la indigencia. Además, unas 32 personas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres, y esta desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan un 64% de la riqueza total.

• Terratenientes

Oxfam también presentó hace semanas otro informe sobre el reparto de la tierra en América latina, donde evidenció que solo 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva, es decir, que este 1% concentra más tierra que el 99% restante.

En el país, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%.

Se trata de explotaciones agropecuarias que tienen en promedio más de 2.000 hectáreas (equivalentes a 4.000 canchas de fútbol), aunque en países del Cono Sur están muy por encima de este tamaño: por ejemplo en la Argentina, donde el promedio de las fincas en el 1% superior es de más de 22.000 hectáreas.

El director de Oxfam para América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst, reconoció que las cifras son "alarmantes" y estimó que "solo llevarán a una agudización de la violencia y a retrocesos democráticos", porque esta situación "no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones".

La entidad responsabiliza a las dirigencias políticas por la creciente concentración en pocas manos, incluso, las extranjeras. "La mayoría de los gobiernos de la región, independientemente de su color político, han mantenido la apuesta por el extractivismo -un modelo productivo basado en la extracción y explotación de los recursos naturales para obtener grandes volúmenes de materias primas- como el principal motor de sus economías", evaluó el reporte. Los combustibles fósiles, metales, madera, carne y vegetales representan juntas más de la mitad de las exportaciones totales en la mayoría de países de la región.

América Latina es la región del mundo más desigual en cuanto a la distribución de la tierra. El coeficiente de Gini para la tierra -un indicador entre 0 y 1 donde 1 representa la máxima desigualdad- es de 0,79 para el conjunto de la región, siendo 0,85 en América del Sur y 0,75 en América Central. Se trata de niveles de concentración muy superiores a los observados en Europa (0,57), África (0,56) o Asia (0,55).

En el extremo opuesto a las grandes fincas se encuentra la pequeña propiedad, un sector mayoritario al que pertenecen cuatro de cada cinco explotaciones agropecuarias en la región, destacó la organización sin fines de lucro. En base a los censos agropecuarios en 16 países de la región, Oxfam determinó que las pequeñas fincas utilizan menos del 13% de la tierra productiva total, con una superficie promedio de 9 hectáreas en América del Sur y 1,3 hectáreas en América Central.

En la Argentina existen 246.947 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) registradas, que ocupan 23,2 millones de hectáreas. Las UPA nacionales computan 94 hectáreas cada una, lo que implica una extensión diez veces mayor al promedio de sus vecinos cercanos. El 83% de esas UPA solo abarca al 13,3% del total de tierras lucrativas del país. "En países como Argentina o Uruguay, el tamaño promedio de la pequeña propiedad está cercano a las cien hectáreas, lo que se consideraría gran propiedad en países centroamericanos donde en promedio las fincas pequeñas apenas oscilan entre una y tres hectáreas", sostuvo el trabajo.

La Argentina es miembro destacado de las "repúblicas unidas de la soja", que también integran Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por orden de importancia. Según Oxfam, estos países producen más de la mitad de la soja consumida en todo el mundo. "Entre 1990 y 2014, triplicaron el área de cultivo y quintuplicaron la producción hasta alcanzar conjuntamente más de 150 millones de toneladas en 60 millones de hectáreas, una extensión más grande que la superficie de Paraguay y Uruguay juntos", señaló.

Si bien remarcan que los modelos agroexportadores pueden impulsar el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos y favorece la inversión social, también advierten que la dependencia de los sectores extractivos implica riesgos importantes, asociados a la volatilidad en los mercados internacionales y elevados costos ambientales y sociales.

• El dominio de la tierra

Pero lo que se pone en discusión no solo es el uso del suelo. "Quien ejerce el control de la tierra decide sobre su uso y determina el destino de los beneficios de su explotación", subrayaron para introducir la problemática del dominio de la tierra. "El flujo de capitales entre inversionistas y empresas, el control del mercado por las corporaciones multinacionales, la poderosa influencia de los sectores empresariales sobre las autoridades gubernamentales y los acuerdos internacionales que protegen las inversiones, aseguran el dominio completo de la tierra y sus recursos naturales", manifestaron con preocupación.

Las últimas estadísticas indican que hoy la concentración en el reparto y control de la tierra es aún mayor que antes de ponerse en marcha políticas redistributivas o reformas agrarias de la década de 1960. Estos datos se conocen al mismo tiempo que los vecinos de El Bolsón redoblaron los esfuerzos por impedir el loteo de tierras en la zona de Mallín Ahogado, correspondientes a un proyecto inmobiliario que pretende llevar a cabo el multimillonario inglés Joe Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri.

"Pretender saber quiénes son los dueños de la tierra en América Latina resulta una misión imposible. La opacidad en las transacciones, el uso de sociedades pantalla, la titulación a nombre de terceros y el secretismo y barreras burocráticas en las instituciones que administran los catastros y registros públicos de la propiedad crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios", remarcaron desde la organización.

Para ocultar identidades, en muchos casos los inversores extranjeros operan a través de filiales o alianzas con empresas locales. "El dominio cada vez mayor de las corporaciones translatinas, los actores financieros internacionales y las multinacionales del negocio agrícola tiene consecuencias sociales, económicas y sobre todo políticas que no han sido suficientemente estudiadas, en gran medida debido a la opacidad en la que actúan", resaltó el informe. Y agrega que sus beneficios llegan por la "poderosa influencia" que ejercen en los "espacios de decisión nacionales e internacionales" sobre las regulaciones y marcos normativos que afectan a sus intereses.

A los pocos meses de asumir, el presidente Macri modificó por decreto la Ley 26.737 de Tierras Rurales para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros. La norma sancionada en 2011 establecía el límite del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros y restringía un máximo de 1.000 hectáreas para titulares de otros países en la zona agrícola, en el norte de Buenos Aires, y el sur de Córdoba y Santa Fe.

"Las élites se han hecho con el control de las instituciones democráticas para asegurar que las políticas y el marco normativo les favorecen y que los recursos públicos son aprovechados para la máxima obtención de beneficios privados", insistieron en Oxfam, y describen que "existen muchas formas de captura política, desde la financiación de los partidos hasta el tráfico de influencias, pasando por el lobby, las puertas giratorias o el control de los medios de comunicación".

Algo similar podría ocurrir en Río Negro. Los vecinos de Mallín Ahogado tuvieron que esperar un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche para frenar el loteo que impulsa el británico Lewis de 850 hectáreas para construir una villa turística con características de barrio cerrado en una reserva natural al pie del Cerro Perito Moreno. Anteriormente, varias sentencias, resoluciones provinciales y ordenanzas municipales sí lo autorizaron.

• Persecución indígena

Otro factor de conflicto se da con los pueblos originarios. Una de cada tres hectáreas que se entregan en concesión para la explotación minera, petrolera, agroindustrial y forestal en América Latina pertenece a pueblos indígenas. En la Argentina, el 84% de las concesiones para cultivar soja se encuentran en territorios indígenas.

"El derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios apenas existe en el papel, pues en la práctica la inmensa mayoría de las inversiones son impuestas a las poblaciones afectadas", se quejó la ONG, quien denunció una "creciente persecución y criminalización de comunidades indígenas y campesinas" que defienden la tierra y los recursos naturales, como le ocurrió a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut.

"Es posible reconocer tácticas comunes muy preocupantes, como la militarización de los territorios con estados de excepción cada vez menos excepcionales, la participación en los desalojos de agentes de seguridad privada y grupos criminales junto a fuerzas policiales y militares, o la instrumentalización del aparato de justicia para deslegitimar la protesta social", alertaron, aunque admitieron que en alguno casos la represión proviene de las empresas y los latifundistas, quienes lideran los ataques, con la complicidad de los gobiernos.

En este apartado, celebran que gracias a la "acción colectiva" existe mayor información y preocupación acerca de la "vulneración de derechos y los daños ambientales" que causa el modelo extractivista, pero lamenta que "nunca antes la vida de activistas, periodistas, defensores y defensoras había estado tan en peligro".

Por este motivo, desde Oxfam aclaran que "es necesario garantizar el acceso a la justicia a través de la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, la investigación, sanción y reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en contextos de inversiones en tierras y actividades de extracción y explotación de los recursos naturales".

• Obligaciones

En este marco, la fundación internacional alertó que "la desigualdad en torno a la tierra limita el empleo, amplía los cinturones de pobreza urbana con la expulsión desde las zonas rurales y socava la cohesión social, la calidad de la democracia, la salud del medioambiente y la estabilidad de los sistemas alimentarios locales, nacionales y globales".

Asimismo, Oxfam aseguró que esta "desigualdad extrema en el acceso y control de la tierra merece estar entre las prioridades de acción en la lucha contra la desigualdad económica y social en la región" y exhortó a los gobiernos a "responder de forma urgente y efectiva a la demanda por la tierra y los medios de producción por parte de las poblaciones rurales, adoptando medidas concretas que contribuyan a una redistribución de la propiedad de la tierra y a una mayor equidad".