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Para el Gobierno, la sanción de la reforma laboral constituye una prioridad de la gestión de Mauricio Macri e insistirá en impulsar la iniciativa después de marzo próximo, una vez comenzadas las sesiones ordinarias del Congreso.
"Confiamos que en abril próximo podamos contar con la ley", adelantó un encumbrado ministro al diario La Nación.
Este objetivo requiere del apoyo de la CGT, condición sine qua non que impuso el peronismo no kirchnerista en el Congreso para aportar sus votos. A esa tarea se abocará el Gobierno.
En tanto, según el matutino mencionado, para vencer la resistencia que hoy muestran los gremios, el Gobierno ejercerá distintas formas de presión. "Los gremios están en deuda con nosotros; prometieron darnos su apoyo a la reforma laboral y al final se echaron para atrás. Al mismo tiempo nos boicoteaban la reforma previsional. No les debemos nada, al contrario", masculló ayer, un funcionario de la Casa Rosada.
El Gobierno instrumentará, por un lado, una serie de auditorías sobre las obras sociales que manejan los gremios, así como sobre sus propiedades. Por el otro, dejará hacer a la Justicia: las investigaciones que actualmente acorralan a algunos caciques sindicales -y, en especial, la que salpica al clan Moyano por supuesta evasión y lavado de dinero- pueden resultar un factor disuasorio clave para que los gremios terminen alineándose detrás de la reforma laboral, confían fuentes oficiales.
Los tiempos serán más distendidos que con la reforma previsional, cuya sanción terminó siendo traumática para el oficialismo por el costo político que le deparó.
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