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Bajo estricto hermetismo, el gobierno provincial prepara un proyecto de ley para cambiar la lógica de distribución de recursos entre los 135 municipios bonaerenses. El objetivo formal declarado es la corrección de las desigualdades sociales y económicas de la Provincia, que no han podido mejorarse con el actual sistema de reparto, que tiene treinta años. En términos geográficos, el gran ganador de este cambio sería todo el Conurbano, cuyas comunas –densamente pobladas- comenzarían a recibir más dinero por cantidad de habitante del que reciben actualmente.
El núcleo de la reforma es una modificación importante en el Coeficiente Único de Distribución (C.U.D), un índice que estipula lo que le corresponde a cada municipio en el reparto de los fondos coparticipables. El CUD es parte de la Ley 10.559, del año 1987, donde se establece el Régimen de Coparticipación de la Provincia.
Estudios de todo tipo circulan por el ministerio de Economía provincial, donde un equipo de funcionarios se encuentra especialmente abocado al tema. Esos trabajos, que cruzan diversas variables como superficie, población, índices de salud, de necesidades básicas insatisfechas y demás, arrojan un diagnóstico que no es nuevo: con el actual CUD, los municipios del Gran Buenos Aires reciben muchísima menos plata por habitante que los del interior de la Provincia.
El objetivo es “la corrección de las desigualdades sociales y económicas”
Es más: contrariamente a lo que podría pensarse, algunos muy densamente poblados están entre los que menos reciben en todo el territorio provincial.
Para María Eugenia Vidal es un tema estratégico. El Conurbano y sus eternas falencias sociales y de infraestructura son una obsesión para ella. La gobernadora ya adelantó que casi la totalidad de los fondos extra que empiece a recibir la Provincia como consecuencia del nuevo Pacto Fiscal, será destinada a esa inmensa zona que rodea a la Capital Federal y que alberga a 10 millones de habitantes.
Reformular la coparticipación implica una decisión que apunta a varias décadas hacia adelante. También supone, como cada vez que se habla de reparto de dinero, que habrá intendentes contentos y otros enojados, sin distinción de partidos políticos. Dicen en Economía que están dispuestos a pagar ese costo. Se estima que el proyecto será enviado a la Legislatura este año.
Desde que asumió Vidal, incluso mucho antes, intendentes de Cambiemos y de la oposición reclaman un cambio en la lógica de distribución de fondos. Hablamos de mucho dinero: según datos oficiales, en 2017 la Provincia giró a los municipios más de 70 mil millones de pesos. Eso incluye coparticipación bruta, que se gira en forma automática y diaria, y demás transferencias que se realizan en forma mensual. El tema es engorroso para el ciudadano de a pie.
Breve y resumida reseña. Los municipios reciben el 16,14% de los siguientes recursos: coparticipación federal (lo que envía la Nación a la Provincia), impuesto inmobiliario urbano, ingresos brutos no descentralizados, automotores, sellos y tasas retributivas de servicios. Además, se reparten fondos de los juegos de azar, porcentajes de los impuestos provinciales que cobran los municipios por la delegación que supone la descentralización tributaria prevista en el Código Fiscal y diversos fondos específicos.
La distribución de la coparticipación a los municipios se realiza de acuerdo al mencionado CUD, que está conformado por tres ítems:
-Un 58% corresponde al Régimen General, que engloba nociones como población, superficie y capacidad tributaria de los habitantes.
Intendentes de Cambiemos y la oposición reclaman un cambio en la distribución
-Un 37% corresponde al llamado Régimen de Salud, distribuido entre las comunas que posean establecimientos municipales de salud y que se conforma con datos como cantidad de consultas médicas, camas ocupadas por complejidad, egresos hospitalarios, unidades sanitarias sin posibilidad de internación, etc.
-Un 5% corresponde al Régimen de Acción Social, básicamente servicios sociales transferidos.
Este esquema tiene una fuerte impronta “devolutiva”. Esto es: desde la Provincia, devolver al municipio lo que ha generado. El objetivo de la reforma del CUD es imprimirle una lógica “redistributiva”, buscando compensar las desigualdades sociales, económicas y de desarrollo. Según fuentes oficiosas de Economía, esto es para garantizar un piso mínimo de servicios en todo el territorio provincial.
Uno de los muchos estudios que se analizan cuestiona el Régimen de Salud del CUD. Motivo: cuantas más prestaciones y complejidad tienen los sistemas sanitarios municipales, mayor puntos de coparticipación obtiene una comuna por el peso que tiene este ítem en la ecuación general. Al revés, los que por sus déficit sociales (mucha población, villas de emergencia, pocas camas, etc.) tienen un débil sistema de salud, recibe menos dinero a pesar de su alta demanda.
Se ha detectado que este mecanismo promueve incentivos para que ciertos municipios puedan inflar los modelos de salud locales basados en la alta complejidad, que automáticamente los lleva a recibir más dinero por coparticipación. Un detalle: son las propias comunas las que envían la información para su procesamiento y posterior determinación del coeficiente. Según la Provincia, esto incluso desvirtúa la esencia de los sistemas locales de salud, que se basan en ser una primera atención a los pacientes para luego derivar los casos a los centros más especializados.
En resumen, lo que buscará Economía será que el ítem salud en el sistema de distribución de fondos empiece a tener menos peso del que tiene actualmente, a favor de criterios nuevos que estarían vinculados a la cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados de cada distrito y a otros índices sociales y tributarios, que no trascendieron.
En criollo: el régimen de salud ya no tendrá esa ponderación del 37%. Será mucho menos.
Suele haber un cruce de argumentos entre los intendentes respecto al CUD. Los del interior dicen que la superficie es un factor importante a la hora de distribuir fondos porque una mayor extensión territorial hace más costosa la provisión de servicios. Los del GBA aseguran que las grandes urbes que administran, densamente pobladas, generan más demanda de servicios aunque estén en superficies más chicas que los municipios del interior. Justamente por eso piden más dinero.
Todo parece indicar que este será el criterio que imperará cuando salga el proyecto que modificará la ley de Coparticipación de la Provincia.
Datos objetivos relacionados con la población envalentonan a los intendentes del Conurbano y muestran porqué se quejan ante las autoridades bonaerenses. Un ejemplo, en base a los datos del Censo 2010 y a las transferencias de fondos realizadas el año pasado desde la Provincia: el municipio de San Martín, con 414.196 habitantes, recibió en todo 2017 la suma de 3.250 pesos por habitante; Pehuajó, con 39.776 pobladores, obtuvo 11.949 pesos por habitante. Eso es como 12 veces más. Hay casos aún más dispares.
“Todo cambio genera resistencia; sabemos que esto debemos sacarlo con el mayor consenso posible”, admiten en el ministerio que conduce Hernán Lacunza, quien le ha prometido a más de un intendente “enmendar” las desigualdades históricas.
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