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Después de cuatro años en los que un presidente porteño, Alberto Fernández, congeló el diálogo con la ciudad donde nació y reside, el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires parecen dispuestos a reescribir esa historia de enfrentamientos. La primer carpeta que los convocará hoy tiene tres capítulos importantes: el traspaso del puerto, la estación de ómnibus de Retiro y las 32 líneas de colectivos que no cruzan la General Paz y el Riachuelo en su recorrido.
Los movimientos para llegar a un acuerdo empezaron con llamados e intercambio de información, incluso desde antes de asumir, pero hoy se pondrá el primer mojón formal con una reunión que convocó el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, su par porteño, Pablo Bereciartúa, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
Fuentes de ambos gobiernos reconocieron a LA NACION que el proceso está encaminado. “Le vamos a pasar ese paquete a la Ciudad”, dijeron desde la administración que conduce el presidente Javier Milei. “¿Lo recibirían?”, se le preguntó a una alta fuente del distrito porteño. “Sí”, contestó seguro.
Empezará ahora una negociación que no será simple ni inmediata. Por un lado, por el tamaño de la cesión, pero, por el otro, por la cuestión regulatoria, ya que muchos de esos activos tienen concesiones y contratos vigentes.
Las líneas de colectivos, seguramente, serán las que menos debate generen. La Ciudad no tiene jurisdicción sobre el transporte de colectivos. Es decir, para cambiar una parada de lugar o desviar un recorrido le debe pedir permiso a Nación. Los colectivos que tocan en alguna parte de su recorrido el territorio porteño o circulan solo por ella forman la llamada Jurisdicción Nacional y están numerados del 1 al 200. De esas líneas, hay 32 que no traspasan los límites que están entre la General Paz y el Riachuelo. Esas pasarían a la administración de Jorge Macri.
La jurisdicción porteña, igualmente, sería ciertamente imperfecta. Sucede que no parece posible que esas líneas tengan un precio de boleto, fijado por la Ciudad, y otras que pasan a la provincia de Buenos Aires, vendan sus pasajes a otro valor. El punto es que muchas de ellas compiten en gran parte de su recorrido con las locales. De ahí que está en análisis, también, la puesta en marcha de la Agencia Metropolitana de Transporte, un ente tripartito con la provincia que jamás funcionó como debía. En Nación y en Ciudad están de acuerdo que debe arrancar de inmediato. Pero más allá de estas cosas, no habría gran debate en este punto.
La estación de ómnibus de Retiro es otra cosa. Allí está Néstor Otero. El hombre fuerte de la estación de colectivos ha visto pasar por la puerta varias administraciones. Desde la época de Carlos Menem, que le concedió la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro en 1993, se sucedieron decenas de funcionarios que alguna vez trataron de revertir ese contrato. Pero todos los timoratos intentos de remover de su reino al “Zar de Retiro”, como le dicen, fracasaron. Efectivo a la hora de negociar con los funcionarios de turno.
Sin contrato de concesión, venció en 2016, se mantiene desde entonces con permisos precarios o prórrogas. Y así explota una de las puertas de ingreso más importante de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora serán otras las administraciones que intenten ir contra el dueño de la concesión. Pero hay otro tema que seguramente será motivo de negociación: el terreno. En las oficinas de Parque Patricios pretenden que la cesión sea no solo de la explotación sino también del terreno también. En Nación, por ahora, nadie ha dicho nada.
El puerto, a la Ciudad
Los planes de la cesión del Puerto de Buenos Aires son, quizá, los más difíciles. Claro que si hay voluntad, las cuestiones se arreglan. Pero regulatoriamente el traspaso es más complejo. Lo primero a definir es el terreno: cuáles serían los lotes que ahora son de jurisdicción nacional pasarían a manos de la Ciudad. En principio, estarían incluidos todos los de la Costanera Norte, donde están las terminales porturarias y las areneras ubicadas frente al Río de la Plata. Además, en esa zona, que continúa hacia Aeroparque, hay varios predios que son depósitos de contenedores que también deberían ser parte de la transferencia.
En los borradores del gobierno porteño hay algunos ítems más. Por caso, consideran que esa sesión debería incluir todos los terrenos ubicados en la parte Sur de la Ciudad, es decir, detrás de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con la Isla Demarchi incluida.
La Ciudad ya tiene avanzada una propuesta para llevar a la mesa. En principio, proyectan la creación de una empresa estatal porteña, al estilo Autopistas Urbanas, a la que se le aportarían todos los activos porturarios recibidos de Nación, además de algunos terrenos que ya son propios. El modelo, por caso, está inspirado en el puerto de Rotterdam, uno de los principales de Europa.
Esa sociedad sería la que podría abrirse a capitales privados, además de concesionar las terminales, actualmente en manos privadas y con contratos vencidos o próximos a vencer. A partir de ahí, cuentan en Parque Patricios, los planes son diversos. En principio, empezar a urbanizar el puerto y proyectar el crecimiento del negocio en algún predio fuera de la Ciudad. Ese es el punto de inspiración de Rotterdam, cuyo consorcio estatal desarrolló otro puerto a 200 kilómetros para complementar la operación local. Algo así pretende la administración porteña. Es decir, mantener el movimiento actual, urbanizarlo y, finalmente, expandirse fuera de los límites.
Finalmente, habrá otros temas. Además de la Agencia Metropolitana de Transporte, el gobierno porteño pondrá sobre la mesa la jurisdicción sobre los servicios, al menos, la electricidad y el agua. Entre las carpetas del gobierno de Macri hay varios proyectos de electromovilidad, un tema central y muy avanzado en las grandes ciudades en el que la Argentina recién garabatea los primeros palotes. Muchas cosas necesarias, como por ejemplo la instalación de líneas especiales para cargar la batería de un auto en una cochera, sea propia o alquilada, dependen de regulaciones.
Tampoco es posible que los domicilios instalen medidores inteligentes, que midan la potencia y no solo el consumo, o bidireccionales, que permiten que los domicilios que generen energía solar la vendan a la red, sin golpear las puertas de regulación o los permisos de la Nación. Por eso ahora, que está en juego una cesión de terrenos pero también de obligaciones, la Ciudad tenga esas facultades.
El agua es otro tema que recorrerá la mesa. Actualmente la Ciudad tiene entre el 20% y el 25% del total del agua despachada medida. Y la idea sería avanzar en un sistema que genere ahorro de agua distinto a las pequeñas campañas de racionalización que realiza Aysa.
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