El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que recortará "inmediatamente" partidas presupuestarias si los diputados no acompañan el proyecto de Ley Ómnibus. "Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias", amenazó. Estimaciones privadas mostraron que el recorte ya comenzó en enero, con números que hablan de una caída real del 70% para fin de mes, similar a la que se proyecta para el total del año. Obra pública, salud y desarrollo territorial sufrirán el ajuste.

"Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", expresó Caputo en su cuenta de X, ex Twitter. Poco antes, había reiterado que "el déficit cero no se negocia" y advirtió que el ajuste, principalmente a las provincias, se incrementará "si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley".

Desde Politikón aclararon que el ajuste del ministro de Economía ya comenzó. "Entre el 1 y el 22 de enero, las transferencias no automáticas a provincias totalizan apenas $60 millones (todas afectadas a programas educativos) cuando en enero 2023 el total de envíos fue por $37.600 millones. Es decir, a hoy, la caída de los fondos es del 99%", explicó Pegoraro, que aclaró que espera que en lo que resta de mes el gobierno pague, por ejemplo, el FONID, "por lo que esos $60 millones finalizarán siendo bastante más, pero no es exagerado pensar en una caída real del 70% aproximadamente", concluyó.

Según el director de Politikón, Alejandro Pegoraro, el ajuste "podría llegar a alcanzar a casi el 75% de los fondos que se transfirieron en 2023, empezando por aquellos ligados a la obra pública, asistencias a programas de salud y desarrollo habitacional". En este sentido, remarcó que "más importante aún sería el recorte de partidas de asistencia financiera a provincias como podrían ser los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y Asistencia a Provincias" no reembolsables.

Estos dos fondos son de libre disponibilidad y tienden a ser ayudas financieras para los desequilibrios de las cajas provinciales. En diciembre se registraron ATN por $128.525 millones, un crecimiento del 310,3% real contra 2022; mientras que las asistencias a las provincias sumaron $46.336 millones, con una caída interanual del 4,3%. Entre ambas totalizaron un 47% de las transferencias no automáticas del Estado nacional en diciembre, que sumaron $372.793 millones.

Otros posibles blancos del recorte del Palacio de Hacienda son el FONID y Transferencias para las Cajas Previsionales provinciales, ya que entre ambas suman el 27% de lo transferido en diciembre. "A priori, podrían quedar garantizados, ya que detrás de esos fondos hay leyes que deberían ser renegociadas; pero aun garantizando eso, podría darse un recorte en términos reales por falta de actualización según inflación", opinó Pegoraro.

Una situación similar ocurre con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que en diciembre recibió $29.027 millones. Se trata de un fondo que recibió la administración de Axel Kiciloff como una suerte de compensación dada en 2020 tras el recorte de alícuota de coparticipación a la CABA. "Si bien nace con una ley, el gobierno de Milei podía derogarla y dejar a la provincia sin esos fondos", opinaron desde la consultora.

Días atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que el BCRA limitará la capacidad de financiamiento a los gobernadores por parte de los bancos provinciales al no renovar la Comunicación "A" 6816, que fija el cupo de crédito que esas entidades pueden dar al sector público, y que vence este 31 de enero.