En la última semana los asesinatos de las bandas criminales que infectan la ciudad de Rosario desafiaron de una manera explícita la autoridad del Estado. En primer lugar, del estado provincial, de Santa Fe.

No se trataba, esta vez, de episodios de la guerra entre pandillas por el dominio de territorios, ni eran ejecuciones o atentados ligados a extorsiones o robos, ni ataques punitivos contra figuras determinadas, que se reiteran en la ciudad santafesina desde hace años. En los hechos de estos días -homicidios de ciudadanos comunes, trabajadores, “inocentes”, como los caracterizan los propios asesinos- hay una voluntad indisimulada de perturbar el orden político sembrando el pánico en la sociedad. Si hasta ahora podía parecer exagerado definir a estos delincuentes como narcoterroristas, con sus últimas acciones y mensajes ellos mismos despejan las dudas.

TODOS SOMOS SANTA FE

Probablemente el efecto político más notable promovido por el ataque ha sido la declaración conjunta de todos los gobernadores del país (más el jefe de gobierno porteño) en “acompañamiento al Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe”. Ya el hecho de que todos los mandatarios provinciales sin excepción hayan reaccionado velozmente y hayan coincidido en un texto es un acontecimiento, especialmente porque no se trata de un texto incidental o una declaración de circunstancias, sino que contiene varias definiciones fuertes.

El primer párrafo se diferencia de la postura del presidente Milei, que había caracterizado el ataque contra Rosario como “un problema que debe resolver la provincia” y en el que el Estado central “dará una ayuda”. Los gobernadores señalan, en cambio, que “el narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos. En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones”.

En ese párrafo, los gobernadores al tiempo que explican el porqué de su propio involucramiento, subrayan que es el Estado federal el que debe asumir una responsabilidad central: no puede desentenderse de problemas de todos convirtiéndolos en problemas de cada uno.

“La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”, subrayan los gobernadores, que manifiestan la “firme decisión de cooperar activamente con Santa Fe en esta emergencia. Todos somos Santa Fe”.

Dos semanas atrás, cuando Chubut recibió el sacudón del recorte de una parte sustancial de la coparticipación, los gobernadores ya habían reaccionado en conjunto. Allí podrían haber dicho “todos somos Chubut”. En esos días se forjó el foro de whatsapp “23 gobernadores y un jefe de gobierno” en el que todos vuelcan ideas e impresiones, calibran reacciones en común o, cuando estas se tornan difíciles, elaboran alguna distribución de papeles que no ponga en riesgo el nivel de diálogo alcanzado. De este modo, los gobernadores (como conjunto) se van transformando en un factor de equilibrio en la ecuación de poder y, por esa vía, un puntal de la gobernabilidad.

SE APRENDE A PEDIR AYUDA

El Poder Ejecutivo empieza a descubrir ese rol de los mandatarios provinciales. Ya procuró contenerlos con la sorpresiva convocatoria al Pacto de Mayo, aunque su primer reflejo fue más bien imponer que negociar. Esta semana, en cambio, tuvo que pedir ayuda (a través de mediadores, por supuesto: el ministro de Interior y el jefe de Gabinete) para evitar que los diputados sancionaran una actualización previsional incómoda para el ministro de Economía y también para tratar de que el Senado no rechazara el DNU 70/23 que, cuando se habilitó su tratamiento en la Cámara Alta, disparó una ruidosa crisis entre Javier Milei y la vicepresidente, Victoria Villarruel. Se le imputaba a ella haber cedido a la presión de sus amigos en el Senado al incorporar la discusión del DNU al orden del día.

Los trolls que responden al Presidente atacaron con ferocidad a la vice en las redes, donde alguno sugirió “colgarla en Plaza de Mayo” si el Senado votaba negativamente el decreto. Presidencia emitió un virulento comunicado en el que expresó “su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política. Tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo".

Básicamente, los argumentos esgrimidos por los enviados de Milei ante los gobernadores para pedirles que influyeran sobre los legisladores que les responden, consistieron en amenazar con un descarrilamiento de las conversaciones que conducen al Pacto de Mayo. El centro de esa negociación es de orden fiscal: la mayoría de las provincias necesita recuperar recursos que el gobierno de Milei ha recortado y que se reactiven obras (que suponen mejoras materiales, puestos de trabajo y recursos impositivos) que han quedado paralizadas por decisión del poder central.

Para los gobernadores, que el Presidente haya pedido ayuda ya es un buen signo. Ellos no quieren derrotarlo vergonzosamente, sino sofrenar el ánimo autoritario y mejorar el producto de las negociaciones, orientando el futuro pacto a un objetivo en el que el equilibrio fiscal se compagine con el desarrollo y la tranquilidad social. Así, la inducción de los gobernadores contribuyó a que el miércoles no se alcanzara el quorum para tratar la nueva fórmula previsional (129 legisladores). El tema se debatirá, de todos modos, cuando se trate la “ley ómnibus encogida” que el gobierno ya envió a Diputados. Más trabajo para los enviados de Milei.

En cambio, ayer jueves los senadores sí consiguieron el quorum para tratar el DNU (aunque varios gobernadores, el de Córdoba, por ejemplo) aceptaron dar una mano al gobierno a través de los senadores de su sector. La vicepresidente Villarruel condujo con sobriedad el debate. El gobierno recibió entonces su segunda derrota legislativa, después de tener que retirar la primera ley ómnibus. Aunque contó con el apoyo de la llamada oposición amigable, el oficialismo no pudo evitar que se sumaran al numeroso bloque de Unión por la Patria sectores independientes y fragmentos de otros bloques que acumularon 42 votos en contra del DNU.

Ahora se vuelve más importante aun lo que pase en Diputados, ya que el DNU sigue con vida si no es rechazado por las dos cámaras. Milei, que ayer, tras la derrota, volvía a su frenética actividad en las redes, deberá apaciguarse y negociar con amplitud con los mandatarios de provincias. La perspectiva de un verdadero pacto constructivo sigue viva.

COMO PELEAR CONTRA EL NARCOTERRORISMO

Convertidos en polo de referencia para el equilibrio político, los gobernadores impulsan una convergencia con el Poder Ejecutivo. Han coincidido ahora en la definición de los ataques a Rosario como obra de terrorismo y con “las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad como la persecución penal”.

En ese marco, desde el Ejecutivo y desde algunas otras instancias se ha planteado que el Ejército debe participar en la lucha contra el narco. No es una idea novedosa: suele emerger cuando la situación se caldea.

Pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su colega de Defensa, Luis Petri, han podido comprobar que en el Ejército existe una fuerte reticencia a actuar en ese escenario. Un año atrás, cuando los delincuentes atacaron en Rosario un comercio de la familia política de Leo Messi, el tema tuvo otro momento de auge y los pedidos de intervención de fuerzas federales, incluidas las Fuerzas Armadas, cundieron. Incluso el entonces presidente Alberto Fernández se hizo eco de esa posibilidad. El general Juan Martín Paleo, que ocupaba en ese momento la Jefatura del Estado Mayor Conjunto explicó cuáles eran los obstáculos para que eso pudiera ocurrir. “Primero debe mediar una decisión política de que los militares hagamos tareas de seguridad -señaló-. Luego se debe adecuar el marco jurídico que corresponda.

Cumplidas esas dos cuestiones, hay que organizar, equipar e instruir al personal militar que tenga intervención”. Paleo señaló que “hoy las Fuerzas Armadas no están preparadas para cumplir tareas en materia de seguridad en las calles, ni en la lucha contra el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas tienen un nivel de letalidad en su accionar, que es muy superior al de las fuerzas de Seguridad. Por lo tanto, no están organizadas, equipadas ni instruidas para trabajar en las calles en operaciones de seguridad. Los militares tenemos otro rol. No estamos preparados para cumplir órdenes de la Justicia que actúa en cuestiones de seguridad. Nuestra preparación es para enfrentar a otra fuerza estatal externa”.

MARCO JURIDICO

En cuanto al “marco jurídico” al que se refería Paleo, el texto de la Ley de Defensa Nacional, aprobada en 1988 (gobierno de Raúl Alfonsín), afirma en su artículo 2 que “la Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”.

Hace exactamente un año, en este espacio comentábamos que “si se admite que las redes del narcotráfico son configuraciones transnacionales que agreden al país y disputan al Estado el control efectivo de espacios, no hay en el texto de la ley límites para el uso de las fuerzas militares ante esa presencia. En rigor, ese límite fue incorporado a través del decreto reglamentario (727/2006, presidencia de Néstor Kirchner, ministra de Defensa Nilda Garré); ese decreto dispuso que el sistema de Defensa “debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado (…), dejando fuera de la órbita del mismo, ya sea en sus aspectos doctrinario, de planeamiento y adiestramiento, así como también de producción de inteligencia, toda cuestión que haga y/o refiera a la seguridad interior”.

Se trata de un decreto reglamentario. Puede modificarse con otro decreto. Ese es el aspecto referido a la voluntad política.

Es razonable que en las fuerzas militares haya cierta reticencia mientras la política no actúe con claridad, no cumpla los prerrequisitos para legalizar la misión que entretanto invoca o reclama: la actividad requiere la corrección normativa y, además, instrumentos militares, organización y adiestramiento específicos.

Muchas veces, en base a los argumentos que inspiraron aquel decreto firmado por Nilda Garré, se ha señalado que las Fuerzas Armadas no deben combatir las redes del narcotráfico por tratarse de cuestiones de seguridad interna.

La globalización disuelve los conceptos de “afuera” y “adentro”: las organizaciones del delito transnacional no son ejércitos que se congregan en las fronteras para lanzar desde allí alguna ofensiva, tampoco son estados, aunque a menudo están asociadas a alguno (y suelen ser más fuertes que muchos); actúan en redes transnacionales para las que las fronteras son un leve obstáculo; se filtran a través de ellas como la peste.

Al igual que en otras materias, Argentina (sus instituciones, sus partidos, sus fuerzas sociales) debe responder las preguntas que plantea el presente y su proyección a mediano y largo plazo. En este caso, ¿qué fuerzas armadas y de seguridad necesita, con qué tareas, en el marco de qué Estado, con cuál papel en la región y en el mundo?

Estos asuntos, que implican decisiones estratégicas, necesitan una Argentina en la que la lógica de la unidad prevalezca sobre la división y el conflicto.

Es un tema vital para incorporar a la agenda de los Pactos de Mayo.