La Procuración General brasileña advirtió ayer a su par de la Argentina, a cargo de Alejandra Gils Carbó, que los datos sobre los receptores de las coimas en el país que aportaron a la Justicia los directivos arrepentidos de Odebrecht y que deberían comenzar a llegar a partir del próximo jueves no podrán ser revelados públicamente. La noticia cayó mal en el Poder Ejecutivo, que apuesta a que se conozcan datos que involucren a ex funcionarios kirchneristas en cuanto la información comience a llegar al país.

Por eso, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, sugirió que podría apelarse "a otros instrumentos" para dar a conocer esos datos. En ese marco, Peña propuso recurrir a la comisión bicameral de Seguimiento del Ministerio Público o a la Oficina Anticorrupción para que "no quede encapsulada esa información" y se puedan "conocer los nombres de quienes cobraron las coimas". El funcionario propuso esa vía porque, a su juicio, Gils Carbó "ha tenido una actitud muy pasiva" que consideró atribuible "a sus vínculos con el kirchnerismo".

Sin embargo, en la nota recibida del ministerio público de Brasil, el fiscal general brasileño Rodrigo Janot Monteiro de Barros le advirtió a Gils Carbó que "no habrá difusión pública" del contenido de sus envíos y reclamó que "se mantenga el secreto con respecto a todas esas pruebas cuando se refieran a hechos ocurridos fuera de Brasil". También dijo que "existe la posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal suspenda la confidencialidad de las declaraciones", pero que él mismo hizo "una solicitud formal y expresa para que se mantenga el secreto".

"No habrá difusión pública del contenido de esa parte de la colaboración y, consecuentemente, se evitarán eventuales perjuicios a la investigación que actualmente se realiza sobre el tema en el Ministerio Público dirigido por usted", refiere la comunicación enviada a la jefa de los fiscales argentinos.

En paralelo, en una presentación en Tribunales ante el fiscal federal Federico Delgado, quien lleva adelante dos de las tres investigaciones sobre Odebrecht en el país, la diputada Elisa Carrió reclamó que "se tomen las medidas necesarias para garantizar que la información se remita a los jueces y fiscales a cargo de las causas en trámite y no queden solo en manos de las autoridades de la Procuración General de la Nación". La diputada dijo tener "fundados temores" en que Gils Carbó "intente encubrir o desviar las investigaciones abiertas".

Con los datos en su poder, la Procuración derivará a cada fiscal, bajo secreto de sumario, los nombres que aportará Brasil a partir del próximo jueves, aunque fuentes brasileñas indican que es tal la maraña de información que los envíos podrían dilatarse.

Fiscal pidió cruzar llamadas

El fiscal Franco Picardi amplió ayer la investigación por supuesto pago de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento y pidió 17 medidas de prueba sobre ex funcionarios del Ministerio de Planificación de la Nación, directivos locales de Odebrecht y de Iecsa.

En un dictamen presentado al juez Marcelo Martínez De Giorgi, Picardi pidió que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y directivos de Odebrecht, Ghella, Iecsa y Comsa.