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El juez federal Claudio Bonadío ordenó allanar la sede central del Pami en el marco de una causa por los préstamos de esa entidad oficial al Tesoro de la Nación.
Fuentes judiciales confirmaron que se procedió a retirar documentación, en el marco de un expediente que se inició por una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, quien cuestionó que el organismo no puede hacerle concesiones al Gobierno.
Hace una semanas atrás, la diputada Graciela Ocaña declaró como testigo ante el juez Bonadío y explicó cómo el Pami le hizo una serie de préstamos al Estado mientras “baja el nivel de prestación de sus servicios a los jubilados, lo que viola la ley”.
De esta manera, se complica en la Justicia el panorama para la obra social de los jubilados.
Se van juntando
En paralelo, avanza otra causa. En este caso, a cargo del juez Sergio Torres, donde la cúpula del Pami fue también denunciada por manejos económicos irregulares en los últimos años.
Precisamente en ese otro expediente, anteayer, la Cámara Federal revocó los sobreseimientos del titular de Pami, Luciano Di Cesare, y su segundo, Mariano Cardelli, que había dictado Torres, y le ordenó a este magistrado que dispusiera medidas para investigar las contrataciones de unos 6.000 empleados, viajes al exterior y la asignación de sueldos altos que, según la denuncia, no estarían justificados.
Según publicó La Nación, también exigió averiguar si existieron irregularidades en la ejecución del programa Hospitales del Bicentenario, lanzado en 2008.
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