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El legislador porteño Roberto Quattromano (Pro) presentó un proyecto de ley para que se establezca la clausura, en forma definitiva, de aquellos locales que comercialicen bebidas alcohólicas sin estar habilitados para tal fin.
El expediente se encuentra en la Comisión de Justicia e indica que el responsable de un establecimiento en el que se vendan bebidas alcohólicas- y no cuente con el registro correspondiente- será sancionado con una multa que oscilará por encima de los $400 mil pesos y además, sufrirá el decomiso de la mercadería y su inhabilitación.
“Como ya no alcanza solo con tener el permiso para vender bebidas alcohólicas, la iniciativa también prevé la clausura de los comercios que no se encuentren debidamente registrados para tal venta. Nosotros legislamos para proteger a los ciudadanos y no el negocio de unos vivos”, aseguró Quattromano.
El diputado sostuvo que “evidentemente, la sanción económica que propone la legislación actual en muchos casos no alcanza para evitar este tipo de infracciones, porque a pesar de que los dueños de los comercios tengan conocimiento de la misma, reinciden en la ilegalidad con tal de percibir una ganancia mayor, sin importarles el daño que provocan en la sociedad en general y en los jóvenes en particular”.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina es el segundo país de Latinoamérica que más alcohol consume, con una ingesta per cápita de 9,3 litros. Además, un estudio del Ministerio de Salud de la Nación reveló que del 2001 al 2011 se duplicó el consumo de alcohol entre los jóvenes. Los especialistas indican que es la sustancia que mayor daño provoca en el cuerpo, generando un incremento de la violencia y una disminución en los reflejos, la memoria y la capacidad de conducir.
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