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Un mes después del asesinato de Marcela Díaz en la puerta de su humilde casa en el Núcleo Habitacional Transitorio, su familia vive con miedo. El menor que asesinó a la denunciante de narcos, policías y punteros de Ciudad Oculta, seguía libre deambulando por los pasillos del barrio.
Según comentan sus vecinos, “la madre tiene relación con la Federal y están metidos en la venta de drogas”. La supuesta bala perdida no habría sido tal y la fiscal que se hizo cargo de la investigación descree que el hecho haya sido casual. Según la versión oficial, “Ompi” –menor de 15 años con antecedentes en hurtos y vinculado con el asesinato de un miembro de la policía metropolitana, se había enfrentado con “Toto” por un vuelto de un robo. Pero, según la investigación que habría cerrado rápidamente la fiscal Alejandra Gils Carbó, Marcela Díaz quedó en medio de la pelea y recibió un certero disparo asesino en su cabeza. Increíblemente, el agresor del menor salió ileso, aunque en un primer momento, según la ex fiscal del caso, había sido rozado por otro disparo.
“Ompi” siguió como si nada. A la semana siguiente del hecho, las cámaras de La Cornisa, programa conducido por Luis Majul, registró el momento en que amigos del agresor pasaban por la puerta de la casa de “Pato” Contreras, pareja de Díaz, riéndose de la desgracia ajena. La justicia no actuó pues explicaban que no podían allanar la casa del menor sin pruebas. No se realizó una investigación balística y los móviles de televisión se alejaron cuando un titular de un importante diario aseguró que el asesino había sido detenido y que tenía 40 años de edad. Se sospecha que la versión falaz de los hechos habría sido difundida desde la Policía Federal. El 25 de julio revista Noticias publicó titulada “El precio de no callar” en la que relataba cómo había conocido a Marcela Díaz y la importancia de sus denuncias. El lunes siguiente, a primera hora, la fiscal Gils Carbó me llamó enfurecida por la utilización del vocablo “rápidamente” ya que, efectivamente, creo que deslindó apresuradamente vinculaciones entre el asesino y las fuerzas de seguridad. “Investigue usted y resuelva el caso si sabe tanto” me gritó la tía de la Procuradora General de la Nación antes de cortar la comunicación. Ompi seguía libre.
Balas que pican cerca. El jueves 6 de agosto, el supuesto asesino de Marcela Díaz salió a robar junto con Abraham Severo González (32), Matías Ezequiel Salgado –supuesto cuñado de Ompi- y otra persona no identificada. Secuestraron a Miguel Ángel Aguada cuando estaba por ingresar a su domicilio, en el barrio de Villa Luro, casualmente a seis cuadras de mi domicilio. Lo llevaron a recorrer cajeros automáticos pero un efectivo de la Federal sospechó de los movimientos del auto Peugeot 307 negro, el remise con el que la banda solía salir a robar. Casualmente, amigos de Díaz recuerdan que Marcela le comentaba a su remisero su drama personal y sus temores. Se trata de la misma remisería de Ompi y su banda: Las Tiras. Por lo tanto, el asesino de la denunciante sabía de sus denuncias y su enfrentamiento con la comisaría 48. Es más, antes del triste desenlace, un efectivo de esa jurisdicción le disparó un tiro a su perro para amedrentar a la mujer.
Dialogó con el nuevo agresor de Ompi que aún está en estado de shock. Salvó su vida milagrosamente y quedó envuelto en una balacera de 50 disparos entre los secuestradores ocasionales con efectivos de la comisaría 44. El conductor del Peugeot negro chocó contra un BMW en Lope de Vega y Morón, esquina en la que se ubica una casa de fotografías en la que suelo revelar las fotos familiares. El agresor fue herido de bala en su pierna. Las autoridades secuestraron cuatro armas de fuego: una pistola Browning, otra pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, una pistola Bersa Thunder Pro con el cargador ya vacío y otra pistola Browning. La bala que mató a Marcela Díaz también tenía la numeración suprimida. Los peritos levantaron 50 vainas.
Por esa causa se activó la investigación sobre el asesinato de Díaz. La jueza porteña de menores, Julia Marano Sanchís, caratuló el episodio como “robo, asalto a mano armada, privación ilegítima de la libertad, disparo de arma de fuego y lesiones”. Los testigos del asesinato, ocurrido un mes atrás, no quisieron declarar. El supuesto agresor de Ompi, “Toto” vendió su casa y se fue del barrio. La custodia de la Gendarmería Nacional que le adjudicaron a la hermana de Marcela Díaz, este fin de semana no estuvo presente en su casa. Aún nadie sabe quiénes dispararon al aire, la semana pasada, para amedrentar a los vecinos, amigos y familiares de Díaz. Gils Carbó, antes de dejar la investigación, nombró a Cristina Díaz, hermana de la denunciante asesinada, como testigo del hecho y la expuso a represalias. Cristina no fue protegida como supuesto “testigo de identidad reservada”.
Pero ella no había sido testigo presencial del hecho sino que relató los dichos de las personas que sí presenciaron el hecho. La comisaría 48 nunca quiso hacerse cargo del hecho e inventaron que Marcela había fallecido camino al hospital Santojanni. La comisaría 42 respondió a este medio que debía hacerse cargo la 48. Los vecinos del barrio presentaron un pedido formal con más de 300 firmas ante las autoridades solicitando la presencia urgente de Gendarmería. No han tenido respuesta. Una vez más, el Estado pareció proteger a las personas equivocadas. A un mes de la increíble muerte de Marcela Díaz, la familia busca paz y justicia. Parece un imposible, en el país de la impunidad.
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