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El Gobierno nacional creó la oficina nacional de Contrataciones, dependiente de la secretaría de Modernización Administrativa, en el ámbito de la jefatura de Gabinete. El órgano tendrá nivel de subsecretaría y regulará el sistema de contrataciones de obra pública y concesiones del Estado. La medida, fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial, por decreto 1169/2018.
De esta manera, el Gobierno de Mauricio Macri determinó que las contrataciones de obra pública y concesiones cuya ejecución se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 1336 del 29 de diciembre de 2016, el cual regula el sistema Contrat.ar, deberán ser incorporadas al sistema electrónico aprobado por dicho decreto, para el seguimiento de su ejecución.
Asimismo, según la medida que cuenta con la firma del Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, el ministerio de Hacienda verificará el cumplimiento de lo establecido en el decreto comunicado hoy, de lo previo a la autorización de pagos que correspondan en el marco de dichas contrataciones.
En tanto, el órgano rector y el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, deberán arbitrar, los mecanismos para la implementación progresiva del sistema de gestión electrónica Contrat.ar, para la contratación y seguimiento de ejecución de las obras financiadas total o parcialmente con fondos del Tesoro Nacional que ejecuten las provincias y los municipios.
Según la normativa, en los procedimientos de contrataciones, deberá desestimarse la oferta, cuando “existan indicios que hicieran presumir que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional”. Además, se trate de integrantes de empresas no habilitadas o se presuma que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección.
En este sentido, la nueva secretaría que funcionará en la órbita de Marcos Peña, no seguirá adelante con la evaluación de ofertas cuando se trate de personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción
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