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Mauricio Macri le anticipó a los líderes parlamentarios de Cambiemos que el 1 de marzo abrirá las sesiones ordinarias con la promesa de tratar el demorado Código Penal de la Nación, una actualización del redactado hace casi un siglo y reformado por más de 900 leyes.
Pero no les aclaró cómo afrontará un asunto capaz de volver a sacudir el Congreso ni bien se inicie el debate: las penas por detener un embarazo, que el proyecto reduce con un texto que no conforma ni a verdes ni a celestes, como se identifican a los grupos promotores y detractores del aborto legal, representados por legisladores de diferentes fuerzas políticas.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), frustrada en agosto por el Senado, iba a ser un nuevo remiendo del centenario Código para habilitar y regular el aborto hasta la semana 14 de gestación, una práctica penada con hasta cuatro años de cárcel.
Como tantas veces, el Gobierno trabajó con agenda superpuesta: mientras el Congreso discutía en audiencias públicas las ventajas y desventajas de la IVE, en el Ministerio de Justicia escribía su propia legislación sobre el tema la Comisión para la elaboración del nuevo Código Penal, creada por decreto presidencial y presidida por el camarista Mariano Borinsky.
La versión final mantiene la interrupción del embarazo como un delito pero con penas más laxas. Castiga a las mujeres con un máximo de 3 años de prisión para que sea excarcelable y contempla varias excepciones.
El anteproyecto de Código Penal reduce las penas a las mujeres por abortar. Los celestes llegaron a considerarlo, pero ahora lo rechazan, con una fuerte presión de la iglesias evangélicas.
Una es que no sería punible "la tentativa de la mujer embarazada de causar su propio aborto" y el juez podría dejar en suspenso la pena o eximirla "teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad".
Cuando la ley de IVE fue aprobada en Diputados el texto sonaba a poco y nada entre los verdes y los celestes, golpeados por una derrota inesperada, llegaron a considerarlo para negociar en el Senado.
Lo evaluaron los líderes del Episcopado y lo discutieron intramuros los senadores de mejor llegada a los obispos, como Federico Pinedo, Esteban Bullrich y la radical Silvia Elías de Pérez. Coincidían en que casi no hay mujeres presas por abortar y sosteniendo las penas a los médicos la práctica seguiría restringida.
En plan fue quedando en el olvido a medida que la ley iba perdiendo adeptos en el Senado y con su victoria del 8 de agosto la militancia celeste, un colectivo donde pesa cada vez más la ascendente iglesia evangélica, tomó fuerza y fue por más.
Rechazaron cualquier clase de despenalización y salieron a las calles a repudiar el aborto en los casos en que ya es legal como violación, riesgo de vida o demencia de la mujer, ratificados por la Corte Suprema en 2012.
Hubo manifestaciones en hospitales porteños y en Tucumán un grupo de legisladores provinciales promueve una ley para ignorar el fallo del máximo tribunal.
El anteproyecto del nuevo Código Penal, justamente, simplifica la redacción del antiguo y confuso texto para reafirmar el derecho a abortar ante esas situaciones y alimenta una grieta que el Gobierno intenta enterrar, pero no sabe bien cómo.
De hecho, Borinsky iba a presentar el proyecto el 21 de agosto, pero Macri postergó el anuncio por temor a volver a dividir el Congreso, aún con las heridas frescas.
El ministro de Educación, Alejandro Finochiaro, solicitó congelar la ley de educación sexual integral para evitar cruces similares y posibles fracturas en los bloques de Cambiemos, en plena discusión del presupuesto.
Pero en 2019 nada indica que pueda haber consenso entre estos grupos, cuyos referentes civiles cada vez disimulan menos sus simpatías geopolíticas y amenazan con indagar las de sus enemigos. Una obsesión de los verdes es descubrir, con detalle, si las iglesias evangélicas reciben fondos del extranjero.
En marzo, la "Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito", un colectivo de ONGs que peregrina por el Congreso hace 15 años e integran entidades locales y otras del exterior, volverá a presentar en proyecto para interrumpir el embarazo sin penalidades, cómo en cada inicio del calendario parlamentario.
Si bien los legisladores no creen que pueda reiniciarse el debate en un año electoral, si Macri envía el Código Penal se colará por la ventana y con un final incierto, porque quien consiga una mayoría aprovechará a ir por todo.
Preparados, los diputados celestes ya anticipan su coartada: recordar que en 2016 se penaron con 4 años de prisión a los organizadores de carreras de galgos, para que no eviten la prisión. Argumento débil para "Las sororas", aquellas diputadas que golpearon las puertas de los despachos hasta conseguir la ley de IVE en junio y en esas charlas solían apelar a "lo absurdo" de penalizar a la mujer.
Sería el reinicio del eterno dilema sobre si el embrión es vida humana y requiere protección legal, una disputa transversal que pareciera convertirse en un choque de valores y enturbiará la discusión del nuevo y voluminoso Código Penal, que sólo en su borrador tiene 540 artículos y consolida reformas aprobadas desde la llegada de Macri, como la ley del arrepentido.
También impulsa otras que no tuvieron consenso parlamentario, como la de extinción de dominio, que habilita a expropiar bienes originados por hechos delictivos como el narcotráfico y la corrupción. Unidos, en el Senado el PJ y el kirchnerismo suavizaron el proyecto porque lo consideraban falto de garantías constitucionales, el Gobierno apeló a sus campañas de trolls para acusarlos de proteger a los corruptos, pero luego los diputados radicales lo cajonearon y nunca se sancionó.
Son temas que les interesan a Macri para promover su línea de mano dura ante su núcleo fuerte de votantes y el nuevo Código es su gran oportunidad. También prevé aumentos de penas por narcotráfico o tráfico de inmigrantes ilegales e impide la libertad condicional para los reincidentes.
Pero la polémica por el aborto podría diluir esos asuntos, mientras Macri no marque una posición clara como lo hace su colega brasileño Jair Bolsonaro, expreso aliado de la iglesia católica y la evangélica. La campaña electoral no es el momento más cómodo para tomar postura en temas tan sensibles. Y tal vez sea mejor cerrar los recintos para evitar ruidos molestos.
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