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La Legislatura debate la cobertura de cargos en la Justicia porteña

24-04

La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control comenzó el tratamiento de vacantes en el Tribunal Superior y la fiscalía general del Ministerio Público.

Legisladores que integran la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legistura de la Ciudad comenzaron el análisis de las propuestas elevadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial local.

Dos propuestas al Tribunal Superior de Justicia

Los legisladores iniciaron el tratamiento de las propuestas de designaciones de Marcela Vivian De Langhe y del Dr. Santiago Otamendi como miembros del Tribunal Superior de Justicia en atención a las vacantes existentes en el mismo, conforme la facultad que le confiere al Poder Ejecutivo el inciso 5 del artículo 104 de la Constitución porteña.

Siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto N° 381/12, se procedió a dar publicidad de los antecedentes curriculares de ambos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web del Ejecutivo, así como también en dos matutinos de esta ciudad el 26 y 27 de marzo pasado.

El acuerdo entre Ciudad y Nación fue clave para definir los dos lugares vacantes en el Tribunal Superior de Justicia
El objeto del Decreto -según manifiesta el Mensaje remitido al Cuerpo Parlamentario el martes 16 del corriente mes- “es arbitrar un proceso de consulta dentro del ámbito de este Poder Ejecutivo, que sin pretender ser sustitutivo o complementario del previsto en el ámbito de la Legislatura, permita recibir opiniones de parte de los ciudadanos sobre las personas propuestas. Ese procedimiento de consulta persigue generar un ámbito de participación que coopere en la toma de decisión, a la vez que permite que los antecedentes de la persona en consideración sean de público conocimiento por parte de la ciudadanía, invitándola a que aporte sus opiniones, argumentos, apoyos u objeciones respecto de la persona en cuestión”.

Marcela Vivian De Langhe, es abogada por la Universidad de Buenos Aires -UBA, 1987, especialista en Politicas Públicas en Seguridad y en Derecho Penal, por la UBA, en 2013 y 1992 respectivamente; cursó posgrados internacionales en Italia, EUA y España y se encuentra Doctorando en Derecho Penal y Ciencias Penales, por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador -USAL, constando entre sus antecedentes el ejercicio de magistraturas de alto nivel e importancia, “que significarán un aporte profesional de gran envergadura y honor conforme lo merece el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Ciudad”. Por otra parte, desde 2003 es Jueza en la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Y previamente, fue Jueza de Garantías del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. En los fundamentos se destaca que la propuesta de la Dra. De Langhe recibió 524 adhesiones y ninguna impugnación.

En tanto, Santiago Otamendi, es abogado por la Pontificia Universidad Católica Argentina -UCA, 1990, cuenta con un curso de Posgrado en Actualización en Derecho Penal en la misma casa de altos estudios, 1999; y ha completado el Programa Ejecutivo en Administración y Modernización Judicial de la Universidad Carlos III de Madrid – España, Fundación Carolina de Argentina y Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires – UBA, 2006, constando entre sus antecedentes profesionales el ejercicio de la magistratura y de la docencia universitaria.

Ha sido Juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad a cargo del Juzgado N° 27 desde el 1 de diciembre de 2005, encontrándose actualmente en uso de licencia dado que a partir del 10 de diciembre de 2015 fue designado Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por Decreto N° 60/2015. A la vez, se desempeñó como presidente, vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- y miembro del Comité Ejecutivo “Steering Group” desde el 1 de julio de 2018 hasta la actualidad. Además, fue Secretario General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (2012-2014) y Consejero en el Consejo de la Magistratura porteño (2010 al 2012). Por otra parte, asesoró a la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación como asistente al coordinador del Programa Integral de Reforma Judicial (2000) y como Secretario Alterno de la Comisión de Ejecución de la Mesa de Concertación de la Justicia del Diálogo Argentino (2002). La propuesta del Dr. Otamendi recibió 534 adhesiones y dos impugnaciones.

Vacante en el Ministerio Público Fiscal

La Junta de Ética inició también la consideración de la propuesta de designación del Dr. Juan Bautista Mahiques como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en atención a que el cargo se encuentra vacante.

Mahiques, es abogado por la UBA (2008), y Magister en Administración de Justicia por la Universitá Degli Studi Di Roma Unitelma Sapienza (2018), constando entre sus antecedentes personales el ejercicio de cargos de alto nivel. Se desempeña como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, designado por Decreto PEN 63/15.

A su vez, es Consejero representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, y miembro suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, vicepresidente segundo de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica y representante del Consejo de la Nación ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Previo al ejercicio de esas responsabilidades se desempeñó como Secretario Letrado del Consejo de la Magistratura de la Nación, Secretario del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación y Secretario del Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 (2010 a 2014), habiendo ingresado en el Poder Judicial en el año 2004. Fue docente en la materia Derecho Penal en la UBA y la UCA. Su propuesta recibió 506 adhesiones y una impugnación.

La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control es presidida desde el 27 de febrero de 2018 por el diputado Eduardo Antonio Santamarina (VJ), su vicepresidente es Javier Andrade (UC) y vocales son Claudio Ariel Romero, Ariel Álvarez Palma, Guillermo Pablo Suárez, Daniel Presti, Christian Bauab, Agustín Forchieri (VJ), María Rosa Muiños (BP), Marcelo Alejandro Guouman (EV) y Marcelo Hugo Depierro (MC).

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Fuente: agencias

Autor: admin

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