El informe final de la comisión Bicameral del Congreso que investigó la tragedia del ARA San Juan y su posterior búsqueda por parte del Estado es lapidario. Sobre todo en cuanto a la participación que los mandos superiores de la Armada tuvieron durante las horas en que el comandante del submarino anunció que se había producido un incendio en el buque, y las decisiones que tomaron durante la emergencia y los días posteriores. Allí, inclusive se trata de “soberbios” a algunos altos mandos de la fuerza.

“Evidentemente existió por parte de las autoridades navales una subestimación de la gravedad del incidente, situación que no permitió que aflorara un sano criterio de la necesidad de coordinar apoyo para el submarino siniestrado”, se afirmó en el documento, según publica el portal Infobae.

El texto también destaca la fuerte “interna” que existía en la Marina. Lo hacen de manera descarnada y volcando nombres y apellidos. “Las posiciones e internas y cuestionamiento de algunas decisiones entre la Jefatura de la Fuerza a cargo del Almirante Marcelo Srur y el Jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento Contralmirante Luis López Mazzeo, llegaron a un punto tal que las decisiones que tomara el primero motivaron la presentación de retiros en forma colectiva, algo inédito desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días en la Armada Argentina. Esto refleja una enorme falta de conducción y de subordinación”.

Respecto de las responsabilidades del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los funcionarios de su cartera, a partir de la toma de conocimiento de la pérdida de contacto y comunicaciones con la nave, los parlamentarios entienden que “se evidenció una falta de conducción ante la crisis, el ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública”.

“De tal manera, -sigue el documento- el ministro de Defensa ha demostrado una grave irresponsabilidad funcional en las circunstancias que rodean a la tragedia (…) durante la situación de emergencia y crisis provocada por la desaparición del submarino y especialmente en las instancias posteriores al cierre del caso SAR –búsqueda y rescate-. Las autoridades políticas se corrieron del centro de atención, dejando a la Armada al frente del manejo de la crisis, omitiendo la supervisión y control del manejo de las operaciones frente a aquélla, como también en la comunicación y relación con los familiares y la sociedad argentina”.

El informe también cuestiona a Mauricio Macri. Lo hace en la foja 74 –son 171- y dice: “Como jefe de Estado, el Presidente de la Nación, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia. Sostuvo en el cargo al ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño. Las escasas oportunidades en las que apareció vinculado con la temática lo hizo en forma superficial, sin ejercer nunca su mando ni comando sobre la fuerza y muchas veces demostrando falta de empatía con los familiares de los tripulantes”.

Si bien sobre Aguad también destacan su poca ascendencia entre los familiares y las “dilaciones” para contratar a un buque especializado para hallar al submarino en las heladas profundidades oceánicas, los diputados y senadores recordaron, con acidez, que “el propio ministro afirmó en su primera declaración pública ante esta Comisión textualmente que ‘todos los días las tres armas, que tienen aviones, que tienen barcos, todos los días tienen que salir a ejercitar con elementos que son muy antiguos y todos los días con el Jesús en la boca rogando que no pase algo. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Y el submarino era el arma más moderna que tenía la Armada Argentina. Tenemos embarcaciones… Lo que pasa es que yo no le puedo dar la información porque es información secreta militar. Ni siquiera puedo calificar lo que tenemos. Pero esta es la realidad que hay que solucionar desgraciadamente’.”

También pusieron el acento en que Aguad “se hallaba en conocimiento de los informes del estado de la flota en general, de la realización de las operaciones en particular. Ergo, no puede descartarse su responsabilidad política en el incidente en cuestión, dado su conocimiento específico”.

La falta de inversión en las Fuerzas Armadas y las deficientes condiciones de los navíos que motivó el recorte de fondos también fue uno de los temas volcados en el informe final. “Sin dudas, la falta de presupuesto pone al marino ante la situación de elegir entre cumplir su misión pese a no contar con todas las garantías de los bienes que conduce, o permanecer en tierra. Eso lleva a una pobre evaluación de la ponderación del estado del material, los riesgos que se podrían presentar y la influencia de la vocación de navegar. Los largos períodos sin utilizar las naves por hallarse en reparación, dificultan la instrucción y saltean etapas de formación imprescindibles luego en los puestos de comando”.

“Del análisis de este último aspecto –se hizo hincapié-, notamos que la mayoría del personal –naval- no ha contado en promedio y con la continuidad deseada en el nivel de adiestramiento mínimo indispensable para su actividad, a excepción del año 2017. Si bien en este último año la cantidad de días de navegación permitiría establecer el nivel de adiestramiento entre mínimo y aceptable, esto no suple de ninguna manera la falta de experiencia de las tripulaciones producto de muchos años sin alcanzar los niveles mínimos”, señalaron los diputados y senadores.

El informe también aclaró que no se puede afirmar que esta falta de mantenimiento fuese la causante de la tragedia. Como tampoco lo fue la reparación de media vida realizada durante el gobierno anterior porque, por ejemplo, al ser hallados los restos del submarino se pudo observar que las soldaduras realizadas al casco “habían resistido”.

Sí, en cambio, el ingreso de agua de mar al sector de baterías, lo que produjo un cortocircuito, un arco voltaico y un incendio producto de la concentración de hidrógeno. Serán los peritos, aún no nombrados en la causa judicial a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quienes deberán establecer por qué sucedió esto. En el informe se realizan varias hipótesis, pero lo importante se dirimirá en la causa penal ya que solo la magistrada puede definir penalidades si encuentra responsables.

Hasta ahora Yáñez no imputó a ninguna persona, ya sea civil o militar. Quizás el informe final de la Bicameral acelere algunos tiempos.

Las contradicciones en las que incurrió el ex jefe de la fuerza ante los parlamentarios, también quedó asentada en el documento: “El almirante Srur, de manifestar que no hubiera permitido la salida del submarino si hubiese conocido su estado, pasó a referir que ARA San Juan se encontraba en condiciones de navegación, pero no ‘solo’ –es decir que debía hacerlo con naves de acompañamiento en superficie-. Esto implica un gran desconocimiento a priori, habida cuenta del lapso entre sus dos manifestaciones”.

Los integrantes de la Bicameral asimismo puntualizaron que “dicho almirante también afirmó que se había opuesto a que los submarinos participen en patrullas de pesca, sin embargo podía verificar perfectamente si se cumplía o no con su directiva. Amén de ello, refleja un gran desconocimiento sobre la utilización del Submarino, que ya había participado en operaciones de control de pesca ilegal en años anteriores, tarea prevista en la doctrina en vigencia”.