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En medio de la creciente puja por el avance de nuevas formas de empleo por fuera de los convenios colectivos, el Gobierno empezó a debatir en las últimas horas mecanismos para regular el teletrabajo y el esquema utilizado hoy por las plataformas digitales, que excluye a los empleados de los beneficios contemplados por la legislación laboral. La discusión se dio en el ámbito de la Comisión de Diálogo Social para el Futuro del Trabajo, un organismo creado en abril e integrado por funcionarios, cámaras privadas y centrales sindicales.
Los técnicos de cada sector, junto con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), analizaron el miércoles el proyecto de resolución del Ministerio de Producción y Trabajo que define los contenidos mínimos del "contrato de trabajo con modalidad de teletrabajo", que hoy es utilizada al menos ocasionalmente por casi 1 millón de empleados, pero que nunca fue regulada por el temor del sector privado y de los sindicatos a perder prerrogativas sobre las condiciones laborales.
La iniciativa establece que "el teletrabajo (trabajo conectado o trabajo remoto) podrá ser realizado de manera parcial o total y resulta aplicable a nuevos empleados que se incorporen a la empresa así como también a los trabajadores que ya se desempeñan en ella".
Y prevé que tanto su prestación como la modificación del contrato deberán ser de "común acuerdo". La recesión exigirá, en cambio, un preaviso de tres meses del empleador y un mes por parte del empleado.
El contrato individual en cuestión será reglamentado por medio de un decreto y deberá regular:
- El lugar, determinado o indeterminado, en el que se realizarán dichas tareas
- Si la prestación será en forma total o parcial
- La cantidad de tiempo, frecuencia y horario de trabajo
- Las condiciones relativas a la propiedad, mantenimiento, uso y seguro del equipamiento a utilizar
- Los gastos de compensación que le serán reconocidos al empleado
Todas esas cuestiones generan tensiones en aquellos rubros en los cuales el trabajo remoto registra un mayor crecimiento producto del cambio tecnológico y en el que los gremios observan una creciente flexibilización de las condiciones laborales.
En el sector bancario, el gremio liderado por Sergio Palazzo apuntó en su último congreso contra las entidades financieras por considerar que eluden el convenio y la legislación vigente al extender la jornada laboral e incumplir los 45 minutos de refrigerio de los teletrabajadores.
Otro de los reclamos es la provisión de herramientas de trabajo, como computadoras personales, módems, routers, teléfonos fijos y móviles, así como el pago por el uso de energía o Internet para la prestación de sus servicios.
El sindicato se ampara en la resolución del 2012 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que fijó un manual de buenas prácticas de salud y seguridad para el "home office" por el que el empleado debe contar con silla ergonométrica, matafuego portátil, botiquín de primeros auxilios y almohadilla para el mouse.
Durante el kirchnerismo, Carlos Tomada también creó un programa de promoción del teletrabajo, del que participaron YPF, Telecom y Cisco, entre otras grandes empresas. El exministro de Trabajo hasta elaboró un proyecto de regulación, pero nunca llegó a ser tratado ni siquiera en comisiones.
En la actualidad, la modalidad a distancia le sirve a muchas empresas para trabajar por objetivos en lugar de una jornada fija y delegar gastos en el empleado a fin de reducir costos de infraestructura, servicios y mantenimiento.
Con todo, el home office todavía es visto con cautela por parte de las gerencias de recursos humanos. No solo por la eventual pérdida de control y supervisión sobre su personal, sino también por el temor a enfrentar demandas judiciales ante el vacío legal.
En ese marco, los empresarios esperan que la regulación del trabajo a distancia permita atraer nuevas inversiones. Sobre todo, en vistas del posible acuerdo con la Unión Europea, un bloque que hoy importa u$s800 millones por año en servicios y que busca incrementar sus ventas en ese rubro.
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En el sector sindical miran con desconfianza las intenciones oficiales y sospechan de que podrían ser parte de las múltiples estrategias para avanzar en una reforma laboral, junto con los proyectos que hoy descansan en el Senado.
Uno de los de los debates que introdujo el Gobierno en las últimas horas es el de un nuevo régimen especial para las plataformas digitales, como las empresas de delivery Rappi, Glovo y Pedidos Ya; o las de transporte y envíos Uber y Cabify, una actividad que emplea a 160.000 argentinos.
El equipo técnico de Sica, liderado por la abogada Josefina Sáenz, evalúa crear la figura del trabajador "económicamente dependiente", con el fin de otorgar una cobertura legal a quienes facturan como monotributistas o autónomos para una sola empresa o persona humanas.
Se trata de una propuesta similar a la que contemplaba el proyecto negociado entre el exministro de Trabajo Jorge Triaca y la CGT, pero que finalmente naufragó tras el boicot del camionero Pablo Moyano.
La iniciativa fue debatida este martes en una de las subcomisiones del diálogo social, en donde el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García-Mansilla, planteó "retomar la ley española" denominada "TRADE" que creó un Estatuto del Trabajador Autónomo Dependiente.
"Eso es más peligroso que mono con navaja, porque los empresarios van a volcar a sus empleados a autónomos", explicó un abogado que participó de la reunión en representación de una de las centrales.
Por el contrario, desde el sector sindical plantearon regular la economía digital a través de los convenios colectivos, algo a lo que las empresas se resisten al desconocer la existencia de un vínculo laboral con sus empleados y la representación de los sindicatos.
En ese escenario, la nueva normativa apuntaría a neutralizar la creciente conflictividad en la actividad, en donde las plataformas fijan las tarifas de sus "colaboradores" y les delegan el pago del monotributo, ART e Internet en jornadas a destajo por un ingreso mensual en torno a los $10.000 de bolsillo.
Elecciones y reforma laboral
El proyecto oficial se enmarca además en las recomendaciones de la OIT. El organismo instó a sus miembros a regular el sector durante la conferencia anual de junio y su oficina en la Argentina llamó en un informe reciente a evitar la vía judicial y rediscutir junto a los trabajadores la legislación laboral, con un "piso de derechos", algo que todavía parece difícil.
Por caso, Rappi prefirió depositar este miércoles un total de $174.000 a tres repartidores de la Asociación del Personal de Plataformas (APP), antes que desbloquearlos como le había ordenado la Justicia.
"Vamos a pedir que la sanción se aumente a $10.000 por día y así podríamos seguir hasta llegar a $1 millón", aseguró a iProUP el abogado de APP, José Tribuzio.
Sin embargo, la firma apeló la medida y Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó el viernes la sanción al no poder detectar la existencia de una relación de dependencia de los ciclistas.
La firma colombiana no es la única que hoy enfrenta reclamos. Glovo registró un paro el domingo pasado en Mendoza, luego de que la empresa suprimiera el pago de $90 por hora que les habían garantizado, aunque en ese lapso no recibieran pedidos, según informó. Y en Pedidos Ya sigue latente el malestar por 450 despidos en febrero.
El otro sector en la mira sindical son las fintech. Palazzo se reunió el miércoles con un equipo de economistas y abogados del centro CEPA, dirigido por Hernán Letcher, con la intención de elaborar un proyecto de regulación de la banca digital y encuadrar a los trabajadores de la actividad en el convenio bancario.
Se trata del reclamo por el que se enfrentó hace dos semanas con el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, y que le valió el enojo del presidente Mauricio Macri, quien tildó al sindicalista de "prepotente".
En plena campaña electoral, el fuerte reclamo empresario de avanzar en una reforma laboral no hizo más que reavivar los cuestionamientos del sindicalismo y reforzar el clima de polarización.
Si bien Sica desmintió que contemplara una modificación de la legislación este año, el cotitular de la CGT, Héctor Daer, salió a criticar en las últimas horas al Gobierno al señalar que siempre se propuso "perforar la legislación laboral" y que en estas elecciones "se juega el derecho laboral". Una disyuntiva especular a la de "democracia o dictadura" que fogonean Durán Barba y Marcos Peña.
Daer fue uno de los sindicalistas que junto a buena parte de la CGT recibió el martes en la sede de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) al candidato presidencial Alberto Fernández, quien se distanció de una eventual reforma laboral, aunque en su espacio respaldan el convenio de Vaca Muerta.
Se trata uno de los pocos acuerdos de productividad que logró concretar Macri, por el que los sindicatos petroleros cedieron beneficios laborales como las horas extras para atraer nuevas inversiones en el yacimiento hidrocarburífero de Neuquén.
Por el momento, los principales candidatos evitan pronunciarse sobre un tema que podría generar antipatía en el electorado. Pero que seguramente se retomará después de octubre, especialmente si sigue el contexto recesivo y el índice de desempleo se mantiene en los dos dígitos.
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