Faltan 9 días para las PASO. Una notable chatura es la principal característica del debate electoral hasta ahora. Ojalá se estén preservando las ideas más innovadoras y las piezas de comunicación más inspiradas para el tramo crítico de esta campaña, cuando falten 4 o 5 semanas para los comicios de octubre. Corremos de todas formas un serio riesgo de que las típicas chicanas y tácticas de corto aliento que predominan en la política vernácula conviertan estas elecciones en un eslabón más del interminable tobogán de mediocridad, frustración y decadencia en el que se encajó la Argentina hace ya demasiado tiempo. Solo se trata de ganar. El fin parece justificar los medios y esto involucra a todos los protagonistas de esta saga con final incierto.

El obsesivo foco resultadista desplaza el debate acerca del día después -la agenda de política pública que deberá discutir e implementar la próxima administración-, excepto en algunos aspectos puntuales, para nada relevantes, que son más bien la expresión del extravío de la política local: el último ejemplo es la promesa de convertir secretarías en ministerios (Fernández con Ciencia y Tecnología,Macri con Agroindustria).

Semejante espaldarazo al burocratismo más recalcitrante implica desconocer que tenemos un Estado caro, mal organizado y con personal mal calificado, y que los gobernantes (sus ambiciones, obsesiones, caprichos e intereses) fueron uno de los principales problemas que padeció históricamente la sociedad argentina. Esto incluye un desorden fiscal, financiero y monetario endémico, con consecuencias predatorias. ¿Podrá la Argentina evitar otro ajuste devaluatorio para corregir el exceso de gasto público? ¿Habrá en el próximo período un programa de estabilización integral y consistente, que apunte a desindexar la economía (en especial, el gasto público) y combatir la inflación?

Algunos operadores del mercado comienzan a preocuparse no solo por el veredicto de las urnas, sino por la predisposición de la sociedad argentina en relación con la agenda de reformas estructurales que ha quedado desplazada del debate público hace más de dos décadas. ¿Entiende el ciudadano promedio de qué se trata dicha agenda? ¿Está dispuesto a pagar los costos de esas reformas? ¿Existe una conciencia cabal de las consecuencias de no implementarlas? Estas cuestiones cruciales están fuera de la agenda electoral.

Al margen de la utilización de una terminología tan vulgar como exótica al discurso político (nuestro universo simbólico parece dominado por Pindongas, Cuchuflitos y Cadornas) y de los intentos (por ahora infructuosos) de alterar la "pax cambiaria", que facilitó la recuperación del oficialismo, llama la atención la absoluta banalización de la catástrofe humanitaria que es Venezuela por parte de los principales líderes del Frente de Todos, que se autodefine como "progresista". Resulta preocupante que no haya una condena firme y explícita a un régimen totalitario y capturado por el crimen organizado, incluido el narcoterrorismo. Maduro y sus secuaces ya fueron criticados hasta por la izquierda de Uruguay (por el propio Mujica y por el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez), uno de los pocos países de la región que mantenían cierta neutralidad. Es una verdadera canallada comparar la severísima crisis alimentaria que sufre ese país por exclusiva culpa de su ilegítimo gobierno con los problemas de pobreza y marginalidad que hace tiempo existen en la Argentina (y que han empeorado como consecuencia de esta crisis).

El cruce por las Leliq expone un evidente vacío de diálogo y coordinación entre los principales protagonistas de la vida política. ¿En qué quedó aquel llamado al diálogo que entretuvo a algunos funcionarios hace un par de meses? Parece haberse reducido a un episodio más del manoseo del concepto de consenso. Esto nos cuesta fortunas a los argentinos: el riesgo país no baja de 800 puntos básicos, lo que implica que pagamos una tasa que representa bastante más del doble de la que paga Paraguay y 40% más cara que la de Ucrania (invadida por Rusia y gobernada por un actor cómico totalmente inexperto). La situación podría cambiar en función del resultado electoral (los mercados prefieren que gane Macri, pero hay cautela respecto de lo que podría hacer durante un segundo mandato). La clave será la capacidad efectiva por parte del próximo gobierno de avanzar en una agenda de reformas que, en tiempos electorales, queda desplazada por miedo a perder votos.

Tan importante (y preocupante) como los temas claves que todos callan, es el punto alrededor del cual se generó un consenso que involucra, sorprendentemente, a casi todos los actores políticos y sociales: la política pública mejoraría convirtiendo secretarías en ministerios. El Gobierno lo acaba de anunciar en relación con Agroindustria. Macri necesita consolidar el voto del campo, que tiende a apoyar más a Juntos por el Cambio que a cualquier otra fuerza. Las organizaciones sectoriales celebraron con candor la decisión: una secretaría es considerada una degradación, mientras que un ministerio es visto como evidencia de que esa área se ha vuelto prioritaria. Ya tuvimos esta discusión cuando se modificó el organigrama ministerial y la cartera de Ciencia y Tecnología se volvió secretaría, hecho repudiado por la comunidad científica. Alberto Fernández se sumó a esta epidemia de burocratismo y prometió que con el supuesto ahorro de los intereses de las Leliq también financiaría un ministerio para el área (mezclando otra vez los recursos del Tesoro con los del Banco Central para financiar gastos corrientes).

Pero la experiencia histórica es contundente: el potencial de un sector no está vinculado a la existencia o no de un ministerio. La Argentina ofrece sobrados ejemplos que ponen de manifiesto que los gobiernos fracasan al margen del número de ministerios, secretarías, subsecretarías o direcciones: lo importante es la capacidad efectiva y la legitimidad del Estado, no el número o a jerarquía de sus reparticiones. La burocracia nunca fue la solución, sino parte del problema, más allá de los esfuerzos de los trabajadores del sector público.

La cartera de Defensa mantuvo su estatus de ministerio, lo que no implica, como implícitamente reconoció Macri en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, que tengamos una política de defensa, en particular (aunque no solo) por falta de presupuesto. Algo parecido ocurre con Justicia o Educación, bienes públicos esenciales que el Estado argentino no brinda adecuadamente a pesar de que hace décadas tienen sus respectivos ministerios. La única manera de que una política pública alcance una real jerarquía y pueda contribuir al desarrollo requiere de la existencia de una visión estratégica de largo plazo, de consensos fundamentales entre los principales actores involucrados y de recursos humanos, organizacionales y financieros para implementarla, incluidos dispositivos de control, revisión y coordinación con otras áreas de gobierno.

En una sociedad libre, abierta y democrática, los que hacen la diferencia son los ciudadanos, las empresas, los trabajadores. Ojalá que podamos construir un aparato estatal capaz, eficiente y transparente que contribuya al desarrollo equitativo y sustentable. Se trata de una asignatura pendiente vital que convendría debatir en este proceso electoral.

Por: Sergio Berensztein