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Al respecto, el escrito presentado por la legisladora nacional indica que “Cruz carece de los antecedentes técnicos y profesionales en la materia que exige el artículo 11 inciso 2) de la Ley 26.6832” y agregó que “así como en la inhabilidad moral de Quevedo, en los términos del artículo 10 de la misma ley, todo lo cual tornaría ilegales las referidas designaciones, haciendo incurrir a sus eventuales responsables en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, establecido en el artículo 248 del Código Penal de la Nación”.
Ocaña señaló en su presentación que Cruz “en sus antecedentes revela su falta de experiencia en materia regulatoria, su falta de conocimientos en el campo de la inteligencia financiera y en la sensible misión de cooperación internacional que reviste la UIF y su falta de práctica profesional penal vinculada estrictamente con la temática compleja del lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
En ese sentido sostuvo también que “los antecedentes de Cruz impiden corroborar que cuente con conocimientos mínimos respecto de los estándares internacionales que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) establece” y que “exponen al país al riesgo de una defensa inadecuada por parte de Cruz y a las consecuencias adversas de un resultado negativo en la referida evaluación, tal como ya ocurriera en el pasado con la gestión de José Sbatella, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó llevando al país a la conocida ‘lista gris del GAFI’ de países con serias deficiencias estratégicas, situación en la que permaneció durante 4 años”.
En cuanto a Quevedo, Ocaña recordó que “se desempeñó como Directora de Asuntos Jurídicos de la UIF entre los años 2010 a 2015, bajo la gestión de Jose Sbatella, la gestión más desprestigiada en la vida de la institución, que culminó con los resultados de cumplimiento más bajos en toda la historia de un miembro del GAFI -solo 2 de los 49 estándares evaluados resultaron cumplidos”.
Asimismo, subrayó que “su posible nombramiento para el cargo de vicepresidenta en la nueva gestión de la UIF resulta temerario, no solo por la discrecionalidad con la cual desempeñó el rol de Directora de Asuntos Jurídicos durante la gestión de Sbatella, sino porque durante aquellos años actuó con la clara finalidad de encubrir a los imputados que mantenían vínculos con Cristina Fernández de Kirchner, y de perjudicar a sus adversarios, razón por la cual no resultaría descabellado suponer que su nombramiento actual busca favorecer y/o encubrir a la actual Vicepresidenta”.
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