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Cristina enmarcó los hechos que denunció dentro del proceso de "Lawfare", cuyo objetivo es, según sus palabras, "la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos". En ese sentido, remarcó que a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno "se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional que articularon una feroz e inédita campaña de persecución" contra ella.
Uno de los escritos fue presentado esta mañana ante el Juez Federal de Rio Gallegos, mientras que el otro fue recibido por la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont. En el primero, que tiene 73 páginas, la expresidenta niega "enfáticamente la existencia de la deuda en ejecución", por lo que pide que se desestime "la ejecución en su totalidad". En el segundo, con la firma del abogado Carlos Beraldi, solicita la nulidad de "todo lo actuado por la AFIP" y de "los títulos ejecutivos que resultaron de dichos procedimientos". Además, solicitó que se "abra una investigación administrativa" contra los exfuncionarios del ente recaudador, de cuyos resultados pidió ser notificada "a los fines de efectuar las pertinentes denuncias penales y civiles".
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