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La iniciativa, que venía siendo trabajada por diferentes legisladores del bloque pero no firmada por todos, tiene como objetivo abonar a la protección de un derecho fundamental, humano, básico y esencial reconocido constitucionalmente como es el acceso a la vivienda digna.
La medida que se propicia busca garantizar, frente a las eventuales vicisitudes principalmente económicas, la preservación de la vivienda como bien indispensable para el desarrollo familiar y contribuir a la financiación del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para la construcción exclusiva de viviendas sociales.
El proyecto de ley presentado por el diputado Javier Andrade promueve el arrendamiento de inmuebles con destino familiar y permanente que no se ofrecen para la venta y para ello propone un régimen de contribución especial para esas viviendas ociosas. Considerando que las viviendas que permanezcan por más de seis meses consecutivos deshabitadas sin mediar causa justificada.
Según datos del Anuario Estadístico de la ciudad de Buenos Aires en el 2003 el 23,9% de los porteños alquilaba. El problema se fue profundizando, en 2018, el porcentaje de inquilinos trepó al 34,4% y en algunas comunas representa el 48,4%. Los datos muestran que la problemática habitacional empeora en el sur.
“La ciudad de Buenos Aires pasó de ser, apenas hace 15 años, en una Ciudad donde más del 60% de los vecinos y vecinas eran propietarias a una donde la mayoría son inquilinos e inquilinas”, señalaron desde el Frente de Todos.
Dentro de los fundamentos, se considera que es el Estado quien debe regular el mercado inmobiliario y generar las políticas necesarias que tiendan a lograr condiciones más justas.
A diferencia de Berlín o Barcelona en la Ciudad no se regula el mercado inmobiliario, ni se fomenta el acceso a la vivienda. Se privilegian los negocios que son un resguardo financiero para los sectores privilegiados de mayor poder adquisitivo. El precio abusivo de los alquileres y la dificultad para el acceso a los créditos expulsa a las porteñas y los porteños.
Según Andrade “no es aceptable que el distrito más rico del país, sin problemas de financiación y con disponibilidad de tierras, no contemple el interés e impacto social del acceso a la vivienda para sus ciudadanos y ciudadanas, entendiendo que el acceso a la vivienda es un derecho universal”.
Acompañaron la iniciativa Lucía Campora, María Bielli, Lorena Pokoik, Ofelia Fernández, Leandro Santoro y Claudio Morresi.
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