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Jueves 28 de Marzo de 2024 - Hs
El Estado (bobo) de emergencia - Por Carlos Pagni
21-04
 Hay una vieja relación que viene desde el fondo del pensamiento político, inclusive de la literatura, que atraviesa todos los siglos y que tiene que ver con el vínculo entre peste y poder. Es decir, en momentos en los que las sociedades acosadas por una situación extrema que implica muchos muertos hay una tendencia a, en ese instante, hacer una gran delegación de poder en alguien que resuelva el nudo de la cuestión. Algo parecido pasa con la guerra.

 

 A continuación, sus principales conceptos:


Si uno se remonta, por ejemplo, a la tragedia Edipo Rey, el personaje mitológico se convierte en monarca gracias a que elimina un peligro de la esfinge para la ciudad de Tebas. Ese fue el premio de la sociedad atemorizada por haberlos liberado de ese mal. A lo largo de los siglos, el pensamiento político ha relacionado siempre que el estado de convulsión, de angustia, o de miedo que viven las sociedades por las pestes o la guerra se proyecta en una mayor concentración política. Justamente en esa situación se encuentra la sociedad argentina, al igual que muchas otras.

 

 
Este problema puede llegar al nivel de lo caricaturesco. Ayer, en Brasil se dio una situación escandalosa cuando insultando a toda la diligencia política, al Congreso y a todas las instituciones, Jair Bolsonaro, delante de un cuartel del ejército, pedía la intervención de las fuerzas armadas con él como jefe. Una especie de golpe militar liderado por el propio presidente.
El mandatario llegó a decir: "la constitución soy yo". Ese nivel de locura, que obligó hoy al ministerio de Defensa y a las fuerzas armadas brasileñas a emitir un comunicado donde justificaban su accionar debido a la pandemia, es un problema que, mucho más sutilmente, se replica en todas las sociedades, incluida la Argentina.


Un pensador italiano, Giorgio Agamben, que estuvo hace poco en la Argentina, tiene muchos escritos sobre esta cuestión, en donde habla de cómo la política cada vez más frecuentemente entra en estados de excepción. Casi la regla es la excepción. Y con ella, vienen aparejadas las normas extraordinarias, los decretos de necesidad y urgencia, la puesta en suspenso de las reglas generales, básicamente de la Ley.
Cuando la ley se pone en suspenso, cuando las reglas del orden general, que implican una racionalidad común para todos, se ponen entre paréntesis, la ley empieza a ser reemplazada por la gestión. Entendemos que quien manda tiene que quedar con las manos libres para gestionar y tomar medidas excepcionales.

En ese problema se encuentra inmersa hoy la sociedad argentina, y no solo por la pandemia, sino por la crisis económica que la precedía y que ahora se va a profundizar.
Esta falta de ley, en muchos casos de reglas generales, este predominio de la gestión concreta, de lo operativo por sobre lo institucional, tiene entre nosotros algunas peculiaridades llamativas. No es que el Poder Ejecutivo se expandió tratando de que no funcionaran los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial, que fueron creados para limitar al Ejecutivo, justamente para evitar ese estado de excepción, donde se concentran facultades y se empiezan a poner en tela de juicio las libertades de la gente.

Hay un desistimiento de esos dos poderes, y no porque el Ejecutivo los avasalle, sino porque decidieron no funcionar. En todos lados, empezando por España desde hace bastante tiempo, se está recordando que, bajo las bombas de Hitler, el parlamento británico seguía sesionando en medio de la guerra.
Nosotros tenemos al parlamento en stand by con una enorme discusión, que es bastante ridícula, de si puede sesionar o no por vía virtual. Inclusive hubo una consulta de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte. Para que la Corte, que es otro poder, le diga al Legislativo cómo tiene que funcionar. En principio, eso ya es raro. Más extraño aún, si uno quiere una ironía, que haya tanto celo y minuciosidad por parte de un grupo político que estuvo años sin obedecer a la Corte en la reposición en Santa Cruz del fiscal de Estado Sosa.

También es curioso porque el Congreso, concretamente la Cámara de Diputados, cuando se estaba discutiendo la posibilidad o no de modificar la Constitución, en el año 1993, se dio a sí misma la posibilidad, por un proyecto del diputado Francisco Durañona, de ir a la reforma constitucional por la vía de su propio reglamento. Propuso que se la modificara por los dos tercios de los presentes y no del cuerpo. Eso que ocasionó toda una discusión en ese momento, y que en alguna medida aceleró la reforma constitucional, era una posibilidad extrema del Congreso, de la Cámara de Diputados y también la de los senadores, de reformar su propio reglamento.

Estamos en esta danza cuya única consecuencia es un Congreso cerrado y la Justicia de feria eterna. Mientras tanto hay un Ejecutivo que se expande por la abstención de los otros dos poderes. Este es uno de los rasgos de esta expansión y acumulación de poder de la arquitectura general del estado, que la vemos también en decisiones particulares que se toman. Desde la idea de patrullar las redes sociales, o de establecer el toque de queda en algunos municipios, fijando condiciones y restricciones que están totalmente por fuera de los derechos y garantías que le otorga la Constitución a los ciudadanos.
También se puede observar esa expansión del poder del Estado bajo la idea de distribuir entre los intendentes el control de precios, la implementación de la ley de abastecimientos o la iniciativa, de la que después el gobierno de la Ciudad volvió atrás, de restringir el movimiento de los mayores de determinada edad. Medidas de excepción que son detalles frente al enorme régimen de excepción donde está entrando y donde posiblemente siga instalada la economía con la excusa de la gravedad y el impacto económico que produce la pandemia.

Las reglas que regulan la relación entre el Banco Central y el Tesoro: ¿Cuánto puede el Banco Central emitir para financiar el Tesoro? Se disuelve en homenaje a la excepción. Las formas en las que se presta dinero, en las que se devuelve. Todos los contratos. Se suspende el modo en la que las empresas de servicios cobran lo que tienen que cobrar. Y todos entendemos que esas suspensiones son razonables, son producto de la emergencia. Lo que no sabemos es cuánto van a durar y cómo se sale de ellas.
También se permiten cosas que antes, no se sabe por qué, no se permitían, como por ejemplo el comercio electrónico, determinadas formas de creación de nuevos mercados que antes estaban prohibidos y no sabemos por qué ahora con la pandemia no son reprobables.

La pregunta es entonces quién está pensando por adelantado cómo se va a reconstruir toda la institucionalidad que estamos poniendo en tela de juicio, hasta cuándo es esto y cómo se sale. Es decir, cuál va a ser la vía de salida y con qué orientación. ¿O son excepcionalidades que llegan para quedarse? Es decir: nos vamos a ir acostumbrando a ellas y tendremos como regla lo que hoy nos proponen como excepción.

Un ejemplo: la ley de emergencia económica que se aprobó en el contexto de otra crisis, de otra "pandemia", la de 2001, duró desde el año 2002 hasta 2018. Dieciséis años, que incluyen el ciclo de mayor apogeo de la economía argentina probablemente de su historia.
Es muy difícil que el poder renuncie a aquello que consiguió en medio de la emergencia. Es decir: vamos a otra relación entre los ciudadanos y el Estado salvo que haya una discusión entre el Poder Legislativo y Ejecutivo o entre la Justicia y el Ejecutivo. Tendremos, tal vez, un mega Estado. Un Estado que se expande y lo hace sobre nuestras garantías, con la excusa de que tiene que tener muchos instrumentos en la mano porque estamos en emergencia. Con la excusa de la peste.

Hay algo muy curioso en esta expansión. Jorge Luis Borges, en ese cuento maravilloso que es El Aleph, describe a un personaje con mucha simpatía y humor, Carlos Argentino Daneri. Y Borges dice de Daneri: "Era autoritario, pero también era incompetente". ¿Pero cómo? Si era autoritario uno espera que por lo menos sea competente. No, Daneri era autoritario, pero también incompetente. Bueno, el Estado argentino tiende a ser autoritario, pero también incompetente. Estamos ante un Estado que crece, pero a la vez es un Estado bobo.


En el portal El cohete a la Luna apareció este domingo una nota de la periodista Alejandra Dandán que explica por qué la comida no llega. Por qué el Estado no puede hacer que llegue la comida a los que están pasándola peor en medio de una crisis que afecta sobre todo a los que viven en la economía informal, que comen con lo que ganan en el día, y si no ganaron en ese día porque hay coronavirus, y por lo tanto aislamiento y cuarentena, no comen.


Ese artículo explica muy bien toda una genealogía del problema de los precios, que arrancaría, según la nota, en el gobierno de Cambiemos, sigue durante este Gobierno, y estalla con las contrataciones tan controvertidas del ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo. Se toma la decisión de suspender esas compras donde aparecen intermediarios, donde aparecen precios que están por encima de los precios máximos que fija el propio Estado que está comprando. Todo un impulso que termina en una decisión probablemente muy acertada del presidente Alberto Fernández de decir: para qué le voy a comprar a un intermediario si le puedo comprar al productor o a un hipermayorista.


Mientras se resuelve el cambio de método, la comida no se compró y por lo tanto no llega. Están los intendentes, los dirigentes sociales, curas, pastores, etc. todo el mundo relacionado con la asistencia de los pobres pidiendo alguna salida para los que están, no solamente afectados por el coronavirus, muchos más afectados por el dengue (hubo 39 mil casos este año y 88 muertos por dengue) y además afectados por el hambre.


Es decir, un Estado que no puede ni comprar comida, ni comprar barbijos. Cuando intenta comprarlos, paga $3000 por barbijo, con una curiosidad: se los compra a alguien que parece ser el único proveedor que tiene la Ciudad de Buenos Aires, se llama Ignacio Sáenz Valiente, porque no solamente provee barbijos, que aparentemente tampoco podía hacerlo porque no los tenía. La compra era por 15 mil y terminó teniendo nada más que 1600 a un precio de $3000.

Pero también es el mismo que contrata los hoteles, con otra curiosidad, que en la sociedad que contrataba a los hoteles para alojar a la gente que venía en el Buquebus con la posibilidad de tener coronavirus porque había un contagiado, no solamente de esa sociedad participa una medio hermana del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Participa también de esa sociedad que provee al Estado una señora que se llama Agustina Olivero Majdalani que es presidenta de Corporación Puerto Madero.

Es decir, Olivero Majdalani, además de hija de la segunda de la AFI de Macri, es funcionaria del Estado, y provee al Estado municipal que la designa en Puerto Madero, aparentemente de contratos de hoteles. Todo a través de una sociedad en la que también presta servicios para el jefe de la oposición peronista en la Ciudad, que es Víctor Santamaría.


Estamos en una situación donde el Estado en emergencia debe comprar cosas en emergencia, sea contratar hoteles, comprar barbijos o comida y de lo que aparece es un entramado que no nació con el coronavirus, que preexiste al coronavirus y que no lo veíamos o porque mirábamos mal o porque los organismos de control no funcionan o porque están enganchados todos, Gobierno, oposición, todos, como parece suceder en la Ciudad de Buenos Aires, y en emergencia empieza a correrse el velo de lo que parece ser un Estado bobo para los contribuyentes, a favor de algunos vivos.

Lo cierto es que hicieron renunciar a dos personas, un encargado de compras que seguramente, por lo que sé, no tiene nada que ver con nada porque lo de los hoteles y barbijos iba por otra vía. E hicieron renunciar por una distracción de no haber visto cómo se publicaba el contrato a Gonzalo Robredo, que seguramente no tuvo nada que ver con ninguna irregularidad. Todo esto pasó por otro lado que Robredo ni conoce, que son estas sociedades armadas para mil servicios distintos. Y nadie pide la renuncia de la presidenta de la Corporación Puerto Madero que siendo funcionaria provee al Estado. Curiosidades de un Estado cada vez más grande y cada vez más bobo. O al menos bobo para los contribuyentes. No para los vivos que hacen los negocios.
Lo más importante todavía es que necesitamos una clase política inteligente y un Estado inteligente más allá de la pandemia.
El ministro Ginés González García tomó una definición muy relevante y lógica. "Hemos sido exitosos respecto de otros países, respecto de nuestras propias marcas y nuestras propias previsiones en el manejo de la pandemia, tenemos menos casos y menos muertos de los que pensábamos, hemos logrado aplanar la curva más allá de lo que preveíamos. Por lo tanto, vamos a ir relajando de a poco, flexibilizando por sectores, por rubros, por provincias, con determinados protocolos, la cuarentena".
Eso requiere de una inteligencia, de un cuidado, que este Estado que compra comida, barbijos o contrata hoteles, evidentemente no tiene. Y más allá de la salida de la cuarentena, tenemos que salir de la recesión, lo cual va a ser un desafío gigantesco, porque vamos encaminados hacia una crisis muy importante. Venimos de diez años de estancamiento económico: desde 2011, la economía argentina no tiene el dinamismo que tendría que tener, más allá de que uno le quiera echar la culpa al otro; y además tenemos una inflación muy alta. Antes de entrar en este problema, el país tenía 50% de inflación.
A estas comorbilidades previas, como dicen los médicos, se le suman ahora una serie de consecuencias económicas ante la pandemia: la quiebra de empresas y el impacto que eso va a tener sobre los bancos; un grave inconveniente en el sector petrolero, que, como sabemos, es central para el dinamismo de la economía argentina; un atraso cambiario que afecta especialmente al campo -cuando el dólar contado con liquidación supera los $100, el campo está operando con un dólar a $42-; también, una reforma laboral que nadie quería pero que se está haciendo en la práctica, donde todos los sectores afectados, empresarios y trabajadores, se están poniendo de acuerdo para ver cómo flexibilizan costos para poder seguir trabajando en medio de una situación de enorme ajuste sin que el Estado intervenga. Es decir, sin que nadie prevenga casos de precarización laboral después irreversibles. Y, por último, una caída muy fuerte que promete ser más pronunciada y larga en el nivel de actividad, con un problema adicional, que es que el mundo demandará mucho menos por mucho tiempo.
Estamos ante una encrucijada que va a requerir algo tan sencillo y tan difícil de lograr como un programa, una hoja de ruta. Probablemente, el Presidente que, cuando necesitó un programa para una angustia importante como la de la pandemia, llamó a un comité de sabios, esté tentado a llamar a nuevos expertos para ver cómo salimos de este problema sistémico.
En este contexto se inscribe la oferta de Martín Guzmán para negociar con los acreedores en dolares con jurisdicción en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante? Porque más allá de los tecnicismos de la oferta, de la relación entre el Estado y los acreedores, y los intereses de cada uno, lo relevante es que estamos hablando de un tema estratégico que nos afecta a todos: se trata del costo del financiamiento de la economía argentina.
Entonces, el resultado de la negociación de Guzmán es central para el problema de cómo salimos de la recesión. La negociación de Guzmán va a determinar el costo del dinero para cualquier inversión, indispensable para salir de la depresión.
Hay una cantidad de opiniones sobre si la oferta de Guzmán es generosa o si no lo es. Si va a haber un acuerdo o no. Mi impresión, de alguien que consume economía como un lector más, es que la oferta ha sido mucho más amigable de lo que todos esperaban y de lo que el mismo Gobierno decía que esperaba. Porque desde que Guzmán presentó su oferta, el mercado no para de festejar. Eso se ve en que el precio de los bonos se ha recuperado. El riesgo país no ha parado de caer. Para el mercado de bonos, con independencia de lo que digan los fondos, para los cuales obviamente cualquier propuesta va a resultar escasa, la oferta de Guzmán implica algo auspicioso, que va a llevar a la larga o a la corta a un acuerdo.
Estos bonistas que están escuchando la oferta de Guzmán están en el peor de los mundos por el coronavirus. Es gente que, cuando ve sus activos, mira cuánto cotizan, cómo los contabilizan, pierden, y va a seguir perdiendo. En ese contexto, la noticia de la oferta argentina, en el corto plazo de un mercado muy angustiado, es excelente.


Hay algo sí objetivo de lo que dicen los bonistas y en lo que Guzmán reincide con otras conductas, que ya tuvo en el mercado de bonos en pesos: es hacer la oferta sin una conversación previa. Esta oferta no es el resultado de una negociación, es el comienzo. Es incómodo, porque si él cede queda en evidencia lo que cede y paga un costo político por eso.


Sin embargo, lo que de veras importa es lo que Alberto Fernández y Martín Guzmán tienen que negociar con el mercado: una hipótesis sobre cómo va a funcionar la economía argentina en el futuro. Detrás del precio de cada bono hay una presunción de que la economía va a funcionar de tal o cual manera. La oferta es buena o mala según el programa económico y la estrategia que tenga detrás.

Es decir, Guzmán tiene que convencer a los bonistas acerca de una estrategia y de una hipótesis de comportamiento de la economía argentina y, concretamente, de una salida de la recesión. De esa hipótesis nos tiene que convencer a todos. Los bonistas están pidiendo algo que tendríamos que estar pidiendo todos. Es decir, que el Gobierno defina cómo vamos a salir de esto. Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Sólo sabemos que hay un Estado que nos pide más poder, pero sin decirnos, en el fondo, para qué.

Fuente: LN
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