"Prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina", fue la frase elegida por el presidente Alberto Fernández para encolumnar a todo el Gobierno detrás de su postura de privilegiar la salud por sobre la economía como bandera de la lucha contra el avance del coronavirus.

Una postura que también tuvo el respaldo de la mayoría de la sociedad durante la primera etapa de aislamiento social obligatorio y de anuncio de medidas restrictivas que provocaron el freno casi total de la economía del país.

Esta lógica del privilegio sanitario antes que el económico hizo que salir de casa, ir a trabajar, interactuar con otras personas y moverse con libertad pasaran a ser modos de vida reservados para los exceptuados del aislamiento por estar incluidos entre sectores considerados esenciales para mantener servicios y actividades básicas.

De hecho, a fines de marzo se conoció un ranking de países con más preocupación por el virus en el cual la Argentina figuraba en el cuarto puesto. La consulta, elaborada por Gallup, ubicaba a Italia e Indonesia con un 90% de la población que tiene miedo a la infección, seguido por Corea del Sur (87%) y Argentina (75%).

"En Argentina, la población tiene miedo de que él o algún miembro de su familia puedan contraer coronavirus y "esta situación es pareja en todos sin diferencias por género, edad, nivel socioeconómico o lugar de residencia", indicaba el informe en ese momento.

Este escenario de miedo llevó al Gobierno a tomar todavía más medidas de encierro obligatorios que llevó a que la mayoría de los sectores de la industria, el comercio y los servicios quedaran casi sin posibilidades de mantener sus actividades de manera habitual. Por consiguiente, a pasar a depender casi sin excepciones de la ayuda del Estado para atravesar esta crisis sin tener que cerrar, despedir trabajadores o sufrir un default.

Lo mismo ocurre con 31 millones de habitantes que hoy dependen íntegramente o en parte de los aportes públicos para sobrevivir, ya sea gracias a los planes sociales o al pago de una porción de los salarios, medida anunciada el fin de semana pasado.

Hoy, según un relevamiento del IERAL, el 45% de las empresas está operativa en virtud de ser consideradas actividades esenciales, pero alrededor de un tercio opera con dotación mínima, de modo que sólo 31% operan en condiciones plenas. En tanto, otro 36% se encuentra inactivo por imposibilidad de funcionar según la normativa actual.

Por consiguiente, para el IERAL, la suma de las inactivas con las que no pueden realizar sus actividades con normalidad representa más de 332.000 empresas, cifra que podría engrosarse a más de 410.000 si se considera también a las que solo pueden operar con dotaciones mínimas.

Un escenario que en los últimos días llevó a la sociedad a cambiar su mirada con respecto a los temores anticipados al principio de la llegada de la pandemia al país y a comenzar a evidenciar un enojo y hartazgo por la extensión de cepo sanitario obligatorio.

Por lo menos así se desprende de una encuesta recientemente elaborada por Kantar para analizar la reacción de los consumidores argentinos frente a la pandemia demuestra este cambio de pensamiento.

En el marco de entrevistas a un universo de 503 personas vía online, realizadas entre el 10 y 14 de abril, ahora se observa que 8 de cada 10 argentinos está más preocupado por su futuro económico que por un eventual contagio del virus. El Barómetro Covid-19 muestra que, luego de este mes de aislamiento social el temor al coronavirus se empieza a relajar al punto que la proporción de "muy preocupados" cayó de 55% que tenía a fines de marzo a un 47% actual.

Los mayores de 55 años son los más preocupados (52%), al igual que las personas con ingresos más altos, en tanto que millennials y centennials no se ven tan afectados (45%).

En contrapartida, empiezan a sentirse los efectos del freno de actividades, teniendo en cuenta que el 77% de los encuestados cree que llevará un largo tiempo recuperar la economía una vez superada la crisis sanitaria.

De este porcentaje, seis de cada 10 personas admitieron que ya se vieron afectados sus ingresos personales, mientras un 24% no lo percibe aún pero cree que lo estarán en el corto plazo.

Hay también una cierta saturación sobre la información que los medios vuelcan sobre el virus que lleva a que el 27% de los encuestados por Kantar intentar ver menos programas de noticias e intensifican la necesidad de estar en contacto con familiares y amigos.

Nada nuevo si se recuerdan los pedidos y reclamos de casi todos los sectores privados para que el Gobierno flexibilice el aislamiento, incorpore más sectores a los exceptuados y permita un retorno de las actividades con las lógicas medidas de cuidado y los protocolos adecuados para evitar que el virus se descontrole.

Para reforzar este reclamo se puede hacer referencia a un sondeo realizado a comienzos del mes de abril por PwC Argentina que revela que el 15% de las 150 empresas que respondieron dejó de operar por el aislamiento social preventivo y obligatorio, otro 59% ha disminuido sus ventas, un 22% continúa funcionando con normalidad y sólo un 4% ha incrementado sus ingresos. Del total de las compañías encuestadas, el 74% registra una caída en su nivel de actividad, tanto en el sector de servicios como en los de consumo masivo e industrial.

Datos que avalan un pedido que ya es unánime y que parte de la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara Argentina de Comercio (CAC), entidades representativas de sectores como gastronómicos, turismo, el entretenimiento, los servicios financieros y públicos, el campo, centros comerciales.

Casualmente, durante la jornada de este miércoles se conoció un nuevo pedido del sector del comercio que genera el 65% del valor agregado y del empleo privado registrado del país, para analizar variables que permitan recuperar la normalidad.

Ejecutivo Nacional (PEN) implementó para cuidar la salud de la sociedad, pero en la que también se pide coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo.

La carta habla ya de parálisis comercial y económica como otro "grave flagelo" que, de no tratarse de la manera adecuada y en el momento oportuno, puede tener consecuencias devastadoras. Por eso, la CAC, casi a modo de ruego, le solicita a Alberto Fernández que, si va a prolongar la cuarentena, se amplíen las actividades consideradas esenciales.

Como en la encuesta de Kantar, los comerciantes advierten también sobre la necesidad de que se generen ingresos para los empleados del sector, al tener en cuenta que se trata de "una preocupación de primer orden para la ciudadanía toda y muy especialmente de los empleadores y los empleados".

Caso contrario, los comercios anticipan que muy probablemente se produzca el cierre definitivo de muchos establecimientos y la desocupación se tornaría masiva, con el desborde social y el descontrol público que ello implicaría.

Por eso le piden al Gobierno la creación de un comité de crisis conformado por las autoridades, los gremios, las áreas de sanidad, economía, producción y trabajo para consensuar y confeccionar protocolos de higiene y salud que ayuden a liberar las actividades.

"Esto permitiría, de forma paulatina y administrada, ir poniendo en marcha la actividad comercial y, por su intermedio, la economía en general, privilegiando en todos los casos la salud de los trabajadores, empleadores y clientes, y, de esta manera, la de la totalidad de la población", argumentan los comerciantes.

También los gremios, los gobernadores y los intendentes de todo el país se unen al pedido de menores restricciones para permitir lo que será una lenta reactivación industrial y del poder adquisitivo de la población.

Es más, en la encuesta de Kantar se observa cómo también crece la cantidad de gente que al momento de comprar presta mayor atención a los precios que llega al 56% contra el 49% de fines de marzo pasado. Es más, a mediano plazo, el 85% de la gente piensa que tendrá que ser más proactivo en su planificación financiera, siendo los menores de 35 años de nivel socioeconómico medio-bajo los más pesimistas sobre la velocidad de la recuperación.

Igualmente, las consecuencias económicas de las medidas de aislamiento cruzan a la mayoría de las personas, en todos los segmentos de edades y de ingresos, y hasta pueden generar nuevos hábitos de compra que perduren en el tiempo si se tiene en cuenta que el 40% de los consultados dice que va a incrementar sus compras online y usar los medios de electrónicos a la hora de pagar.

El cambio de opinión de la sociedad seguramente fue tema de conversación en la cumbre que se llevó a cabo en la quinta presidencial de Olivos durante la tarde-noche de este miércoles 22 de abril.

Un encuentro entre el Presidente y 11 de sus principales ministros y funcionarios vinculados al estudio del coronavirus tanto desde lo sanitario como desde lo económico. Desde el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pasando por los ministros Matías Kulfas; Martín Guzmán; Gabriel Katopodis; Claudio Moroni y Ginés González García, entre otros.

Según algunas fuentes, la decisión sería extender por otros 15 días el cepo sanitario obligatorio, llegando así al 14 mayo. Pero, atendiendo a los pedidos empresarios y al hartazgo social, habrá una mayor flexibilización de actividades, en especial en el interior del país para, de este modo, hacer caso a las señales de la sociedad y evitar mayores riesgos económicos.

Más que nada porque no hay certezas de que el mercado laboral pueda sostener su actual realidad, con miles de casos de reducción salarial, atraso en los pagos, suspensiones y amenazas de despidos masivos a pesar de la existencia de un decreto presidencial que prohíbe expresamente las desvinculaciones laborales por 60 días contados a partir del inicio de la cuarentena.

Los casos más preocupantes se dan en cadenas de comidas rápidas y restaurantes; el sector de venta de electrodomésticos y casas deportivas, entre otras, que casi no pueden trabajar. Lo mismo ocurre en la mayoría de las terminales del sector automotriz y autopartes; en los servicios relacionados con la recreación, y el turismo.

La construcción encabeza el podio de despidos por sector, comandados por el caso Techint, mientras que otras industrias como la metalúrgica que cerró un acuerdo con el gremio para suspender despidos por 120 días a cambio de reducir el salario al 70% a unos 126.000 trabajadores. En ese mismo sentido, el sector de hidrocarburos también frena despidos a cambio de salarios al 70%.

El problema se da porque sólo 32,8% de los trabajadores (2,1 millones de personas) está plenamente operativo en actividades esenciales y otro 39,6% (2,5 millones de personas), se desempeña en sectores inactivos por imposibilidad de funcionar.

Pero más allá de estos acuerdos, queda claro que la guía para el corto y mediano plazo no pasa por extender las medidas tomadas hasta ahora para evitar este posible escenario de derrumbe económico del país.

No serán suficientes si hay una nueva extensión en el tiempo del cepo sanitario obligatorio ya que se trata de ayuda para marzo y abril, pero no para los próximos meses en los cuales se supone que también la mayoría del país seguirá viviendo en el encierro.

Andrés Sanguinetti