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Coincidimos en que la tecnología puede ser muy útil en esta fase de la pandemia, para rastrear posibles contactos de los contagiados y, llegado el caso, aislarlos.
Nos preocupa, sin embargo, el uso que el Gobierno pueda darle a esta enorme cantidad de datos sobre los ciudadanos a los que tendrá acceso.
El Gobierno va a saber la ubicación geográfica de cada usuario en todo momento, sus datos sanitarios (provistos por cada usuario) y tiene autorización para compartir algunos datos con redes sociales, como Facebook, entre otras autorizaciones.
Al ser obligatoria, y al no haber una explicación detallada de sus alcances, proponemos que un comité de expertos analice la aplicación desde su código fuente.
Y pedimos, además, la presencia de fiscales informáticos en los centros de monitoreo que alimente esta aplicación.
En ambos casos propondremos los nombres a integrarse.
Consideramos, además, la obligatoriedad de la participación en el proceso de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), dependiente de la Corte Suprema de Justicia, ya que son los únicos autorizados en nuestra legislación para intervenir en el seguimiento y geolocalización de las personas.
Muchos países están lanzando apps de este tipo, con objetivos similares a los de CUIDAR. Y en todos se ha generado un debate sobre sus alcances, por la sensibilidad del tema y la capacidad del mal uso de la información.
Pedimos transparencia y apertura de la información para que no haya ningún tipo de dudas respecto a la utilización de datos de los usuarios, y más aún cuando se trata de derechos y libertades individuales.
Firmantes: Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio
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