Unas diez entidades, asociaciones y cámaras que integran la cadena agroindustrial argentina decidieron expresarse de manera conjunta este jueves -por medio de un comunicado- para rechazar la intervención del Gobierno sobre la empresa Vicentin.

"En medio de una crisis económica nacional muy grave consideramos que el Estado debería utilizar sus escasos recursos en otra dirección y enfocarse en generar políticas públicas fomentando las inversiones privadas en este sector", apuntaron.

Para las entidades firmantes -entre las cuales se encuentran ACSOJA, MAIZAR, ARGENTRIGO y ASAGIR- de esta manera "se beneficiaría el crecimiento de las cadenas, lo que tendrá un enorme y positivo impacto en toda la economía del país".

El planteo va en línea con la posición de la Asociación de Empresarios (AEA), la Asociación de Bancos (AEA), la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y los diputados del bloque de Roberto Lavagna.

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"La intervención estatal genera incertidumbre e implica el riesgo de distorsionar los precios", advierte el comunicado que también fue firmado por ABC (blueberry), CLERA (legumbres), ARG (arroz), CAA (algodón y alfalfa) y CAM (maní).

El comunicado no es menor ya que se trata de las diez cadenas agroindustriales más importantes del país que, además, recordaron que estos sectores funcionan hace muchos años en competencia adaptándose a las exigencias de los consumidores.

"Las empresas públicas tienen prioridades diferentes a las compañías privadas dado que no están sujetas a la necesidad de renta. En el pasado la mala experiencia de la Junta de Granos es una dolorosa prueba de ello", sostuvieron recordando la década del ‘80.

"En el mundo los Estados han dejado de intervenir en el comercio de granos dado que es de alto riesgo comercial y financiero por lo que las empresas deben asumir esos riesgos sin generar costos a los Estados", agregaron las diez cadenas agroindustriales.

En este sentido, CIARA-CEC también manifestó su preocupación por la intervención en Vicentin. "Los planteos sobre la soberanía alimentaria no condicen con la realidad dado que el mercado interno argentino representa el 15% de la producción total", señalaron.

En el primer semestre de este año las empresas agroexportadoras nucleadas en CIARA-CEC liquidaron casi 7.000 millones de dólares. "El ingreso de divisas está altamente controlado y es anticipado antes de que se produzcan los embarques", afirmaron.

"La intervención estatal no es el mensaje adecuado para la comunidad empresarial, ya que, si no se consigue brindar certidumbre, el acceso al financiamiento internacional será muy difícil y el ingreso de divisas se pondría en riesgo", añadió la entidad.

Según cálculos de analistas privados, de los 26.627 millones de dólares que ingresaron las compañías agroindustriales en 2019, unos 23.000 millones de dólares se lograron a través de la prefinanciación de exportaciones (una herramienta clave para el sector).

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Los especialistas estiman que, sacando a las empresas agroindustriales que poseen cuentas propias, peligran actualmente entre 11.000 y 12.000 millones de dólares que tienen proyectado prestar este año los bancos a diversas firmas que operan en el país.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), en tanto, afirmó este viernes que "el objetivo final no debe ser la expropiación, sino garantizar una mejor negociación entre acreedores, trabajadores y grupos económicos interesados en adquirir la firma".

La Cámara de Biocombustibles (CARBIO) también se expresó: "Hay que respetar la división de poderes emanados en la Constitución de modo de no generar inseguridad jurídica cuestionando la propiedad privada que aleja las inversiones", comentaron.

Por el contrario, los sindicatos más importantes del sector rural apoyaron la intervención de Vicentin. "Al hacerse cargo el Estado de la situación se lleva certidumbre a los trabajadores", dijo Pablo Palacio, titular del Gremio de Recibidores de Granos (Urgara).

"Confiamos en que se pueda generar un marco regulador con la protección necesaria a los activos de Vicentín", indicó Palacio, para luego agregar que "los funcionarios que actuaron y dieron los créditos a una empresa insolvente van a tener que rendir cuentas".

En la misma línea, Ramón Ayala, titular del Gremio de los Peones Rurales (UATRE), manifestó que "los productores se verán beneficiados con esta medida que asegura el funcionamiento de esta estratégica empresa en un amplio sector de nuestra economía".