A medida que pasan los días de cuarentena, cada vez son más las consecuencias a raíz de la crisis económica por el coronavirus. Esto provoca que, entre todos los gastos, haya que elegir entre qué se paga o qué no, sabiendo afrontar las consecuencias. Entre esa selectividad, dejaron de pagar las expensas y, de esta manera, ya el 50% de los porteños adeuda el impuesto.

Así lo detalló la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH) en un nuevo informe que realizó, en el que destacó que la mitad de los habitantes de la Ciudad debe las expensas. Esto se debe a que en algunos casos es más difícil cobrarlas, pero en otros la gente directamente no tiene plata para abonarlas. Además se le suma el incremento que ronda entre el 30 y el 40 porciento.

La emergencia sanitaria y las dificultades para informatizar un sistema que venía, en su mayoría, manejándose en papel hacen difícil el cobro de expensas. El Gobierno de la Ciudad dictaminó que mientras dure la emergencia sanitaria la entrega de liquidaciones en formato físico está suspendida, excepto para quienes no puedan recibirlas online.

Pero, como muchos consorcistas no usan homebanking, no les queda otra que hacer fila en el banco o pagar por canales de cobranza presenciales, que les exigen un código de barras impreso. “No todos tienen una impresora en sus casas, o la facilidad para hacer trámites por Internet. Nos dimos cuenta de que a mucha gente se les complica adaptarse”, explica a Clarín Alicia Giménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA).

Los aumentos mes a mes tampoco ayudan. Entre marzo y abril, el aumento fue del 4,7% en los edificios de vivienda, según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, que la destaca como el servicio con mayor suba. El incremento acumulado en los últimos doce meses supera el 40%. Eso pese al plan del Gobierno porteño lanzado en 2018, que buscaba reducir el monto de las expensas al espaciar la realización de ciertos controles y eliminar trámites innecesarios.

Pero los gastos comunes siguen subiendo, en parte, por la inflación, que impacta tanto en la compra de productos de limpieza como en el pago de seguros y servicios. Y especialmente, dicen los administradores, por los sueldos y cargas sociales de los encargados de edificio, que, según la AIPH, pueden representar hasta el 60% de los gastos fijos de un consorcio.

“Todos estamos expectantes a que nos confirmen quiénes son los beneficiarios del ATP (el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción), para que puedan pagar el 50% del sueldo. Así quedaría cubierto un 30% de las expensas y sería un alivio importante. El mes pasado fueron pocos los administradores de nuestra asociación que pudieron acceder al beneficio”, explica a Clarín Matías Ruiz, presidente de la AIPH.

Por otra parte, los edificios de oficina registran una deuda mayor, de entre el 40% y el 50%, aunque en abril había sido aún peor, de entre el 50% y el 60%. “Muchos no pudieron acceder a la liquidación por no poder ir a trabajar y por eso no pagaron. En una vivienda, en cambio, es más fácil saber cuánto se debe. Pero a medida que se flexibilizó la cuarentena y pudieron retornar muchos profesionales, los pagos fueron efectivizados”, precisa Ruiz.

Además de su valor siempre en ascenso, hay otro factor que incide en la morosidad en los gastos comunes: el interés relativamente bajo, en torno a un 3,6% por mes. Y el hecho de que, si no se abonan, no se da de baja ningún servicio. Los inquilinos terminan asumiendo el pago de ese extra aunque no les corresponda, porque en gran cantidad de consorcios no se separan las expensas ordinarias de las extraordinarias.