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La iniciativa parlamentaria es de la Defensoría del Pueblo, cuyo titular es Alejandro Amor, y está siendo considerada en comisiones parlamentarias de la Ciudad, que efectuarán otras consultas multidisciplinarias antes de emitir dictamen sobre esta propuesta legislativa.
Lo que se propone es institucionalizar una prestación económica inmediata a la que puedan acceder las víctimas del delito de trata de personas, a fin de ayudarlas a reencauzar sus vidas con una fuente de ingresos.
El proyecto fue explicado y defendido en la reunión (realizada por videoconferencia) por la defensora del pueblo adjunta, Bárbara Bonelli, y la secretaria general de ese organismo, Silvina Penella. También expuso la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Pamela Malewicz.
De las deliberaciones tomaron parte también los diputados Laura Velasco y Victoria Montenegro (FdT), que presiden las comisiones de Mujer y de Derechos Humanos, respectivamente; Ana María Bou Pérez, Victoria Roldán Méndez y Matías López (VJ) y Marcelo Guouman (UCR), entre otros.
Según estadísticas leídas en la reunión por funcionarias de la Defensoría del Pueblo, en 2018 el Gobierno de la Ciudad asistió a 158 víctimas de trata; en 2019 fueron 142 y, en lo que va del año actual, extraoficialmente al menos 90.
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