El Senado difundió este jueves el dictamen del proyecto de reforma judicial con las modificaciones anunciadas en el plenario de comisiones, con el objetivo de aprobarlo el jueves 27 en el recinto y esperar que Diputados reúna los votos para sancionarlo antes de fin de año.

Pero el texto sumó otro retoque que había pedido en la primera reunión Oscar Parrilli, y consiste en incorporar al protocolo de actuación de los jueces federales la obligación de comunicar ante el Consejo de la Magistratura "cualquier intento de influencia" en sus decisiones de poderes "mediáticos".

El proyecto original reducía las posibles presiones a los poderes políticos, económicos, judiciales, legislativos o del Poder Ejecutivo, pero Parrilli quiso sumar a los medios como posible condicionantes de los magistrados y lo consiguió.

En los plenarios constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez lo acusaron de querer coartar la libertad de expresión, un debate que seguirá en el recinto remoto de la Cámara alta. El dictamen se demoró todo el jueves por la trabajosa redacción de la redistribución de los juzgados federales, que como anticipó LPO fue una condición de las senadores para apurar la ley.

Se cambió el reparto de los juzgados y se incorporó un capítulo para crear Cámaras Federales de Apelaciones y Tribunales y Orales en las provincias donde escasean o directamente no hay. Varios gobernadores pusieron el grito en el cielo cuando vieron que, como estaba la reforma, tendrían más juzgados en sus provincias pero continuarían viajando a otras para presentar apelaciones.

Otro capítulo que llevó mucho tiempo de conformación de un tribunal de resolución de conflictos de competencia entre los juzgados en lo civil y comercial y el fuero contencioso administrativo. El proyecto los fusionaba pero la mayoría de los expositores se opuso y los senadores optaron por un camino intermedio para definir donde recaerán las causas.

El texto original del proyecto reducía las posibles presiones a los poderes políticos, económicos, judiciales, legislativos o del Poder Ejecutivo. Parrilli pidió sumar a las mediáticas y lo consiguió.

El flamante tribunal será integrado por 3 magistrados titulares, 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal entre sus miembros y 1 por la Civil. Tendrán la misión de "emitir la resolución definitiva en cada causa sujeta a su conocimiento en el plazo legalmente previsto para el dictado de sentencias interlocutorias del tipo de proceso del que se trate, computado desde la recepción del expediente".

El resto de los planes de Alberto Fernández para Comodoro Py no se alteró: se fusionan los tribunales criminales y correcciones con los penales económicos, se suman 23 juzgados hasta alcanzar 46, encargados de investigar las causas por corrupción. Tendrán 17 tribunales orales: los doce existentes de ambos fueros y otros cinco que crea la ley.

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Los 23 jueces nuevos se cubrirán el primer año mediante un sistema de subrogancias especial, coordinado por la Cámara Nacional de Casación y el Consejo de la Magistratura, que elegirá a los concursantes con dos tercios de sus miembros, una mayoría que no tiene el Gobierno.

El protocolo incluirá un examen oral y público, la entrevista no podrá ser valorada en más del 15% del puntaje final, pero continuarán las pruebas escritas, que habían sido excluidas del proyecto y los conocedores de Comdoro Py aseguran que son controladas a gusto por el Colegio de Magistrados.

Aunque señalan que estos perderían poder con el cambio del sistema de sorteos de la causas que definieron los legisladores: serán manuales y "grabados mediante medios técnicos, para garantizar la transparencia de éstos, bajo apercibimiento de nulidad. Las partes tienen derecho a solicitar la compulsa posterior", dice el texto.

Otros de los cambios fue que no se trasladarán las secretarías "que instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad. También se protegió la especialidad del régimen penal juvenil. No se alteró el artículo que conserva la causas en su juez original, incorporado en el texto original para evitar acusaciones de impunidad de la oposición, que llegaron de todos modos.

El oficialismo no cedió en un reclamo unánime de los expositores de multiplicar las fiscalías para facilitar la implementación del sistema acusatorio, que le asignan la instrucción de las causas. "Esta es una reforma gradual y progresiva. Estamos dando herramientas para mejorar el servicio de justicia. La Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales", anunció el bloque oficialista.

La bicameral la preside la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y volverá a reunirse el miércoles para escuchar al fiscal federal de Salta, uno de las provincias donde funciona el sistema acusatorio junto a Jujuy. Este año estaba previsto en Rosario y Mendoza. El proyecto obliga a implementarlo en la Ciudad durante los próximos 2 años pero crea sólo 28 fiscalías y 11 defensorías. En el interior se abrían 85 y 23 pero se agregaron algunas más.

El otro capítulo de la reforma que casi no tuvo objeciones en las comisiones fue la transferencia de competencia penal no federal a la justicia ordinaria de la Ciudad, una deuda de la ley que definió la autonomía. Deberá realizarse en tres años.