En economía, como en muchas otras cuestiones de la vida, no sólo importa lo que se hace, si no, además, el orden, la secuencia en que se hace.
El gobierno del presidente Fernández heredó del gobierno del presidente Macri, entre otras cosas, la necesidad de renegociar la deuda externa tanto con acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional.

Pero también heredó de “sí mismo” una crisis cambiaria derivada del brusco cambio de expectativas provocado por su triunfo electoral, primero en las PASO de agosto y luego en la elección general.

En la Argentina, país dolarizado de hecho, crisis cambiaria es crisis de deuda, y crisis cambiaria es crisis inflacionaria.

La “secuencia” elegida por el Ministerio de Economía para enfrentar estos problemas era la siguiente: primero, el arreglo con los acreedores externos privados. Ese arreglo, al alejar la necesidad de dólares para pagar de deuda en los próximos años, modificaría las expectativas, aliviando la crisis cambiaria. Luego vendría la “segunda dosis” como refuerzo, el acuerdo con el Fondo que, al brindar un horizonte multianual de convergencia fiscal “tranquilizaría” aún más la economía y, a partir de esa calma, sin pagos de deuda pública a la vista, se podrían levantar las restricciones en el mercado de cambios, sin un aumento mayor en el precio del dólar oficial, superando así la crisis cambiaria, la inflacionaria derivada de la pérdida de valor del peso y la de deuda, para empalmar con una senda de inversión y crecimiento.

Pero como el amable lector y la amable lectora ya saben, esta secuencia se vio alterada por la irrupción de la pandemia y su “solución”: la parálisis de la economía.

En ese contexto, el arreglo con los acreedores externos privados se demoró más de la cuenta, para poder imponer, como se mencionara, un esquema agresivo que alejara la necesidad de pagos durante el primer mandato del presidente Fernández. La renegociación con el FMI se postergó ante la imposibilidad de armar un programa creíble de mediano plazo (que permitiera también en este caso, no necesitar dólares para pagar deuda en los próximos años), y el descalabro macro generado por la subestimación de los efectos de la emisión monetaria sobre la brecha cambiaria y, al final del día, sobre el saldo comercial y la tasa de inflación profundizó la pérdida de reservas y la necesidad de aumentar, en lugar de aliviar, las restricciones en el mercado de cambios. Simultáneamente, la política comenzó a ratificar su vocación de “retomar” el programa del 2011-2015, y el armado de los ministerios explicitó un serio problema de management y gestión.

Todo esto, en lugar de tranquilizar la economía, empeoró la situación. Las expectativas negativas se profundizaron y sin un ancla macroeconómica respaldada en un acuerdo con el Fondo, la renegociación de la deuda con privados fracasó. La Argentina salió del default de sus títulos de deuda, sin lograr mejorar el precio de sus bonos, sin bajar la tasa de interés implícita en los mismos, y sin lograr acceder nuevamente al mercado de capitales internacional (en un mundo de hiper liquidez y tasas bajísimas, nadie quiere deuda argentina). La crisis cambiaria se profundizó, la inflación se aceleró, y sólo el hecho de abandonar las restricciones a la movilidad (por decisión o por imposición de la realidad), ha permitido un insuficiente rebote de la actividad económica.

De aquel programa “tranquilizar” no ha quedado nada, al punto que el ministro ya no lo menciona, y ahora estamos en la “maldición del año impar”, hay que ganar las elecciones y ello implica para el oficialismo imponer el “plan postergar” (aunque “declamando” querer ser más cuidadoso con la emisión de pesos).

Pero, como reza un viejo proverbio chino, “no hay nada que el no hacer no haga” y, en este caso, postergar tiene como resultado que las expectativas negativas no se reviertan y que, por lo tanto, la respuesta a la crisis cambiaria, inflacionaria lleva a más intervencionismo y restricciones, que impiden revertir la ausencia de inversión y empleo del sector privado. Asimismo, el plan postergar resulta relativamente incompatible con un acuerdo con el Fondo rápido que se convierta en la “primera dosis” del cambio de expectativas.

En ese aumento de restricciones para reducir la presión sobre las cuasi nulas reservas del Banco Central, se inscribe la pretensión de que las empresas privadas renegocien su deuda externa en los mismos términos que el Estado nacional y si no, que canalicen sus pagos por el mercado “libre”, sin afectar las reservas. El Banco Central está condenando a las empresas con deuda externa que vence este año (se estima unos 3.000 millones de dólares) al default, o a una renegociación agresiva, que dificultará en el futuro su acceso a crédito nuevo reduciendo el monto disponible para invertir. O, alternativamente, a vender sus productos al dólar oficial, pero pagar su deuda al precio del dólar libre.

No contento con destruir el mercado de deuda pública, el Gobierno se empeña en ampliar su metodología a la deuda de las provincias y la deuda corporativa.

Sumado a todo esto, ha trascendido que, además, se pretende prolongar el default contractual con las empresas de servicios públicos, al menos hasta después de las elecciones de medio término, aumentando subsidios o agravando la situación de caja de las empresas.

En síntesis, hasta acá, la “exitosa” renegociación de la deuda pública con privados, sin programa detrás, está dejando a la Argentina y sus empresas sin acceso al mercado de capitales internacional, al menos hasta que se unifique el mercado cambiario y todos operen con el mismo precio del dólar.

Y en esta escena irrumpe YPF. Vaciada en su momento para pagar la “argentinización” con sus utilidades, y luego estatizada, se tuvo que endeudar para compensar el capital que le habían sacado para pagar su traspaso a “expertos en regulaciones”, y poder seguir operando. Con ingresos principalmente en pesos (con precios controlados por la política), también ha sido obligada ahora, como al resto de las empresas, al default, o a una renegociación agresiva de su deuda que la deja sin acceso al crédito para ampliar su capacidad productiva, y sin aportes de capital, dado que su principal accionista es un Estado quebrado.

Queda claro, entonces, que el programa para la campaña electoral del 2021 incluye, entre otras cosas, más controles y restricciones para ver si se llega sin tener que unificar el mercado de cambios. Seguir pateando para adelante la readecuación de los contratos de servicios públicos, y “pegarse un tiro en los pies” en el mercado de capitales ante la imposibilidad de encarar un programa macroeconómico que mejore la cotización de los bonos argentinos, reduzca la brecha cambiaria y haga viable la actividad privada, para generar empleo y reducir, en serio, la pobreza.