La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó este jueves que se archive por inexistencia de delito de parte de la investigación en la causa por el Vacunatorio Vip y por la que está imputado el exministro de Salud, Ginés González García.

Capuchetti explicó que no existe un delito penal que castigue a un funcionario público por haber otorgado “tratos especiales”, como los que se investigaban en esta causa, a quienes de todos modos cumplían con los requisitos para ser considerados dentro de alguno de los grupos prioritarios. Lo denunciado eran privilegios a la hora de recibir vacunas contra el coronavirus dados a funcionarios, exfuncionarios y amigos del poder.

El archivo, de todos modos, fue “parcial”. Capuchetti cerró el caso respecto de la mayoría de las dosis aplicadas con privilegio, pero seguirá investigando al exministro de Salud Ginés González García por las vacunas que recibieron las hijas de Eduardo Duhalde y tres personas más.

El pase a archivo de la causa no implica el sobreseimiento de los imputados, entre quienes se encuentran González García, su exsecretario privado Marcelo Ariel Guille, su exjefe de gabinete Lisandro Bonelli y el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos de Salud, Alejandro Collia. Un archivo no es definitivo y la causa completa podría reabrirse.

El expediente se abrió tras los dichos del periodista Horacio Verbitsky, quien confesó al aire, en un programa de radio, que gracias a su amistad con González García había recibido la primera dosis de la Sputnik V. Sus dichos provocaron un aluvión de denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py, que se acumularon en el juzgado 5, a cargo de Capuchetti. El fiscal de la causa es Eduardo Taiano.

La jueza Capuchetti consideró que “prácticamente todos” aquellos que conforman el listado de 70 personas cuyas vacunaciones se cuestionaron, a excepción de algunos casos puntuales (que se seguirán investigando), se encontraban dentro de los grupos que tenían prioridad para recibir su dosis, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque eran mayores de 60 años.

En sus fundamentos, el fallo agregó: “La decisión de que esos grupos se relacionen de manera simultánea (y no secuencial, como ocurrió en otros países) fue tomada por la Administración Nacional en base a una expresa recomendación efectuada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain). La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho, recientemente, que no es justiciable la conveniencia de una medida adoptada por otro Poder del Estado y que la magistratura carece de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública”.

En este sentido, al considerar que no hay un delito penal que castigue a un funcionario público por haber otorgado tratos especiales, la jueza consideró: “Interpretar algunos tipos penales de la parte especial del Código Penal para que forzosamente encajen en las conductas denunciadas se apoya exclusivamente en una interpretación extensiva de los tipos penales y pasa groseramente por alto el carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal, como así también el hecho claro, conciso y evidente de que las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario por la Res. 2883/20, que expresamente establecía la posibilidad de avanzar simultáneamente entre las diferentes etapas tal como lo recomendaban los especialistas”.

La jueza insistió en que “la conducta moralmente reprochable de un funcionario, que realiza una gestión para que personas allegadas reciban un trato especial en la aplicación de la vacuna, encuentra un gran problema relacionado con la carga emocional con la que percibimos esos hechos”.