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Este martes la Comisión de Defensa de la Cámara baja fue convocada para tratar una serie de temas como la declaración como veteranos de la guerra de Malvinas para la tripulación del buque aviso Comandante General Irigoyen, como así también entregar medallas a ciudadanos que actuaron en la Guerra del Atlántico Sur.
Pero en el temario de la convocatoria de la comisión que preside el diputado opositor Alberto Asseff figura también un proyecto destinado a generar polémica: la creación del servicio militar obligatorio comunitario para ciudadanos que no trabajan o estudian.
La iniciativa fue presentada el 5 de mayo pasado, por el diputado salteño Carlos Zapata, del monobloque Ahora Patria, que integra el interbloque Juntos por el Cambio, y muy allegado al exdiputado nacional Alfredo Olmedo, quien durante su paso por la Cámara de Diputados impulsó iniciativas en el mismo sentido.
La propuesta de Zapata apunta directamente a los “Ni-Ni”. En efecto, tiene como objetivo incluir a quienes no trabajan ni estudian, pero el detalle clave es la obligatoriedad para participar del sistema. La cual comprenderá a todos los ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados, y a diferencia del tradicional servicio militar, incluye a varones y mujeres. Pero solo aquellos y aquellas que no tengan la posibilidad de estudiar o trabajar. Todas estas personas serán incorporadas a las fuerzas armadas “con la finalidad de contribuir a su desarrollo personal e inclusión laboral”.
Se deja claro en el proyecto que los ciudadanos que vayan a participar del servicio desarrollarán las actividades que sean necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades. Asimismo recibirán la educación y capacitación en general y en oficios en particular en función de la demanda laboral que se establezca en la reglamentación. Y se apunta además que “no podrán serles encomendadas tareas ajenas al servicio”.
El Servicio Militar Obligatorio y Comunitario para incluir a quienes no trabajan ni estudian será de carácter obligatorio para quienes cumplan este requisito. Tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de un año, salvo las excepciones que determine la ley.
Aquellos que sean convocados para prestar el servicio de conscripción tendrán estado militar desde el momento en que efectúen su presentación ante una autoridad militar, a los efectos de la asignación de destino.
El Ministerio de Educación de la Nación será encargado de desarrollar los planes educativos para los ciudadanos incluidos en el servicio, garantizando la terminalidad educativa; promoviendo diferentes alternativas para finalizar los estudios primarios y secundarios. También la alfabetización, creando planes de estudios necesarios para dar el primer paso en el camino de la educación, aprendiendo a leer y escribir.
Asimismo se encargará el ministerio de establecer las estructuras curriculares que contengan conocimientos teóricos básicos y la práctica de los mismos en materia de Defensa Civil, preservación y cuidado del medio ambiente y acompañante terapéutico, a los efectos de contribuir con apoyos diversos a personas enfermas, frágiles o vulnerables.
También se incluirá la educación vial y la organización de centros comunitarios y centros culturales.
Asimismo se prevé la implementación de currículas con conocimientos teóricos y prácticos en educación técnica con el objeto de garantizar a los ciudadanos incluidos en el Servicio Militar Obligatorio y Comunitario la inserción laboral en tareas tales como: mecánico integral de autos y motos; bobinado de motores; reparación de celulares; electricista; soldador; instalador sanitario y gasista; reparación de PC; albañil y armador y montador de paneles y cielorrasos; carpintería metálica; refrigeración y aire acondicionado; maestro cocinero; estilista, y programador de PC.
La convocatoria comprenderá a todos los jóvenes que hayan cumplido 18 años el 31 de diciembre del año anterior. Aquellos que estén incluidos en el sistema educativo o en el mercado laboral, quedarán automáticamente exceptuados de cumplir lo dispuesto en la presente ley.
Obviamente entonces quedan expresamente exceptuados de este sistema los estudiantes secundarios, universitarios y estudiantes terciarios no universitarios, quienes deberán acreditar que el establecimiento en el que cursan sus estudios se encuentren reconocidos por la autoridad educativa nacional y/o convenios internacionales.
Quedarán también excluidos de cumplir el Servicio Militar Obligatorio y Comunitario a quienes se encuentren a disposición de los tribunales civiles o cumpliendo condena; los que estén en seminarios o conventos en itinerario de formación sacerdotal; las ciudadanas que al momento de la convocatoria hayan concebido o se encuentren en estado de gravidez; y aquellos ciudadanos que hayan contraído matrimonio antes del momento de la convocatoria.
Los ministerios involucrados en esta norma son los de Defensa, Trabajo y Educación de la Nación.
La norma prevé penalidades para quienes al momento de ser convocados no se presenten ante la autoridad competente en tiempo y forma, sin causa justificada. También las habrá para aquellos estudiantes que abandonen sus estudios y no lo pongan en conocimiento de la autoridad competente. En ese caso cumplirán un recargo dentro del sistema de Servicio Militar Obligatorio y Comunitario, que será de dos días por cada jornada de retardo en su presentación, y hasta un año como máximo.
En todos los casos, al concluir el cumplimiento de la conscripción se les ofrecerá la posibilidad de ingresar a las Fuerzas Armadas.
En sus fundamentos, el proyecto observa que el 24,1% de los argentinos de entre 18 y 24 años de edad no estudia ni trabaja, según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, sobre la base de datos publicados por la OCDE.
De tal manera, nuestro país se encuentra dentro del grupo de naciones con mayor cantidad de “Ni-Ni” (ni estudia ni trabaja), pues ocupa el lugar 34° entre las 38 incluidas en el mencionado listado de la OCDE. De hecho, solo están peor Brasil, con el mayor porcentaje de Ni-Ni dentro de los países analizados (35,9%), y por Colombia (34,5%), Turquía (32,2%) e Italia (24,8%).
El proyecto recoge expresiones del director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la UB, Alieto Guadagni, respecto de que de cada 10 argentinos cuya formación alcanzó el nivel terciario, apenas 2 no consiguen empleo. “Pero esta cifra asciende a 4 cuando se trata de personas que no alcanzaron más allá del nivel secundario superior”, advierte Guadagni.
Además de la Comisión de Defensa, el proyecto ha sido girado a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.
“No pretendemos restaurar la ‘colimba’ -aclara el diputado Zapata-. Nuestro objetivo es devolverles a nuestros jóvenes la esperanza a través de valorar la cultura del trabajo y la educación”. Y concluye advirtiendo que “no es lo mismo qué país les dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos le dejamos a nuestro país”.
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