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Circula en las filas de La Cámpora, que lidera Máximo Kirchner, un axioma que explica el difícil momento que le toca afrontar. “Hace falta el pragmatismo para sobrevivir. Después vemos”, es la frase de auto convencimiento entre sus integrantes. Aquel pragmatismo está asociado al camino del ajuste que recién ha comenzado a recorrer el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa. Arrancó con las tarifas.
En las últimas horas su esposa, Malena Galmarini, titular de la empresa estatal Aysa, acuñó una pieza política similar a la del Secretario de Comercio, Matías Tombolini, respecto de la inflación. La dama dijo sobre el suministro del agua que no habrá un ajuste de tarifas. Simplemente una redistribución de los subsidios.
El diputado Máximo bajó la instrucción en La Cámpora acerca de ser en extremo prudentes para hablar de la coyuntura económica. Sería preferible no hablar, como lo hace con método su madre, Cristina Fernández. Habría que preservar a Massa, su amigo y promotor del pragmatismo. ¿Preservarlo indefinidamente? Difícil. Al menos abrirle un crédito de tres meses. Como se le suele conceder a todo nuevo presidente, aunque no lo sea.
La organización, mientras el nuevo ministro se ocupa de la tarea ingrata, pone foco en otros asuntos. El primero: no quedar marginada de las movilizaciones callejeras que hace tiempo son capitalizadas sólo por los movimientos sociales y la izquierda.
Este miércoles participará de la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya proclama es muy difusa. Será en contra de la inflación, como si se tratara de un fenómeno mágico y no profundizado por las políticas del Gobierno de Alberto Fernández. Será además en contra de los empresarios. Se realizará en la Plaza de los Dos Congresos para evitar las suspicacias que genera siempre la Plaza de Mayo.
La Cámpora llega a ese evento con el auspicio de Pablo Moyano. Forma parte del ala crítica en el Secretariado General de la CGT que comparte con Héctor Daer y Carlos Acuña. El hijo del líder camionero (Hugo) ha trabado buena relación con Máximo. Parece sentirse más a gusto al lado de la CTA de Hugo Yasky y de la Corriente Federal de Trabajadores, del bancario Sergio Palazzo, que de los “gordos cegetistas”.
En ese punto se detecta la obligación de un delicado equilibrio de parte de Máximo. Los sindicalistas de la central obrera estuvieron la semana pasada con Massa para convenir el tono de la protesta. No participó Pablo, ni nadie de los otros núcleos. Eso explicaría el tono amable que adquiriría la protesta, al margen de la aspereza que pueda adquirir alguna declaración individual.
El amedrentamiento de La Cámpora
La proximidad de Máximo y Pablo Moyano se produce en otra coyuntura especial. Persisten cerca de media docena de bloqueos en pequeñas y medianas empresas por conflictos sindicales de distinto tenor. En varios de esos casos las actuaciones de la Justicia, para intentar superar los problemas, se ven interferidas por las presiones y el desacato.
Valdría un parangón: La Cámpora comenzó el fin de semana el operativo de amedrentamiento más severo del que se haya tenido noticias contra el Poder Judicial. Está de por medio la continuidad del juicio contra la vicepresidenta por la presunción de favoritismo de la obra pública en beneficio del empresario K, Lázaro Báez.
Tal acción cobró intensidad luego del fracaso de la estrategia de la defensa de Cristina. Consistió en recusar al fiscal Diego Luciani y a los jueces Jorge Gorini y Ricardo Giménez Uriburu, miembros del Tribunal Oral Federal 2. Desde aquella solicitud y el posterior rechazo pasaron menos de doce horas. Demostración, a juicio de los expertos, de la ausencia de musculatura del planteo. Ese aspecto abrió un debate entre Cristina y sus abogados.
El sábado una masiva concurrencia kirchnerista en Parque Centenario cuestionó la realización del juicio. La movida no tuvo a La Cámpora como motor. De eso de encargaron el juez Juan Ramos Padilla y el médico Jorge Rachid. El primero habló de “jueces desbocados”. El asesor de Axel Kicillof en Buenos Aires aludió a una Corte Suprema “criminal y corrupta”. Todos coincidieron en que la vicepresidenta estaría siendo víctima de una persecución.
A la par, La Cámpora hizo un despliegue llamativo y amenazante contra los magistrados que llevan adelante el juicio por la obra pública. No dudaron en colocarle la rúbrica a cada cartel que rezó: “Jueces macristas. Con Cristina no se jode”. Hubo varios en barrios de la Ciudad. Otros, en el primer cordón del conurbano.
Sucedió tras una semana en la cual el fiscal Luciani produjo dos novedades importantes. Ubicó a Cristina, dentro del esquema de su investigación, como figura principal de los hechos de corrupción. Incorporó incluso a Máximo. Al reanudar la sesión ayer el funcionario judicial produjo otra nota: deslindó responsabilidades de los cinco jefes de gabinete que tuvo Cristina en los dos períodos. Entre ellos, paradójicamente, el hoy Presidente y el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura. Ambos declararon como testigos en el juicio.
Sobre Alberto, el fiscal Luciani tuvo en consideración declaraciones de él, formuladas luego de su renuncia como jefe de Gabinete. En ellas aseguró que, antes de irse, le había advertido a la entonces presidenta que se fijara qué ocurría en torno a la obra pública.
En la misma línea de la semana pasada, Luciani describió que aquellos jefes de gabinete pasaron, pero la estructura supuestamente delictiva se conservó intacta durante todo el ciclo K. La conformaron, en especial, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el Secretario de Obras Públicas, José López. El hombre de los bolsos con millones.
Luciani sostuvo que aquella estructura permanente fue la que posibilitó la discrecionalidad con los favores de la obra pública en favor del Báez. Sorteando, incluso, los controles que pudiera realizar el Congreso. En las próximas horas la defensa de Cristina apelará ante la Cámara de Casación el rechazo a las acusaciones.
Ni Cristina ni el kirchnerismo se ocuparon alguna vez de salir en defensa de De Vido. Uno de los principales articuladores de la maniobra, según el fiscal. En cambio llama la atención la permanente militancia en favor de Milagro Sala. Continúan calificándola de “presa política”.
Su ex estrecha colaboradora, Mirta Guerrero, denunció el histórico entramado de corrupción y violencia existente alrededor de la líder piquetera. El fiscal general de Jujuy, Sergio Lello, anunció que habría otro arrepentido con información, al parecer precisa, sobre los movimientos de fondos de Sala. Con cerca de 40 viajes y cuentas en el exterior. ¿Puede existir algún vínculo entre eso y el lavado de dinero denunciado como consecuencia del favoritismo en la obra pública?
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