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El Gobierno denunció penalmente este miércoles a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y otros implicados por incumplimiento de los deberes de Funcionario Público y Dádivas en el marco del vuelo a Lago Escondido.
La denuncia, presentada en la Fiscalía Federal de Bariloche por el ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria a través de una orden del presidente Alberto Fernández, exige que se investigue los hechos vinculados al financiamiento del vuelo que incluye a diferentes personalidades de la Justicia y la política nacional. Se trata de la segunda presentación por el escándalo de Lago Escondido, luego de la realizada por el abogado el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien este martes volvió a presentarse ante la Fiscalía Federal de Bariloche, en Río Negro.
Los apuntados por son el juez Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la SIDE); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergroth (exagente de inteligencia de la SIDE); Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino del CEO sobrino de Héctor Magnetto).
Hertzriken Velasco consideró que teniendo en cuenta la presentación efectuada hace "40 días", cuando se conoció la realización de este viaje a propiedades que el magnate inglés Joe Lewis posee en la zona cordillerana de Río Negro, sea "tenido como acusador particular y parte querellante en el proceso".
"Como ciudadano rionegrino me siento personalmente ofendido por los delitos que el grupo aludido presuntamente cometieron, también como abogado y más precisamente como Presidente de la Fundación de Abogados Querellantes", señaló en su escrito el letrado.
El domingo pasado, trascendió el contenido de unos chats que mantuvieron los involucrados, quienes intentaban coordinar una versión falsa sobre este viaje con la intención de evitar una investigación judicial por dádivas.
Ahora, este viaje está siendo investigado en la justicia, y Hertzriken Velasco calculó que la "dádiva" de los empresarios a los jueces ronda entre los 5.000 y 10.000 dólares.
Por eso, el letrado consideró que la situación amerita sus detenciones ante el peligro de "entorpecimiento investigativo", y también pidió el secuestro de los teléfonos celulares involucrados, el allanamiento de los despachos de los magistrados y los resúmenes bancarios del último mes, entre otras medidas.
En el mismo pedido, el abogado solicitó el desafuero de los jueces y su llamado a indagatoria.
El comunicado del Gobierno sobre la denuncia de Lago Escondido
Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento.
En el escrito presentado por el ministerio de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a:
-Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.
-Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
-Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.
-Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
-Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a:
-Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.
-Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.
-Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
-Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido. Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas.
Según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.
El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Al mismo tiempo evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.
El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, en cuanto a ello, agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”.
Asimismo, el escrito presentado por el ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación. En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artículo 4° de la ley n° 17.516 faculta al “estado” en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artículo 22 de la ley de ministerios (ley n° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza del ministerio de justicia y derechos humanos, como órgano del poder ejecutivo, la facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con el ministerio público”.
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