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La Constitución Nacional de 1853 no establecía un sistema de coparticipación de impuestos, sino que era netamente federalista y cada provincia debía financiarse a sí misma. Pero dado que tenemos este sistema caótico en que el mapa de la coparticipación es inentendible, el punto a debatir es de dónde salen los fondos para financiar los giros quitados que se le deben restituir al gobierno de la Ciudad, según dispuso la Corte Suprema de Justicia.
Cuando el Presidente dice que la plata no está, parece no recordar que está en la provincia de Buenos Aires. Lo que hizo Alberto Fernández fue sacarle recursos recaudados que le correspondía transferir a CABA y se los envió a su correligionario político, Axel Kicillof, para que solucione el problema con la policía de la provincia de Buenos Aires.
Para no ver afectadas sus finanzas públicas, el gobernador Kicillof debería bajar el gasto público por el monto equivalente a la menor cantidad de recursos que va a recibir de la Administración Central.
Es más, el mismo Presidente, junto al pleno de sus ministros, ha firmado varias modificaciones presupuestarias, algunas por decreto por cifras varias veces superior al monto de la sentencia judicial definitiva. No se entiende la razón para que no impulse entonces un ajuste de partidas en el Presupuesto 2023 para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Basta con revisar los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso para darse cuenta de que la excusa de la falta de fondos no es defendible.
No debería existir esa posibilidad de modificar las partidas presupuestarias en forma discrecional, porque en ese caso el Presupuesto deja de tener sentido. Es que los representantes en el Congreso votan en qué se van a gastar los recursos de los contribuyentes y el Ejecutivo tiene que limitarse a asignar los recursos. Caso contrario, se estaría en una monarquía.
La resistencia del Gobierno de cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia es grave porque afecta el corazón de la democracia republicana y deja sin sustento a la economía, porque deja de imperar orden constitucional que establece las reglas de juego que van a imperar en la sociedad.
Se entiende que la población le delega el monopolio de la fuerza al Estado para que proteja el derecho a la vida, la libertad y la propiedad; y para que haga cumplir los fallos de la Justicia.
El Poder Judicial no tiene el poder de policía para hacer cumplir sus fallos. Es el Ejecutivo el que tiene que hacerlos cumplir. Y si se niega a cumplir con los fallos de la Justicia en última instancia, la justicia termina quedando en algo abstracto y se desacredita el imperio de la ley.
Si no hay imperio de la ley, nadie sabe a qué abstenerse, las reglas de juego se convierten en imprevisibles y la arbitrariedad pasa a ser la regla que rige al país, afectando las inversiones en el sector productivo y comercial y el nivel de vida de la población, al no generarse puestos de trabajo.
Para ser justos, ya hace rato que en Argentina las reglas de juego son imprevisibles y por eso la falta de inversiones y la continua decadencia socioeconómica. Pero ahora, el Presidente estaría profundizando el problema.
El valor de las instituciones
Los Estados Unidos no salió de la gran depresión de 1929 gracias a la Segunda Guerra Mundial. Una guerra no crea riqueza, la destruye y asigna más recursos a cuestiones bélicas en lugar de aplicarlos a mejorar el nivel de vida de la población. Lo hizo a partir de que la Corte Suprema de Justicia le puso un límite al presidente Franklin Delano Roosevelt que con su New Deal había establecido una maraña de regulaciones y controles.
Muchos identifican el New Deal con un aumento del gasto público y emisión monetaria para reactivar la economía. No fue así. El New Deal subsidiaba a los productores agrícolas para que no produjeran y de esa manera subieran los precios; prohibió la tenencia de oro y disponía también actas de recuperación de recuperación de la industria y de la recuperación nacional general.
Pero, fue justamente, la Corte Suprema de Justicia, mediante el caso Butler, que declara la inconstitucionalidad de esas medidas, lo que posibilita restablecer las reglas de la democracia, y recuperar la confianza de los agentes económicos. De manera que Roosevelt no podría haber alegado lawfare, como el kirchnerismo alega todo el tiempo cada vez que hay un fallo de la justicia que no es de su agrado.
Es decir, las barbaridades económicas que se hicieron en el New Deal, las cuales la Argentina ha copiado con mucho entusiasmo, fueron frenadas por el funcionamiento institucional. En definitiva, prevaleció el espíritu de los padres fundadores a la hora de respetar el derecho de propiedad y de división de poderes de gobierno.
El futuro de la economía argentina no depende solamente de un buen plan económico, con economistas idóneos que lo lleven adelante y respaldo político. También es fundamental que en la Argentina impere la división de poderes y cada miembro de la sociedad, incluidos los poderes Ejecutivo y el Legislativo acaten lo que dice el otro poder del Estado, el Judicial.
Si impera el límite al poder del Estado, las inversiones fluyen, se crean puestos de trabajo y la población mejora sus ingresos reales. En caso contrario, se acrecienta la por falta de inversiones y consecuentemente no se crean puestos de trabajo de calidad en el ámbito privado.
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