Las primeras medidas de ajuste económico que anunció el gobierno de Javier Milei buscan reorganizar la administración pública nacional, reducir el gasto público, aumentar los ingresos del fisco y sincerar las variables de la economía real. Pero deja intacto, al menos durante estos primeros días, un abanico amplio de “cajas”, que gestionan billones de pesos con los que se financia la política desde hace años.

Esas “cajas” abarcan una larga lista de organismos descentralizados, empresas públicas y privadas y fondos fiduciarios, entre otras variantes que se utilizan para los fines teóricos que fueron creados, pero también sirven para sostener a miles de militantes en todo el país, financiar campañas electorales, solventar gastos personales de funcionarios y desviar fondos a terceros afines, según surge de múltiples investigaciones judiciales y auditorías desarrolladas por organismos de control durante los últimos años.

“El término ‘caja’ es muy amplio. Imaginemos un zoológico con animales muy distintos”, planteó el expresidente y actual vocal titular de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Rafael Flores. “Algunas ‘cajas’ se utilizan para desviar fondos, para la corrupción; otros, para colocar gente propia en el Estado que no cumplen una función o que no son estrictamente necesarios, aunque hay que ver caso por caso”, remarcó.

Hasta el momento, sin embargo, lejos de avanzar sobre las “cajas” de la política, la reducción de la administración pública a nueve ministerios y 54 secretarías que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, representa apenas una merma del 1,2% de los 8678 “ravioles” del Estado nacional, según información pública que procesó LA NACION. Del mismo modo, la eventual derogación del decreto del presidente saliente, Alberto Fernández, que le otorga una custodia vitalicia dentro y fuera del país no mueve la aguja presupuestaria, como tampoco la movería el recorte de choferes o la venta de autos y aviones oficiales anunciada este viernes, o la eventual merma de “cajas chicas”, pasajes, viáticos, teléfonos celulares y otros “amenities” de los funcionarios, más allá de su innegable valor simbólico.

Más ahorrativo podría resultar enfocarse en ciertas “cajas”, dijo el experto en lucha contra la corrupción y gestión presupuestaria, Vicente Monteverde. “Para reestructurar un Estado, primero hay que completar un diagnóstico profundo, un inventario de cómo entregó las cuentas públicas el Gobierno anterior, cuáles son las ‘cajas’, las hendijas y filtraciones por donde se va el dinero”, sostuvo. Y agregó: “Meterse con la ‘casta’, como prometió Milei, es meterse con empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, con fondos fiduciarios que en un momento llegaron a manejar entre 7000 y 8000 millones de dólares por año casi sin controles, con algunos entes descentralizados, con los contratos que distintos gobiernos firmaron con algunas universidades públicas, y con mucho más”.

Entre esas múltiples “cajas”, figuran:

Áreas del Estado nacional que funcionan como “cajas” desde hace años: la Anses, por ejemplo, contó con un presupuesto de casi $13 billones durante 2023; Enarsa, empresa clave para la política energética nacional, algo más de $925.000 millones; el PAMI, cerca de $330.000 millones, además de las más inasibles “partidas confidenciales” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que contó con $9258 millones de presupuesto este año, a los que sumó otros $4400 millones en agosto.

“Cajas” ocultas dentro de organismos descentralizados como la Superintendencia de Servicios de Salud (con gastos corrientes por $46.900 millones este año), o un amplio abanico de empresas del Estado nacional que movieron un total de $1,7 billones este año para cumplir con sus fines específicos, pero que en ciertas ocasiones también sirvieron como nichos para colocar familiares, amigos y militantes, o financiar gastos diversos. Algunas empresas son más conocidas, como AySA ($125.800 millones),

Aerolíneas Argentinas (que recibió una asistencia financiera del Estado Nacional de $72.900 millones según el ejercicio 2022, rubricado en abril de este año) o el Correo Oficial ($96.400 millones), y otras menos conocidas, como Yacimientos Carboníferos Río Turbio ($18.300 millones) o la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA, $15.900 millones), entre otras.

Empresas privadas con participación accionaria mayoritaria del Estado nacional, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que destina fortunas a su directorio, a una larga lista de ejecutivos y a gastos como la pauta publicitaria, que ascendió a $17.088 millones hasta el 30 de septiembre, de acuerdo a los estados contables de la propia petrolera.

Gastos periódicos del Estado nacional que son “cajas” recurrentes de la política, como la impresión de boletas electorales. ¿Un ejemplo? El Estado nacional giró $11.633 millones a las agrupaciones políticas sólo para la impresión de las boletas correspondientes a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año, monto al que deben adicionarse las partidas que giró para las elecciones generales y para el balotaje presidencial, en vez de evaluar la boleta única o el voto electrónico.

Nichos específicos como los Registros de la Propiedad Automotor, botín recurrente desde hace décadas y de todos los gobiernos, incluido el de Alberto Fernández, como reveló Nicolás Pizzi en Infobae, que entregan esos registros a familiares o conocidos, además de reservar una partida del producido por esos registros, y otros “entes cooperadores”, para el pago de sobresueldos entre los empleados del Ministerio de Justicia nacional.

Regímenes tributarios especiales como el de Tierra del Fuego, que tiene un costo fiscal de US$1070 millones al año (equivalente al 0,22% del PBI), según una investigación del centro de estudios Fundar, que estimó que impulsar un plan de diversificación productiva para la provincia podría reportarle un ahorro de US$5900 millones durante el lapso de 11 años y de US$900 millones anuales a partir de entonces, aunque desde esa provincia replican que dicho plan ya está en marcha y que una reforma errónea o apresurada del régimen vigente hasta el año 2038 podría afectar a 20.000 familias.

Fideicomisos: con un presupuesto de casi $1,5 billones repartido en 29 fondos fiduciarios, según el presupuesto 2023 del Ministerio de Economía, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) sólo controlaron a 12 de esos fondos, algunos de los cuales sólo fueron auditados una vez y hace más de 10 años, según verificó TN. Creados en su mayoría para financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte, el listado de fideicomisos incluye de todo.

Desde fondos más conocidos como el “Procrear” o “de Infraestructura Hídrica”, a los de “Integración Socio Urbana”, “Manejo del Fuego”, “Estabilizador del Trigo Argentino” o “para el Desarrollo Provincial” o “para la Recuperación de la Actividad Ovina”, entre otros. Eso sí, con escaso control y menos información. “No todos los fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados”, detalló la Oficina de Presupuesto del Congreso en un informe de enero pasado.
Estas y otras posibles “cajas” de la política corresponden, sin embargo, sólo a la órbita de la administración pública nacional, donde el presidente Milei podría posar la lupa con mayor o menor profundidad durante las próximas semanas, sin apelar a una motosierra, para reducir el gasto público en miles o decenas de miles de millones de pesos.

Pero fuera de su alcance quedarán otras “cajas” de la política con base, por ejemplo, en el Poder Legislativo Nacional, con sus partidas multimillonarias para asesores, empleados y compras que, en años anteriores, incluyeron medallas conmemorativas de oro, lapiceras y pines también de oro, entre otros gastos.

“Sé que es controversial, ¿pero qué pasaría si se analizara a cada legislador nacional como un ‘centro de costos’?”, planteó Monteverde. “¿Qué pasaría si analizáramos su ‘productividad’ en sentido amplio? ¿Y cuántos asesores contrató? ¿Son asesores o amantes o ‘ñoquis’? Y eso, sin olvidar áreas específicas del Poder Legislativo, como la Biblioteca del Congreso. ¿Cuántas personas trabajan realmente allí?”.

También quedarán fuera del alcance de Milei las “cajas” que la política maneja a nivel provincial –sólo en la provincia de Buenos Aires incluye, por ejemplo, la Legislatura, con un presupuesto de $60.000 millones; el Grupo Banco Provincia, IOMA o el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, entre otras–, y municipal, con ciudades grandes como Buenos Aires –que tendrá un presupuesto de casi $4,8 billones en 2024– y distritos más pequeños, como el de Puan, por ejemplo, donde el intendente saliente no les pagó los salarios a los 1300 empleados públicos, pero le giró $83 millones a su agrupación política. No fue un caso aislado.

“Hay fondos fiduciarios que funcionan bien y otros que son un agujero negro; hay empresas públicas y organismos que cumplen su función, bien, a medias o con abusos y desvíos”, abundó Flores. “Pero si quieren ir por el ‘gasto de la política’ y recortar el gasto público, hay que detenerse puntualmente en cada una de esas ‘cajas’ y revisar sus cuentas”.