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Derecho a la Ciudad: cuál es el rol del Ministerio Público de la Defensa porteño en la integración sociourbana

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El derecho a la ciudad plantea el desafío de pensar las ciudades desde la cultura de los Derechos Humanos, de concebir a la ciudad para todas las personas que la habitan sin discriminación, inclusiva y participativa tanto en términos políticos como jurídicos.

El día 26 de diciembre último, la defensora general porteña Marcela Millán presentó al Gobierno de la Ciudad un informe (Exp. N° 47181647) que reseña las cuestiones más relevantes de los procesos de urbanización de los barrios en los que la Defensa Pública interviene desde hace largo tiempo. El objetivo de esta presentación nace de la necesidad de establecer líneas de acción conjunta para atender los problemas que enfrentan diariamente quienes habitan estos barrios populares.

Para ONU Hábitat, el derecho a la ciudad es “el derecho de todas las personas a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”. Esto es, tal como explica el organismo: “una ciudad libre de discriminación por motivos de género, edad, estado de salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, condición migratoria u orientación política, religiosa o sexual, una ciudad inclusiva, participativa — en el definición, ejecución, seguimiento y formulación de presupuestos de las políticas urbanas— con un ordenamiento territorial que garantice el acceso equitativo y eficaz a la vivienda, los bienes, los espacios y servicios públicos de calidad y que, además, promueva la diversidad y fomenten la cohesión social, a la vez que fomente economías diversas que salvaguarden y aseguren el acceso a medios de vida seguros y trabajo decente para todas las personas.

El derecho a la ciudad, entonces, plantea el desafío de pensar las ciudades desde la cultura de los Derechos Humanos, de concebir a la ciudad para todas las personas que la habitan sin discriminación, inclusiva y participativa tanto en términos políticos como jurídicos.

Es desde esta perspectiva que el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad aborda, desde hace más de 15 años, la problemática de la integración sociourbana en los barrios populares que tienen leyes de urbanización —Villa 20, Barrio Rodrigo Bueno y Barrio Playón de Chacarita—, así como en Los Piletones —al que acompañó a presentar el anteproyecto de ley en la Legislatura—. Asimismo, la Defensa Pública trabaja en los barrios Padre Mugica, el Pueblito y Magaldi— dos de los barrios involucrados en la causa “Mendoza”—con los vecinos y vecinas para promover el derecho a la ciudad.

La labor de defensores y defensoras en los tribunales de la Ciudad para asegurar el acceso a la justicia y la defensa en juicio, se complementa y se apoya en el abordaje territorial e interdisciplinario de los tres equipos de Derecho al Hábitat. Éstos desarrollan distintos modos de intervención y acciones específicas para acompañar, asesorar y fortalecer el protagonismo de vecinos y vecinas en el marco del proceso de integración a la trama urbana.

La intervención del Ministerio Público de la Defensa porteño para promover la integración socio urbana pone especial interés en las siguientes cuestiones, entre otras:

a) La necesidad de inversión presupuestaria acorde a la implementación de políticas públicas destinadas a resolver el déficit de viviendas y el avance de obras de infraestructura en cada uno de los distintos barrios;

b) La provisión de infraestructura pública y domiciliaria para garantizar el suministro de servicios básicos, pluviales, energía eléctrica, recolección de residuos y telecomunicaciones;

c) El desarrollo y sostenimiento de espacios participativos en cada uno de los barrios para asegurar que sea escuchada la voz de los vecinos y vecinas en la toma de decisiones relativas al diseño y control de la ejecución de políticas de integración a la trama urbana. Estos espacios se apoyan en el acceso a la información;

d) La implementación de acciones para paliar la emergencia en las viviendas existentes, que pone en peligro la salud y la integridad de sus habitantes y para mejorar la situación de las familias que alquilan;

e) La implementación de políticas tendientes a asegurar la permanencia de los y las habitantes en los barrios y la regularización dominial de la propiedad de las viviendas.

La problemática de la integración a la trama urbana y el derecho a la ciudad, tanto a nivel general como de quienes están involucrados en la causa “Mendoza” y quienes habitan en Ciudad Oculta, Villa 20, Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno, Los Piletones, fue analizada críticamente con la participación de distintos actores y con perspectivas diferentes en los números de la Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad. Esta publicación periódica de la Defensoría refleja desde 2011, la preocupación por pensar y debatir la intervención de los organismos estatales de defensa de derechos en la realidad social.

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