Las dos grandes apuestas del presidente Javier Milei en el comienzo de su mandato son el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y la denominada ley ómnibus, iniciativas con las que aspira a establecer desregulaciones económicas y reformas en múltiples áreas clave.
Se trata de proyectos que provocaron que diferentes sectores de la sociedad afectados en sus intereses expresaran su disconformidad. Estas son algunas de las voces que se manifestaron en contra del nuevo ordenamiento que busca instaurar el jefe del Estado en el marco de su política de shock.
Farmacéuticos
El decreto presidencial 70/2023 introdujo cambios que habilitan a los mayoristas a vender medicamentos con receta y desregula la venta general. La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires expresó mediante un comunicado: “Nuestra institución considera que el medicamento es un bien social y un derecho para lograr una mejor calidad y expectativa de vida, y no un bien meramente comercial”.
A este comunicado se sumaron otras instituciones del área, como la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), y diferentes Colegios de Farmacéuticos y Bioquímicos de Buenos Aires y del interior del país, que en algunos casos incluyeron convocatorias para protestar frente a tribunales, como así también solicitaron medidas cautelares en los tribunales.
Médicos
A través del DNU se estableció que los profesionales de la salud deben redactar las prescripciones sólo con el nombre del medicamento genérico. La Academia Nacional de Medicina y numerosas entidades cuestionaron la medida. Esgrimen que los efectos en los pacientes pueden ser diversos de acuerdo al proceso empleado en cada laboratorio.
Empleados estatales
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada de protesta el lunes 15 de enero, con acciones a definir. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó en la red social X: “Desde ATE ratificamos la Jornada Nacional de Lucha del 15 de enero.
No alcanza con un freno parcial al autoritarismo porque enfrentamos el programa económico de la última dictadura militar. Sólo la calle nos permitirá detenerlo”. Dentro del proyecto de “ley ómnibus” se prevé que los empleados públicos separados de la función serán despedidos si no logran reinsertarse en el plazo de un año. Esta medida se ubica en el contexto de la importante reducción de ministerios que dispuso el presidente Javier Milei. Por otra parte, los contratos iniciados en 2023 y que vencieron en diciembre no fueron renovados.
Pesqueros
La modificación que plantea el Poder Ejecutivo pretende desregular los permisos de pesca, anular la obligatoriedad del desembarco de la producción en los muelles argentinos, a la vez que permitiría licitar las cuotas de pesca a los buques internacionales. El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, aseguró que la modificación que plantea el Poder Ejecutivo nacional “generaría un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”. También expresaron su malestar representantes sindicales y empresas del sector marítimo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y se mostró dispuesto aceptar algunas modificaciones. Desde la Casa Rosada luego pusieron en duda esos cambios.
Bancarios
El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, expresó su fuerte descontento en un mensaje de la red social X: “El DNU y la Ley Ómnibus no son un plan de gobierno, son un plan de negocios”. En cada artículo hay un negocio.” Días después, celebró que la Cámara Nacional del Trabajo aceptara la demanda de la CGT y dictara una cautelar suspendiendo las reformas. Afirmó: “Desde la Asociación Bancaria festejamos esta resolución, que pone un freno a la pérdida indiscriminada de derechos”. Tanto el megadecreto de desregulación económica como el proyecto de ley contemplaba una eventual privatización del Banco Nación y otras bancas públicas.
Cultura
El proyecto de “ley ómnibus” contempla derogar la Ley del Libro, que establece un precio de venta único. Víctor Malumian, editor en Godot y cofundador de la Feria de Editores (FED), aseveró en declaraciones a Télam: “Uno de los malentendidos más comunes es que si se elimina la ley de precio único el PVP (precio uniforme de venta al público) promedio cae, lo cual ha resultado falso en varios países. Lo que sucede es que en un principio vemos ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos, y trasladan ese descuento al público.
“Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios. Es decir, a mediano plazo, no funciona”. Por otro lado, más de 3000 trabajadores y representantes de la cultura se congregaron el pasado 28 de diciembre en el Teatro Argentino de La Plata en un plenario llamado “La cultura está en peligro” para manifestar su rechazo a las nuevas medidas. Estas contemplan el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA), así como la quita de fondos para el Incaa, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
Sindicatos
El decreto golpea el financiamiento automático de los sindicatos al volver voluntarios los descuentos salariales. Se trata de las denominadas “cuotas solidarias” que los trabajadores aportan mensualmente a sus respectivos gremios en forma directa. El decreto sostiene que, para ejecutarse el descuento, la autorización debe realizarse en forma expresa.
También permite a los trabajadores destinar sus aportes a la cobertura médica que deseen y no a la que le corresponde por actividad. La CGT presentó una medida cautelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para revocar estas medidas, la cual fue aceptada dejando en suspenso su aplicación. La central obrera cuestionó también la ampliación del período de prueba laboral de tres a ocho meses, la modificación al esquema de indemnización por despido y la definición de distintas tareas como actividades esenciales, lo cual fue interpretado como una abolición del derecho de huelga.
Abogados
La reforma planteada por el Gobierno prevé la realización de divorcios a través de un trámite directo en el registro civil, sin la mediación de abogados. Del mismo modo, habilita a que los trámites sucesorios queden a cargo de los escribanos. Ricardo Gil Lavedra adelantó el rechazo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
Sector energético
El artículo 298 del proyecto de “ley ómnibus” enviado al Congreso delega en el Poder Ejecutivo la facultad de otorgar concesiones para la explotación de los recursos del suelo, por lo que entra en confrontación con los derechos de las provincias a explotar sus propios recursos que la Constitución Nacional defiende en su artículo N° 24: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. La principal queja se generó en la provincia de Neuquén, donde las autoridades provinciales esperan poder potenciar los recursos de Vaca Muerta, pero otros gobiernos provinciales adelantaron sus cuestionamientos.
Fútbol
En una asamblea de la AFA que se celebró días después del balotaje presidencial y mucho antes antes de que se conociera el DNU dictado por Javier Milei, ante los rumores de lo que estaba por venir, los dirigentes liderados por Claudio “Chiqui” Tapia repudiaron de forma casi unánime la habilitación de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol argentino. Antes y después de conocerse el decreto, jugadores de primera división salieron al campo de juego con pancartas que decían: “El fútbol no tiene necesidades ni urgencias”. Milei afirmó en más de una oportunidad que la habilitación de las SAD permitiría el desembarco de inversiones multimillonarias de “grupos árabes”.
Azucareros y limoneros
El proyecto de ley ómnibus contempla la eliminación de barreras arancelarias para la importación del azúcar, lo que facilitaría el ingreso del producto desde Brasil (principal productor mundial, que tiene menores costos y precios).
El DNU, por su parte, elimina el sistema de cuotas de distribución para consumo en el mercado interno que por ley deben cumplir los productores argentinos.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, convocó al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, a una reunión para abordar la problemática. Por otro lado, se prevé un incremento del arancel del 8% para la exportación de aceite de limón.