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En vísperas del primer paro general convocado por la CGT contra el Gobierno, el oficialismo y el grueso de los diputados de los bloques de oposición dialoguista concretaron esta madrugada en una reunión plenaria de comisiones una señal política de apoyo a la nueva gestión de Javier Milei, con la firma de un dictamen de mayoría –con disidencias- sobre el ambicioso proyecto de ley ómnibus. El debate se estiró cinco horas mientras los libertarios buscaban conseguir las firmas de sus aliados para avalar la iniciativa.
Según pudo constatar LA NACION en la Cámara baja, la redacción del dictamen se negoció entre representantes de la Casa Rosada -con Santiago Caputo a la cabeza- y los sectores dialoguistas en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara baja. Por eso los discursos se sucedieron en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, mientras los alfiles de Milei intentaban convencer a los bloques dialoguistas, que a su vez esperaban ver plasmadas las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores de Juntos por el Cambio y otros como el cordobés Martín Llaryora.
Tras la firma del dictamen de mayoría -con 55 adhesiones, 34 en disidencia parcial-, el oficialismo buscará ahora que la ley ómnibus sea tratada en el recinto de la Cámara baja el próximo jueves. El primer dictamen de minoría fue el del peronismo (Unión por la Patria), con 45 firmas, mientras que los diputados de la Coalición Cívica presentaron una alternativa con tres legisladores y hubo también dictámenes de Mónica Fein y Margarita Stolbizer, y del diputado de izquierda Cristian Castillo.
Los opositores dialoguistas, si bien lograron sonsacarle al oficialismo varias modificaciones al texto, mantuvieron fuertes reparos sobre de algunos puntos claves del megaproyecto, entre ellos la suba de retenciones y la movilidad jubilatoria. Ambos constituyen el corazón del paquete fiscal de la iniciativa, de fuerte sesgo recaudatorio y tendiente al déficit cero, según el gobierno.
Las diferencias explican que, durante el plenario de comisiones, la mayoría de los dialoguistas -que confluyen en Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- decidieran suscribir el dictamen oficialista, pero con disidencias. A tal punto que 34 diputados de ellos firmaron en “disidencia parcial”.
El proyecto de ley ómnibus contempla reformas económicas y en la organización del Estado, en un amplio paquete que el flamante gobierno libertario envió al Congreso para que lo debata en el período de sesiones extraordinarias. El primer paso de ese debate lo está dando la Cámara de Diputados, donde tras la firma del dictamen, está previsto que la iniciativa llegue al recinto el próximo jueves.
Los discursos
“Una inmensa mayoría del cuerpo tenemos la voluntad grande de acompañar al Gobierno y ayudarlo en las reformas necesarias para sacar al país de esta crisis. Pero estamos convencidos que esas reformas no pueden hacerse a expensas del ajuste a los jubilados -arrancó Martín Tetaz (UCR) en el plenario-. Estamos convencidos que esas reformas no pueden incluir aumentos de impuestos a la producción, y mucho menos a las exportaciones”.
Por su parte, el mendocino Lisandro Nieri -quien responde al gobernador Alfredo Cornejo- enfatizó que su bloque “quiere y debe acompañar (el proyecto) pero tenemos límites”. El legislador remarcó los avances alcanzados con el oficialismo, aunque remarcó que resulta “inadmisible” las subas de las retenciones y propició que se revisen los gastos tributarios que benefician, con exenciones impositivas, a distintos sectores de la economía.
En definitiva, la letra final del proyecto recién se conocería una vez finalizada la sesión del jueves. “Habrá negociaciones hasta último momento, incluso durante la sesión en el recinto. Si persisten los desacuerdos la cuestión se definirá en la votación en particular de cada uno de los artículos”, presionaban los dialoguistas, que descontaban que el final está abierto y que la sesión será tan larga como extenuante. Incluso podría deparar sorpresas.
A manera de anticipo, un grupo de diputados “rebeldes” que pertenecen a la UCR y a Hacemos Coalición Federal decidió no firmar el dictamen oficialista. En este lote se inscriben los 6 diputados de la Coalición Cívica –instigados por Elisa Carrió-, Margarita Stolbizer (GEN) y Mónica Fein (socialismo) y una decena de radicales enrolados detrás del diputado Facundo Manes.
Este mosaico de legisladores no termina de digerir los cambios que incorporó el Gobierno en materia de movilidad jubilatoria. Como última oferta propuso indexar los haberes recién a partir de abril próximo y, hasta entonces, preservar la fórmula actual; esto le permitiría al fisco esquivar la actualización de los ingresos en los meses de disparada inflacionaria.
Los legisladores de la Coalición Cívica cuestionan que, mientras el grueso del ajuste propuesto recae sobre los jubilados, el Gobierno elude quitarle privilegios impositivos y fiscales a empresas y actividades, como el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. El jefe del bloque, Juan López, confirmó que presentarán un dictamen propio.
Según la diputada Stolbizer, el proyecto no define las prioridades del Gobierno para el abordaje de los problemas más importantes del país. “No hay un programa de desarrollo productivo (en este proyecto). Tiene una mirada antiindustrial -sostuvo-. Quita retenciones en algunos sectores productivos, pero las mantiene en sectores industriales que crean valor y empleo”, sostuvo la legisladora. “Expresa un direccionamiento muy fuerte hacia grandes empresas, otorgándoles grandes beneficios a los grandes inversores, no así a las PyME”, advirtió.
Desde el radicalismo “díscolo”, Facundo Manes sostuvo que el proyecto “no solo tensa los límites de la democracia por las formas sino también empobrecerán aún más a los argentinos por el fondo”. “No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena”, advirtió. En sentido contrario habló Atilio Benedetti, diputado radical de Entre Ríos.
El desplante de los diputados díscolos al proyecto oficial preanuncia un escenario cargado de suspenso cuando, en el recinto y tras un debate maratónico, los legisladores aborden cada artículo en particular. Es en esta instancia donde los libertarios, en franca minoría aun con el eventual apoyo de Pro, podrían caer derrotados.
Negociaciones frenéticas
Conscientes de los riesgos que podrían correr en el recinto, la Casa Rosada se esforzó ayer por conceder más modificaciones para alcanzar un principio de acuerdo con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Tras ingentes negociaciones accedió a varios planteos –entre ellos que la recaudación del nuevo blanqueo sea coparticipable y que se mantengan vigentes dos fondos fiduciarios provinciales-, lo que permitió destrabar algunos puntos de conflicto. Los libertarios esperaban traducir esos acuerdos en un dictamen de mayoría para garantizarse la aprobación en general del proyecto.
Si bien las diferencias con los dialoguistas persistían al cierre de esta edición, los libertarios descontaban que se alzarían con ese trofeo en las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales, reunidas anoche. El objetivo era doblegar al bloque de Unión por la Patria, que presentaba uno propio de rechazo al proyecto junto con los diputados de izquierda. En total reunían 47 firmas sobre un total de 115 miembros de las tres comisiones.
Los detractores de la llamada “Ley de Bases” de Milei se plantaron duros contra el proyecto. Advierten que son tantas las facultades legislativas que se le delegarían al Poder Ejecutivo con la norma que el presidente podrá gobernar discrecionalmente por dos años; asimismo, advirtieron que los haberes jubilados quedarán licuados con la nueva fórmula de movilidad y que el grueso del ajuste recaerá sobre las provincias y los sectores productivos. También cuestionaron que la intención oficialista de privatizar 41 empresas públicas.
“Esta ley es horrible, invotable -se despachó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez-. La ciudadanía debe saber de qué estamos hablando, qué quieren dictaminar hoy. Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa a un Poder Ejecutivo. Tiene el impacto de ocho leyes Dromi. Dromi es Heidi respecto a este proyecto”.
Desde la izquierda, Myriam Bregman enfatizó que el oficialismo “no tiene los números para aprobar este mamarracho”. “Solo lo podrían hacer con el apoyo de los llamados ‘dialoguistas’. Me gustaría saber si esos dialoguistas dijeron en campaña que le iban a meter la mano en el bolsillo a los jubilados, que iban a reventar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses”, arremetió y los desafió: “¿Estan seguros que van a salir indemnes de esto?”
El resto de los bloques opositores, en cambio, considera que en este escenario de crisis y de disparada inflacionaria conviene concederle al Gobierno las herramientas básicas para reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas públicas. Ese espíritu colaboracionista, no obstante, no es incondicional: aun los diputados de Pro, los más afines a los libertarios, se plantarán durante el debate en particular a la hora de discutir las retenciones, uno de los puntos más conflictivos del proyecto.
Hasta anoche, el Gobierno no hizo nuevas concesiones en este capítulo. En su última oferta accedió a eliminar retenciones en 36 productos de las economías regionales pero mantuvo firme su decisión de subir el gravamen de 31 a 33% en los subproductos de lasoja y el incremento del 12 al 15% en las retenciones para trigo y maíz. Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, estrecharon filas para rechazar estas subas y, de paso, para reclamar más modificaciones en el capítulo sobre biocombustibles, una industria clave para ambas provincias.
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