Una de las pocas certezas de estas horas consiste en que la Cámara de Diputados tratará entre el jueves y el viernes la ley ómnibus de Javier Milei, después de un trabajoso dictamen de comisión. Ese dictamen no garantiza que todo saldrá como está en la ley; en el recinto seguirá la larga discusión de artículo por artículo. La otra certeza es que un país estupefacto, arrasado por la sorpresa y el dolor tras el crimen de Uma Aguilera, una niña de 9 años, hija de un matrimonio de oficiales de la Policía Federal, a manos de una banda de delincuentes de gatillo fácil, no logró conmover a la dirigencia sindical. 

En cualquier otro país, sus líderes gremiales hubieran izado la bandera blanca, por unos días al menos, en señal de luto por la muerte inmensamente injusta de esa niña inocente. Aquí, los dueños de los sindicatos dieron otra muestra de su vieja insensibilidad social, preocupados sobre todo porque están seguros de que los planes de Milei incluyen una reforma laboral y gremial que terminará con los eternos privilegios de la corporación sindical. En síntesis, y más allá de las ideas probables del Presidente, es imposible imaginar un país distinto sin una profunda reforma laboral para cambiar condiciones que se arrastran desde hace 50 años. La conducción sindical no se inquieta por los millones de monotributistas ni por otros tantos millones de trabajadores que no están registrados; trabajan en negro. Están así, a la intemperie y sin ninguna cobertura, por culpa de rancias leyes laborales.

Nadie puede creerles sensatamente a esos dirigentes que están movilizados por la situación de los trabajadores, cuando no se inmutaron durante los cuatro años de Alberto Fernández, los peores desde la recuperación de la democracia para todos los sectores sociales. Saben su debilidad.

Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la CGT, amenazó con escraches públicos a los diputados de la oposición que acompañen la ley ómnibus o el decreto de necesidad y urgencia de Milei. Un hombre con apariencias racionales que se convirtió en otro ser, furioso y violento. También convocaron a una huelga general por medio día. El paro de medio día se debe a que hoy habrá una movilización, y necesitan que los empleados y trabajadores estén retenidos en sus lugares de trabajo para que los camiones y colectivos rentados por los dirigentes pasen a buscarlos para llevarlos al acto. Intuyen, por lo tanto, que una convocatoria voluntaria terminaría en un estrepitoso fracaso.

La resistencia sindical al cambio es tan patética que está emergiendo un movimiento en todo el país para hacer hoy una contrahuelga, con cacerolazos incluidos contra la cresta sindical. Forman parte de él ciudadanos comunes, pymes y comercios autoconvocados. El triunfo de Milei significó, entre muchas cosas más, un implacable cambio del ecosistema en el que se movía cómodamente la corporación sindical. Eso dirigentes deben enfrentar ahora el ingrato momento de la finitud, y también lo saben. No se parecen al millonario peronista “Pepe” Albistur prometiendo un golpe de Estado desde una reposera en la arena cerca del mar. Son mucho peor que esa caricatura de pobre golpista.

Milei es una presencia extraña en la política. Es un político nuevo que se ofrece como voluntario para hacer el trabajo más difícil y tal vez impopular que hay en la Argentina. Debe ajustar la economía de un Estado históricamente alegre y derrochón. Los políticos que confían en su futuro deberían agradecerle semejante vocación. Tampoco a Milei lo preocupa demasiado cumplir el mandato (objetivo que le provocó largos insomnios en su momento a Mauricio Macri) ni aspira a inscribir su nombre con mayúscula en la historia nacional. El lugar que le tocó es para él un trabajo; quiere cumplir con esos menesteres, aunque está dispuesto a regresar a casa si no pudiera hacerlo.

Quizás por eso tampoco cumple con los protocolos de los políticos, la mayoría de los cuales, con la sola excepción de Cristina Kirchner, trató de llevarse bien con el periodismo. Milei explora, al revés, la alternativa de ganar adeptos hostigando al periodismo, como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos. Hasta las palabras que usa Milei lo acercan más a Trump que a cualquier otro líder antisistema. Ese desconocimiento del periodismo como protagonista esencial de la vida democrática (con faltas de respeto incluidas) es lo que convierte a Milei en un dirigente que refuta al sistema republicano. Es el riesgo del país republicano: perder la república en manos de la indiferencia.

Consciente o inconscientemente, Milei desafía a la dirigencia política porque sabe que no tiene alternativa (Juntos por el Cambio es una coalición en permanente reconstrucción y el peronismo aguarda su renovación después del peor fiasco electoral de su historia), y porque infiere que la profundidad de la crisis económica y social promueve el temor entre los políticos que sobrevivieron. Ante la posibilidad de un salto al vacío, gran parte de esos políticos dialoguistas decidieron este martes firmar el dictamen de la comisión para habilitar el tratamiento en el recinto. No quisieron dejarle el dictamen de mayoría al kirchnerismo, lo que le hubiera dado a esta prioridad en el tratamiento del plenario del cuerpo. La excepción fueron los legisladores de Elisa Carrió, que firmaron su propio dictamen por una cuestión de principios, dijeron.

En el fárrago de decisiones que Milei envió al Congreso, hay muchas que provocaron colisiones dentro de los propios bloques dialoguistas. Se llaman así el Pro, la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto; solo un político con la experiencia de Pichetto puede liderar un bloque en el están desde los socialistas de Santa Fe hasta Ricardo López Murphy, desde los diputados de Elisa Carrió hasta experonistas como Emilio Monzó.

Por ejemplo, uno de los temas más conflictivos es el de los beneficios para las pymes que producen biocombustible y que movilizaron a gobernadores de importantes provincias, como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Las tres grandes empresas que invierten en petróleo y gas hablaron con varios diputados para señalarles que necesitan seguridad jurídica para avanzar con inversiones en plantas transformadoras de gas natural en gas licuado para la exportación. “¿Cómo no vamos a escucharlas si son solo tres? No tenemos diez empresas decididas a invertir”, dijo un legislador de Pro. Los radicales son más cautos; el biocombustible es una producción importante para provincias gobernadas por radicales, como Santa Fe y Jujuy. Hay también diputados del viejo Juntos por el Cambio que quieren sacar un artículo que le coloca un impuesto a la fabricación de cápsulas de polvo de tabaco, que se inventaron para reemplazar a los cigarrillos comunes. Son parecidos a los vapeadores electrónicos, pero con cápsulas. Una de las grandes tabacaleras prometió una inversión importante en la construcción de una fábrica de tales artefactos. En verdad, cualquier humo que ingresa al cuerpo es insalubre; además, la propia ANMAT prohibió esa clase de aparatos con capsulas. ¿Cómo ponerle un impuesto a algo que está prohibido por la ANMAT? Paradojas de la política argentina.

Otro artículo que será seguramente revisado en el recinto será el que le impone el mismo porcentaje de retenciones (el 33 %) a la soja, a la harina de soja y al aceite de soja. “¿Así incentivamos la industria nacional? Es probable que los actuales industriales decidan dedicarse a producir solo poroto de soja”, advirtió uno peronista republicano. La parte referida a la pesca pasará seguramente a sesiones ordinarias porque su presencia en la megaley provocó ya el enojo de todos los gobernadores de provincias pesqueras.

Párrafo aparte merece la ausencia en la Cámara de Diputados del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Legisladores dialoguistas recibieron esas ausencias como un desaire político sin precedente. En rigor, desde Eduardo Bauzá, el primer jefe de Gabinete, hasta Marcos Peña, todos habrían estado en la Cámara de Diputados negociando artículo por artículo. Posse y Caputo eligieron ir a Davos a no hacer nada.

Otro artículo especialmente conflictivo es el que no les pone topes a los aportes a las campañas electorales. Quiere decir que una sola empresa podría financiar la campaña de un candidato presidencial o, peor aún, alguien vinculado al narcotráfico podría pagar los gastos de un candidato a presidente de la Nación. Los legisladores de Milei les respondieron a las objeciones de los dialoguistas que dejen el artículo como está y que, en todo caso, se resuelva el tema en el recinto. Los dialoguistas les respondieron que en esa estrategia se escondía un riesgo: que el kirchnerismo y la izquierda cambien el artículo y prohíban absolutamente los aportes privados a las campañas electorales. De todo a cero. Péndulo propio del país de los argentinos. Ningún legislador sensato cuestiona el monumental trabajo de Federico Sturzenegger compilado en el proyecto de ley y en el decreto de necesidad y urgencia. Pero todos los legisladores quieren tener su propia opinión después de escuchar a sus propios especialistas. Es lo que sucedió siempre en el Congreso. Ninguna novedad.

El proyecto original, por ejemplo, disponía la disolución del Fondo Nacional de las Artes. Hernán Lombardi, un compañero de partido de Sturzenegger (y de gobierno en la administración Macri), logró la continuidad del Fondo con dos condiciones: su directorio será ad honorem –es decir: no cobrará sueldo– y solo el 20 por ciento de su presupuesto se destinará a salarios. El Fondo significa casi nada en el presupuesto nacional y fue presidido durante muchos años por la empresaria y filántropa Amalia Fortabat. La señora de Fortabat fue, precisamente, quien compró con su propio dinero la que fue la casa de Victoria Ocampo en Barrio Parque, un diseño racionalista del célebre arquitecto Bustillo, y la donó al Fondo. Lombardi también logró la permanencia del Incaa (el Instituto de promoción del cine nacional), aunque con la misma condición: solo el 20 por ciento de su presupuesto podrá dedicarse a salarios. El kirchnerismo había llevado ese porcentaje dedicado a salarios al 70 por ciento, después de que el gobierno de Macri lo bajara al 47 por ciento. La militancia kirchnerista es cara.

De las reformas a los Códigos, solo quedó uno que promueve Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y consiste en que la reincidencia en el delito significará que el delincuente irá en el acto a la cárcel, sin esperar el juicio. Todos los crueles asesinos del Uma Aguilera eran reincidentes. El día que apagaron definitivamente la vida de una niña inocente había salido de “gira”, como le llaman en la jerga tumbera, un grupo de delincuentes con antecedentes más extensos que sus vidas. Estaban acostumbrados a la impunidad de una Argentina sin ley ni piedad.

Por Joaquín Morales Solá