El dato pasó como un rayo. Casi desapercibido para el gran público. Incluso para los analistas más experimentados en el análisis macroeconómico y financiero. Las disputas por ley ómnibus, o “Bases” como quieren que se la llame los libertarios, y el polémico DNU que aún pelea su supervivencia; el porcentaje más importante de punto de partida del gobierno de Javier Milei se conoció esta semana y no mereció mayor polémica que su difusión.

Y confirmó el anticipo que el propio Presidente había adelantado unos días antes de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El déficit fiscal primario del 2023, correspondiente al último año de gestión de Alberto Fernández, terminó en los 5,4 billones de pesos, lo que corresponde a un 2,9% del Producto Bruto Interno (PBI); mientras que si se suman los intereses de deuda (déficit fiscal secundario), la suma llega a los 11,6 billones de pesos, un 6,1% del PBI.

Si bien el segundo es el número más concreto (en definitiva, las cuentas, más tarde o más temprano, deben pagarse, en pesos o en cualquier moneda realista); lo importante para el arranque del gobierno de Javier Milei es el primer tipo de déficit. Es a partir de ese resultado muy negativo de, redondeando hacia arriba, de 3% del PBI, sobre el que habrá que medir su performance ajusticiadora, la variable sobre la que volcó toda su política económica, fiscal, financiera y monetaria; y sobre la que el mismo jefe de Estado considera que está la madre de todas las batallas y el origen de todos los problemas de la economía argentina.

Al punto de justificar un plan de ajuste sin precedentes modernos en la historia de la democracia argentina, sólo comparable con los primeros años de Carlos Menem y, sin quererlo de manera voluntaria, los meses posteriores a la megadevaluación de Jorge Remes Lenicov luego de la estrepitosa y dolorosa salida de la convertibilidad del 2001. En ambos ejemplos, finalmente, la tan ansiada como odiada meta del equilibrio fiscal primero y el superávit fiscal después se logró.

Y, hay que reconocerlo, también la reducción drástica de la inflación; el gran mal en el que todos coinciden (parecería que ahora sí) genera el mayor drama económico del país. En todo caso, el problema sería ponerse de acuerdo en cómo solucionar el demencial aumento de los precios, en la demolida economía argentina.

Para Milei no alcanza con el equilibrio fiscal. Se debe llegar al superávit primario

Ese 3% de déficit fiscal primario ya oficial informado esta semana por el Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo, será entonces el faro sobre el que Milei se autopropuso juzgar su labor; porque solucionar de una vez por todas ese desequilibrio primario entre ingresos y gastos; será lo que según su visión haga que Argentina abandone su gran problema crónico, el alza constante y aparentemente invencible de los precios. Incluso, y a diferencia del propio Mauricio Macri quien pidió que su gestión se juzgue por si lograba o no reducir la pobreza (fracasó); el ahora Presidente pide que su tarea sea medida por la solución lisa y llana del gran mal en el que identifica el origen de todas las crisis. Ese persistente, irresponsable y endemoniado déficit, el que sólo eliminándolo lo más rápido posible y cueste lo que cueste, generará la Argentina que él sueña. Y para la que él siente que fue votado.

Milei cree incluso que ese faro debe lograrse este mismo año. Sin demoras. Y con los costos que haya que asumir, incluyendo los políticos. Sería entonces reducir ese desequilibrio del 3% a un 0%; lo que implicaría una caída porcentual de tres puntos.

O, dicho de otro modo más impactante, serían unos 12 mil millones de dólares. Crocantes, en verba del mercado criollo. Pero el Presidente va por más. No cree que ese nivel convierta a la economía como sustentable, y considera, en total coincidencia con el equipo económico de Caputo (incluyendo el presidente del Banco Central Santiago Bausili), que para que ese ajuste sea creíble, sustentable y permita el corazón de sus reformas (que el Tesoro no deba ser financiado ya este año por el BCRA); no alcanza con el equilibrio, sino que se debe llegar a un superávit primario.

Y no simbólicamente tenue, sino sólido y sin dar lugar a permitir cuestionamientos contables de la gran masa de analistas privados que todos los días permanentemente juzgarán su gestión hasta que abandone Olivos. Milei ordenó a su ministro de Economía, quien aceptó el desafío, que el superávit primario alcance este año los dos puntos porcentuales; llevando el ajuste final a casi 20 mil millones de dólares.

Entre punta y punta (diciembre 2023-diciembre 2024) implicaría cinco puntos porcentuales de separación en doce meses, un nivel (ahora sí) inédito en la historia de la democracia argentina moderna. Y quizá mundial. Basado, además, en una contracción del gasto del 60%, con un aumento de los ingresos (básicamente impuestos y contracción de los subsidios) de 40%.

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El dato de la valentía, más política que económica, de Milei y su gente, sorprende a los más interesados en el desafío. Incluyendo a los técnicos del FMI encabezados por el encargado del caso argentino, el director gerente para el Hemisferio Occidental el chileno Rodrigo Valdés, y su número dos, el venezolano Luis Cubeddu; quienes vienen de varias batallas en los años de Alberto Fernández, donde pedir un sólo punto de reducción de déficit era una utopía digna de Tomás Moro.

De hecho, salvo el primer año de vigencia del Facilidades Extendidas (en el 2022 cuando Martín Guzmán escandalizaba a Cristina Fernández de Kirchner por haber llegado a cumplir con el 2,5% de déficit impuesto en el acuerdo con el FMI); el país no logró la meta pactada. De hecho, para el 2023 Alberto Fernández debía haber alcanzado un 1,9% de desequilibrio; con lo que el desvío fue de un punto del PBI. Sin embargo, para este 2024 el organismo que maneja Kristalina Giorgieva pedía un 0,9% de déficit primario; algo que Milei ignoró olímpicamente. En dólares crocantes, el propio FMI reclamaba para este año contra el 2023 un ajuste de 8 mil millones de dólares; unos 12 mil millones menos que los que promete Milei. Al punto que el propio Valdés, a pedido incluso de la número dos del FMI Gita Gopinath, reclamó prudencia en el momento del ajuste fiscal a los sectores más débiles. Especialmente jubilaciones.

Para la mención final, Alberto Fernández (quien heredó un 0,4% del 2019, último año de Mauricio Macri en el poder) anotó en su gestión los siguientes datos de déficit fiscal primario en su cuatro años de gestión: 6,4% en 2020 (con la salvedad de la necesidad de enfrentar la pandemia), 4,5% en 2021, 2,5% en 2022 y, finalmente, 2,9% en 2023.

Evidentemente, el equilibrio en las cuentas públicas no era prioridad para el gobierno de Alberto Fernández. Obviamente mucho menos para su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.