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El Gobierno está dispuesto a avanzar con el oscuro negocio de los fondos fiduciarios. Sería una elocuente muestra de austeridad de la casta, en un momento en el que gran parte del peso del sinceramiento económico viene recayendo sobre la clase media. Con salarios retrasados y aumentos de precios que aún parecen no tener techo, el Gobierno sabe que el bono que le dio la sociedad para intentar sacar al país del estancamiento no es eterno.
El ministro Luis Caputo lo sabe. Esta semana dio la orden de iniciar auditorías en todos los fondos fiduciarios. En la mayoría de los casos, no hay datos sobre la gestión del último año. “Por lo que pudimos ver hasta ahora, salvo el caso del fondo que se creó cuando se vendió parte del Hipotecario a IRSA (el Fideicomiso de Asistencia del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional), que está bien, en todo el resto no cierran los números”, adelanta una fuente del Gobierno. No es difícil adivinar que, de desearlo, el Gobierno podría provocar un tembladeral con solo publicar los resultados de las auditorías que deberán llevar adelante técnicos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El único inconveniente es que, tal como reconoció una fuente al tanto de las discusiones, podrían caer propios y ajenos en la investigación. Hay fondos que datan de 1995, muchos funcionarios de hoy y de ayer pueden tener historias que contar.
Ya en 2017, en la gestión de Mauricio Macri, se habían iniciado auditorías del Foncap, una sociedad creada en 1997 para aumentar la productividad de las microempresas. Entre 2009 y 2011, estuvo comandado por el otrora dirigente bonaerense de La Cámpora, José Ottavis.
Pero es apenas uno de los casos. En 2023, según datos que manejan en Economía, se estima que 0,85% del presupuesto se destinó al financiamiento de fondos fiduciarios, que tuvieron gastos por aproximadamente 0,4%. Hay fondos que se financian con asignaciones específicas (como, por caso, un porcentaje del impuesto PAÍS), otros que tuvieron fondeo internacional. En el relevamiento que acaba de terminar Economía, y al que accedió la nacion, se contabilizaron 31 fondos fiduciarios bajo la órbita nacional, 17 administrados por el Banco de Inversión y de Comercio Exterior (BICE); 12, por el Banco Nación; uno está gestionado directamente por el Foncap, y otro, por el Banco Hipotecario. Sólo 9 de ellos –es el caso del Foncap o del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino– podrían ser eliminados sin pasar por el Congreso, dado que fueron creados en su momento por decreto. La suerte del resto, dependerá finalmente del Parlamento, donde todavía Milei debe probar su capacidad para generar consensos. La ley ómnibus dejó un sabor semiamargo en Diputados; en el Senado, el territorio en el que se movió Cristina Kirchner con comodidad en los últimos años, todavía no se han testeado los ánimos. No se puede descartar que, tal como sucedió con la ley ómnibus, la promesa de avanzar contra los fondos fiduciarios choque contra la barrera de la política. Nadie duda de las intenciones de Milei, pocos critican sus objetivos finales, pero aun le resta probar sus dotes de gestor.
La sociedad que lo acompañó con el voto también está poniendo a prueba su umbral de tolerancia. Es una cuestión de supervivencia, no de ideología. Según un informe para clientes de la consultora 1816, el salario mensual real de los trabajadores registrados privados tuvo en diciembre su mayor caída en 30 años, y es probable, agrega, que en enero los sueldos hayan alcanzado un nivel inferior al de la crisis de 2001. No por nada, destaca 1816, las ventas de alimentos en comercios minoristas cayeron en enero 37,1% interanual, algo no visto ni en tiempos de la pandemia. Los argentinos están transitando con sueldos viejos uno de los periodos inflacionarios más agresivos desde 1991. Es cierto que la inflación parece estar desacelerándose, pero por ahora parece ser sobre todo a costa de un tremendo freno en la actividad económica.
El Gobierno, sin embargo, espera poder anunciar el mes que viene que por segundo mes consecutivo, en febrero, las cuentas fiscales cerraron con superávit. “Y es muy probable que podamos además tener superávit financiero, el resultado entre ingresos y gastos, después del pago de los intereses de la deuda”, anticipa una fuente al tanto de los números. Para los economistas, aunque es un dato positivo, que habla del compromiso del Gobierno por sostener el ajuste, no es suficiente para cantar victoria. En su último informe, MacroView, la consultora que dirigen Rodolfo Santángelo y Carlos Melconian, advierten que gran parte de la mejora fiscal se consigue gracias a la nominalización de la economía (por impuestos como las retenciones y el PAÍS), a la licuación del gasto (sobre todo, salarios, jubilaciones, obra pública y provincias) y a “sentarse sobre la caja”. “Es un ajuste fiscal de carnicero, típico de otros momentos de ajuste de la historia –resume–. Como típico ajuste de carnicero, es factible llegar rápido a déficit cero pero es insostenible en el tiempo”.
Para contener el ajuste en los sectores de menos ingresos, y de paso, sumar dólares a las reservas, el equipo de Milei también está pasando la gorra en todos los organismos internacionales, de la misma manera que lo supo hacer Sergio Massa en 2023. Sólo la Corporación Andina de Fomento (CAF) estaría por aprobarle a la Argentina un nuevo desembolso de US$400 millones, mientras que entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), este año esperan poder acumular otros US$4000 millones, destinados sobre todo a programas como el de la AUH o la tarjeta Alimentar. Los organismos este año, por lo menos, van a ayudar porque está el FMI atrás. El año que viene, no sé. Que se ordene fiscalmente el país es para ellos música en los oídos, pero no si tenés un estallido social.
Pero, aun así, gran parte del éxito de corto plazo del Gobierno dependerá finalmente del campo. Aunque ya no será una cosecha récord, sí se espera que sume unos US$15.000 millones más que en 2023. La cosecha gruesa es la solución para la escasez de corto plazo de dólares en las todavía golpeadas reservas –pese a que el titular del Banco Central, Santiago Bausili, sumó más US$7000 millones desde que asumió–, y será un alivio –vía retenciones– para el fisco, que ya en enero está experimentando una caída en los ingresos tributarios producto de la menor actividad económica.
De la industria aceitera, sin embargo, empezaron a advertir que con la caída en las cotizaciones de los dólares libres, el atraso del tipo de cambio oficial y la baja en los precios internacionales de las commodities agrícolas, los productores podrían no tener gran incentivo para vender sus cosechas. “O se cambia el mix que se les da a los exportadores (que pueden liquidar 80% por el oficial y 20% por el contado con liquidación), o se acelera la tasa de ajuste del dólar”, alerta un hombre que participa del negocio. “Es probable que con las importaciones se quemen todo lo que acumularon de divisas. Pero el Banco Central y el equipo económico son pocos y cerrados. El peronista te convoca y te caga a palos, pero negocia. Estos no te convocan, no te cagan a palos y no negocian”, describió. Al parecer, los gobernadores no son los únicos que se encuentran sin un canal de diálogo válido.
Con todo, muy cerca de Milei aseguran que el Presidente tiene todas las intenciones de avanzar cuanto antes en la eliminación del cepo. Algunos arriesgan que su objetivo es hacerlo para mediados de año, con la idea en paralelo de avanzara con la libre competencia de monedas. Que el que quiera dólares pueda operar con dólares sin problema. De nuevo, los objetivos parecen claros. El cómo, todavía no, pero asoma el garrote por sobre el diálogo.
Por Florencia Donovan
Ilustración por Alfredo Sábat
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