La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tiene lista la evaluación de todas las propiedades inmuebles y muebles estatales para su venta, concesión y puesta en valor. El objetivo: detectar edificios y terrenos "prescindibles" para subastarlos o cederlos a empresas privadas. En el listado figuran varios predios muy codiciados por los desarrolladores inmobiliarios, como el que aloja a la sede de la Televisión Pública, sobre el que ya tiene puesta la mira uno de los grupos más importantes de la Argentina. ¿Cómo es el plan para liquidar las pocas joyas que aún le quedan a la abuela y quiénes son sus ejecutores?

Más allá de la decisión de avanzar con la privatización de una treintena de empresas en las que el Estado nacional tiene injerencia mayoritaria o total de su gestión, el gobierno nacional está terminando de delinear un plan para “enajenar” un número importante de las propiedades públicas que en la actualidad están bajo el control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El organismo -que está bajo la atenta supervisión del jefe de Gabinete Nicolás Posse- es controlado por Nicolás Pakgojz, un joven funcionario con antecedentes en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y un aceitado vínculo con IRSA, la mayor desarrolladora inmobiliaria del país, de la que es dueño Eduardo Elsztain, también conocido por su estrella relación con Javier Milei.

Antes de asumir en la gestión nacional, Pakgojz -de 29 años- fue jefe de Gabinete de Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Desde su rol, llevó a cabo la defensa de varios proyectos en la Legislatura en los que estaba interesados IRSA. El derrotero del joven funcionario permite inferir el vínculo sin demasiado esfuerzo: ingresó al gobierno porteño de la mano de Andy Freire, cuando el emprendedor se desempeñaba como ministro de Modernización. Antes de entrar a la función pública, Freire había sido parte del directorio de IRSA.

“La AABE es un cuello de botella, por ahí pasan todas las enajenaciones que hace el Estado, sin importar si están en desuso o dónde se encuentren”, explicaron fuentes consultadas por este portal. Según los primeros relevamientos, el ente tiene cerca de 40.000 propiedades a su cargo, entre los que se encuentran oficinas, autos, ambulancias, departamentos, predios, campos y galpones, en todo el país. “El plan es vender todos aquellos activos que consideremos innecesarios y concesionar aquello que pueda representar algún interés para la gestión”, le dijo a Data Clave un funcionario nacional que trabajó en el relevamiento.

Los terrenos más caros de CABA

La privatización e intento de venta del predio donde tiene sus estudios LS82 TV Canal 7, antes llamado ATC, es un viejo anhelo del gobierno menemista, hoy redivivo. En 1992 Gerardo Sofovich, director de la señal que tuvo que renunciar por severas denuncias de corrupción, compró los terrenos donde actualmente se encuentra la Televisión Pública, a nombre de ATC S.A. la empresa creada para avanzar en la privatización de la emisora (que después se frustró).

Aún hoy estos terrenos siguen a nombre de la sociedad anónima, que hoy ya no existe. La liquidadora de la firma ya cesó y nunca se hizo la transferencia al Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP). Para venderlo deberían revivir a ATC S.A., transferir el predio al SNMP, luego pasarlo a nombre de Radio Televisión Argentina (RTA) y de ahí a la S.A. que quisiera comprarla.

La escritura traslativa de dominio nunca se hizo por una razón insólita: “Cuando quisimos escriturar la propiedad, nos encontramos con una deuda sideral de Alumbrado, Barrido y Limpieza, ya que nunca se había pagado la tasa correspondiente a la ciudad de Buenos Aires y con los intereses, se había transformado en impagable”, confió a Data Clave la extitular de RTA Rosario Lufrano.

Sin embargo, un equipo de “liquidadores” viene trabajando en todas las variantes para lograr que esas hectáreas -ubicadas en una de las zonas más caras de la Argentina- pueda ser vendida a un grupo desarrollador inmobiliario que tiene previsto avanzar en un emprendimiento “premium” que varias fuentes confirmar que sería IRSA. Detrás de todo ese alambique operativo hay cuatro personajes fundamentales y dos consultoras privadas.

Un “Maestu” para los negocios

Martín Maestu, es socio de la firma Mckinsey&Company, donde ingresó hace 22 años. Venía de trabajar durante un año como analista financiero en Merryl Linch. Es licenciado en Administrador de Empresas por la Universidad de Belgrano y tiene un master en negocios en la Universidad de Chicago. Es asesor experto en energía, minería, petróleo y gas. Tiene trabajos publicados, entre 2020 y 2022 acerca de la explotación energética en Argentina y sobre Vaca Muerta.

Forma parte del selecto grupo de personajes cercanos a Posse -cuyos equipos técnicos integró durante la campaña- y a Milei, a punto tal que fue uno de los pocos invitados para presenciar el debate presidencial. Jugador de paddle y ganador de algunos torneos en Punta del Este, suele compartir canchas con Benicio Graiver, Luca Menem o su compañero de equipo, Diego Bidner, un empresario farmacéutico e inmobiliario.

Como representante de la firma, y antes de tener participación protagónica en el gobierno libertario, mantuvo numerosas entrevistas con funcionarios del gobierno macrista, según los registros públicos:

El 4 de mayo de 2016 solicitó y tuvo una entrevista para "compartir proyectos" con Pedro Comín Villanueva, Vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

El 24 de noviembre de 2017 tuvo una entrevista con Gustavo Sebastián Lopetegui, de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas, para hablar específicamente de las propuestas de McKinsey. Lo acompañaron otros dos integrantes de la firma: Horacio Silveyra y Mauricio Janauskas.

McKinsey es una consultora de negocios estadounidense que ofrece servicios a multinacionales y gobiernos en más de 60 países. Fue fundada en la ciudad de Chicago en 1926 y se convirtió en una firma exitosa bajo el liderazgo de Martín Bower, considerado uno de los padres de la consultoría. Su exposición pública es relativamente baja comparada con el enorme poder que tiene a nivel global.

"Adaptarse a cada movimiento del péndulo político y corporativo para mantenerse vigente y ofrecer lo que sus clientes quieren, es parte del secreto del éxito de McKinsey, la consultora de negocios más prestigiosa e influyente del mundo", escribió Duff Mcdonald, autor del libro The Firm: The Story of McKinsey And Its Secret Influence on American Business.

En el libro reflejan que la consultora, décadas atrás, "cuando las empresas estatales todavía estaban de moda, McKinsey abrió su oficina en México y ayudó al gobierno a planificar la expansión de Pemex. Dos décadas más tarde, cuando las privatizaciones estaban en boga, McKinsey ayudó al ex presidente Carlos Salinas de Gortari a desprenderse de algunas de las principales compañías en manos del estado".

Un escándalo que roza a McKinsey fue Enron, la compañía estadounidense de energía que casi de un día para otro se convirtió en ‘la empresa del futuro". La humilde compañía transportadora de gas, de la mano de un ejecutivo que había pasado 20 años en McKinsey, se transformó en una intermediaria de energía, que creó y desarrolló mercados cada vez más abstractos.

Tanto, que sus ganancias no existían. Enron maquilló sus balances durante años hasta ser descubierta, en 2001, y entrar en bancarrota. Aunque sus consultores nunca fueron acusados de nada, McKinsey estuvo dentro de Enron desde el principio hasta el final, siguiendo de cerca sus acciones y aprobando, aun por omisión, la nueva dirección de la compañía.

McKinsey y los contratos con el estado macrista

En agosto de 2015, la Subsecretaría de Transportes porteña liderada por Guillermo Dietrich contrató de manera directa a McKinsey Argentina S.R.L. con la misión de evaluar y proponer modernizar los “sistemas de señalización luminosa”, léase los semáforos por 9 millones de pesos. Esa empresa tiene como socio a uno de los miembros del Consejo de Administración del G25, un grupo político PRO que conducían el propio Dietrich y Esteban Bullrich, burlando la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires

A principios de 2017, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público contrató a McKinsey por 13,5 millones de pesos por un servicio de “consultoría para optimizar el mantenimiento de veredas”.

En noviembre de 2017 se sumaron 2,7 millones por “servicios profesionales de consultoría para apoyar al ente autárquico Teatro Colón” en una licitación privada donde solo hubo un oferente: McKinsey.

En 2018 a través de la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros porteña, se vuelve a contratar a McKinsey Argentina SRL por 14 millones de pesos por un “Servicio de consultoría, coordinación y asistencia en la construcción de un portfolio y sus respectivos proyectos a partir de la visión estratégica de largo plazo”.

En total, entre las 4 “consultorías” le facturó más de 40 millones al gobierno de la Ciudad. Pero el gobierno nacional no se quedó atrás. El entonces ministro de Producción Francisco Cabrera contrató a “McKinsey Argentina SRL por casi $ 20 millones para un estudio del sector de servicios”.

La relación del Gobierno con McKinsey va más allá de un asesoramiento puntual. El 28 de marzo de 2016 la consultora celebró sus 25 años en el país con una fiesta privada en el Salón Dorado del Teatro Colón y allí asistió nada menos que Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes compartieron el escenario con Dominic Barton y el director de la oficina en Buenos Aires de McKinsey, Francisco “Paco” Ortega.

En marzo de 2016 la consultora le acercó a Macri, una propuesta titulada “Apoyando al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio para el desarrollo y la innovación en TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)”. Un grupo de analistas desembarcó entonces en el Ministerio de Comunicaciones para asesorar desde las sombras. El principal impulsor de este convenio fue el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, un ex McKinsey, actualmente asesor de Patricia Bullrich.

McKinsey era la encargada de auditar y de buscar interesados en tomar el control de cada una en una especie de loteo. La intención, al menos en un primer momento, no era privatizar sino explorar la posibilidad de incorporar capital privado o favorecer la colonización empresaria de la infraestructura a través de la firma de contratos.

Los MOVE al ataque

Mario Lugones, el presidente de la Fundación Güemes, no tiene ningún cargo en el Gobierno nacional, pero fuentes cercanas al Poder Ejecutivo dicen que tiene cada vez más poder. Desde que asumió Javier Milei, este médico cardiólogo participa de encuentros clave en Casa Rosada, de reuniones de gabinete del Ministerio de Salud y hasta fue acusado en público de haber despedido a funcionarios de alto rango para reemplazarlos con personas de su confianza. En el pequeñísimo círculo de la política sanitaria repiten que es él, y no Mario Russo, el verdadero ministro de Salud.

Tiene relación directa con Santiago Caputo a través de su hijo, Rodrigo Lugones, un influente asesor que compartió tiempo con Milei en Davos.

Los Lugones no son unos recién llegados a la política. Sus nombres comenzaron a aparecer en los diarios desde fines de los años 90. Mario siempre estuvo vinculado al mundo de las obras sociales y las prestaciones de salud. Rodrigo es un experto en comunicación política y dio su primer gran salto en la campaña presidencial de Fernando de la Rúa.

Según una nota de Página/12 del 2011, “Lugones (Rodrigo) se acercó al macrismo en 2004, cuando comenzó a trabajar como asesor del entonces legislador Diego Santilli. Fue virtualmente su jefe de despacho por tres años, hasta que en la campaña de 2007 conoció a (Jaime) Durán Barba”. Uno de los puntos que se destaca de su carrera es haber integrado el equipo de campaña de John Kerry en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de ese año.

Rodrigo se alejó del equipo de Durán Barba luego de un escándalo que llegó a la Justicia a partir de una denuncia de Daniel Filmus, que lo había responsabilizado por una “campaña sucia”. Al momento del procesamiento, Rodrigo era Director Ejecutivo de Durán Barba y Asociados, y socio, junto al ecuatoriano, de la empresa denominada Opinión Confidencial SRL.

Al quedar expuesto el nombre de la consultora, se decidió el cambio de denominación a Green Consult SRL. En 2016 la empresa incorporó como socio gerente a Tomas Eduardo Vidal. En la actualidad, Green Consult es conocida como Move Group, un nombre fantasía, ya que a la hora de facturar lo hace como Green Consult SRL. En 2019 formó parte de la campaña de Roberto Lavagna, en un equipo en el que también participaron dirigentes como Ramiro Marra y Eugenio Casielles.

Lugones adquirió una segunda consultora llamada Epoge SRL a través de su mujer y su tía. En 2020 las acciones de su esposa fueron transferidas a Federico Falco, un empleado de Move Group. Tanto la tía de Lugones como su empleado cobran sendos contratos de locación del Ministerio de Gobierno del GCBA. Falco por su parte, se presenta en ponencias como asesor de varios legisladores.

Lugones y Caputo son señalados como la dupla que dirige la comunicación no convencional de redes del ejército de trolls libertarios. Con Move Group manejan el área de comunicación de YPF y del PAMI. Junto con Caputo es experto en redes y comunicación y juntos escribieron el libro "La Galaxia multimedia".

“Caputito”, asesor sin nombramiento formal en el gobierno, fue reconocido por Milei como “el arquitecto” de la victoria y junto a Karina Milei ostenta el estatus de una de las dos personas de mayor confianza del actual presidente. Promotor del concepto anti-casta en clara referencia a los políticos que ponen a su familia, socios y amigos en el Estado mientras cobran del erario público a través de sus empresas. Fue quien acercó el nombre de su tío, Luis “Toto” Caputo, para ocupar el Ministerio de Economía.

Otro hombre de América, en la TV Pública

Diego Chaher fue nombrado por decreto firmado por Milei, interventor y adjunto de Educ.Ar Sociedad del Estado, de la agencia de noticias estatal Télam, de Radio y Televisión SE (la firma que contiene la TV Pública, Radio Nacional y las FM estatales) y de la firma Contenidos Públicos, que contiene las señales Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal, además del Polo de Producción Audiovisual y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA).

Su nombramiento podría ser un paso hacia la privatización, ya que todas estas empresas figuran en el proyecto de Ley Ómnibus para ser privatizadas. En esa línea, el Ejecutivo le confiere al interventor "en forma exclusivas facultades de representación de las sociedades".

"El Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto", indica el decreto en el artículo 6.

En los considerandos, el Gobierno sostuvo que a los efectos de llevar a cabo una transformación en los medios públicos "resulta menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen".

Chaher es abogado, se desempeñó hasta diciembre de 2023 como director de asuntos legales del Grupo Supercanal-Airlink y fue gerente corporativo del Grupo América durante casi 20 años. En febrero de 2024 declaró al portal Massnegocios: “En ningún lado se está hablando concretamente de la figura de privatización y ventas, sino de lo que dice cada uno de los artículos que me mandan, es decir, reformulaciones, reorganizaciones, y principalmente, a mí la palabra que más me gustó que estuviese en el decreto, es la palabra reorganizar todos los procesos tendientes a la sustentabilidad de las empresas”. Sin embargo, en su discurso del 1 de marzo en el Congreso el presidente Milei declaró explícitamente su intención de privatizar los medios.

Por el rol de interventor, y aunque algunos medios dicen que trabaja “Ad honorem”, tiene un sueldo de cinco millones de pesos. Fue el responsable del cierre de Télam, la caída de la página y del pase a retiro y puestos en suspenso de 700 trabajadores.

Más terrenos para el Real Estate Mackinsey

Otro de los negocios inmobiliarios que tiene en carpeta Mackinsey es la venta de otra de las manzanas más exclusivas de la Argentina. Se trata del predio donde funciona la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un terreno de casi tres manzanas completas que están a cuatro cuadras de Figueroa Alcorta en el Bajo Belgrano, frente al Instituto “Cristóforo Colombo”, en el cuadrante comprendido entre las calles Blanco Encalada, Mendoza, Ramsay y Dragones.

El organismo está a cargo del abogado de confianza de Milei, Diego Orlando Spagnuolo, quien fue parte del gabinete de Carlos Kambourian en la Secretaría de Salud de Pilar e integró la lista de candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de medio término de 2021.

Anotadas para quedarse con la propiedad de este terreno se encuentran, además de IRSA, otras dos desarrolladoras muy importantes, propiedad de Marcelo Mindlin: SACDE y Creurban.

También está en análisis la venta del edificio donde funcionó el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ubicado en Cochabamba 54, en la Ciudad de Buenos Aires. Según los objetivos planteados, la obra debía realizarse en tres etapas y una vez lista, en diciembre de 2023, debía albergar a 800 trabajadores.

Sin embargo, dos de estas etapas nunca se terminaron, los trabajos se suspendieron y un informe técnico recomendó en noviembre de 2023 como medida preventiva desocupar el edificio ante la posibilidad de que se produzcan “modificaciones no cuantificables en la estructura”.

Tras el cambio de gobierno, las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano tomaron este documento de la firma Bascoy Ingeniería y ordenaron el desalojo de todo el lugar. El futuro del edificio es, por estos días, incierto y no se descarta su venta.

La decisión de desalojar el edificio fue tomada por la subsecretaria Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, Leila Daniela Gianni, en conjunto con el asesor de esta subsecretaría Ariel Romano. En diciembre, la gestión de Milei convirtió a la cartera de Mujeres en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, bajo el ala de Sandra Pettovello.

Las actuales autoridades analizan si es necesario contar con un edificio para 800 personas. No se descarta una posible venta del lugar o frenar definitivamente todas las obras.

Por Mauro Federico
Investigación: Ivy Cángaro