011 - 30772707
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es el primero que deberá lidiar con la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con el objetivo de llegar esta vez sí a buen puerto, y no suceda como en febrero pasado que el proyecto debió volver a comisión.
En el marco de sus apariciones mediáticas, el riojano se vio obligado a ponerle plazos al debate. Sin tanta precisión, se animó a decir que el tratamiento en el recinto será “en la semana del 14, o la del 21” de abril. Tienen lógica esas fechas, pues contemplan el tiempo que vaya a llevar después el tratamiento en el Senado. Un mes, si se tiene en cuenta que el capítulo legislativo que fijó el presidente Javier Milei en la hoja de ruta trazada el 1° de marzo ante el Congreso, tiene como punto de llegada el 25/05. Ese día debería firmarse el Pacto de Mayo con los gobernadores, pero para que eso suceda el mandatario puso como condición sine qua non la aprobación de la ley de Bases y el alivio fiscal.
Con el fin de garantizar que el tratamiento tenga un horizonte más despejado, esta vez el Gobierno redujo sustancialmente el texto del proyecto de ley que se frenó en el recinto de Diputados el 6 de febrero pasado. De los 664 artículos originales, el borrador que circula entre diputados -no los de Unión por la Patria, que se han quejado por esa exclusión-, tiene solo 269, y es mucho más específico en cuanto a sus alcances.
Se cumplió así un deseo/pedido que le había hecho a sus interlocutores el jefe de uno de los bloques dialoguistas: “Hay que despendejar el proyecto”, señalaba en los primeros días del mes de enero este legislador en referencia a la multiplicidad de temas “innecesarios” que contenía el proyecto original. Eso ya no está.
Pruebas al tanto: de las 11 emergencias que el proyecto pedía originalmente, han quedado solo 4, con sus correspondientes delegaciones legislativas. De las 41 empresas públicas pasibles de privatización, han quedado 12, acotadas en los siguientes rangos: 3 a privatizar; 6 a privatizar o concesionar y 3 pasibles de recibir aportes de capital privados. Por solo citar algunos ejemplos de modificaciones implementadas.
Lo cual, aclaremos, no implica que el texto haya quedado libre de cuestiones controvertidas para la oposición. Es lo que habrá que despejar, camino al recinto.
Con ese objetivo, el modo de negociación ha cambiado. Como decíamos, los diputados dialoguistas recibieron hace ya algunas semanas el texto del borrador, para que brinden su parecer de cara al tratamiento. Un modo de garantizar el conteo de votos que vayan a tener con cada uno de los artículos que queden. Así se lo sugirieron al oficialismo legisladores experimentados, con el principal interés de que el Gobierno cuente de una buena vez con las herramientas para establecer finalmente un plan de gestión. Y que deje de atribuirle a la oposición la acusación de que quieren atarle las manos.
Los bloques dialoguistas han sido citados más de una vez por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que se ha sumado así a estas negociaciones. La modalidad no se ha circunscripto a la ley de Bases; también se extendió por ejemplo al paquete de modificaciones de leyes de seguridad, que manejan los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri. Ambos con años de experiencia legislativa, tienen claro que ese es el camino cuando hay legisladores dispuestos a dialogar.
Esta vez protagonistas excluyentes han sido y son los gobernadores. A ellos les cargó el sayo Milei el día de la apertura de sesiones ordinarias, y con ellos fue la primera reunión de negociación, tras la cual se sucedieron otras. El problema es que esta vez el camino de esa negociación con los mandatarios provinciales no ha estado libre de malezas, más bien lo contrario. Los recortes que han sufrido las provincias fueron múltiples, comenzando por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador del Transporte, eliminados definitivamente por esta gestión. Los últimos días, la poda llegó al sistema de financiamiento para las cajas jubilatorias de trece provincias.
Y si bien desde el 1° de marzo Milei no ha repetido improperios ni listas negras contra los diputados, como sí hizo con los senadores tras el rechazo del DNU, “atiende” seguido a los gobernadores. La más dura fue la semana pasada, aunque el mensaje se conoció este último domingo, cuando se difundió la entrevista que le hizo al presidente el periodista Andrés Oppenheimer para la CNN en español. Allí, si bien no fue tan ácido como con Petro o López Obrador, les dedicó a los gobernadores un párrafo cargado de lluvia ácida. Fue cuando su interlocutor le preguntó si se arrepentía de algo, y el presidente dijo que había sido un error hablar con los gobernadores “de una manera tan transparente y tan honesta”.
Según Milei, el Gobierno quería ayudar a los gobernadores a resolver sus problemas fiscales, pero que ellos se pusieron a trabajar para destrozar las finanzas públicas, romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiperinflación. Así las cosas, para el mandatario fue un error haber ido con tanta buena fe, porque los gobernadores no querían jugar limpio.
Muchos dudan a esta altura que el 25 de mayo pueda alumbrar el Pacto pomposamente anunciado el 1° de marzo, con diez políticas de Estado a suscribir por todos. Difícilmente al menos pueda acordarse con los 24 jefes distritales.
Milei confía en que, a diferencia de los legisladores -muchos de los cuales no son oficialismo en sus distritos-, los gobernadores pueden ser más permeables a las presiones, sobre todo cuando es tan asfixiante como la que están practicando con ellos. Difícil que suceda, cuando no hay señales de que los recortes vayan a ser retrotraídos.
Como sea, pasado el feriado extralargo de Semana Santa y Malvinas, llega el momento de reanudar las tareas en la Cámara baja, donde el oficialismo ha crecido a 41 miembros. Desde el traspié del verano a la fecha, se incorporaron oficialmente tres diputados a La Libertad Avanza: José Luis Espert, Alvaro Martínez y Florencia Naiara Klipauka Lewtak, proveniente esta última del bloque de Miguel Pichetto, que durante el tratamiento en particular del 6 de febrero votó en contra de los incisos más ríspidos, como hizo la mayoría del bloque Hacemos Coalición Federal. Se supone que eso ya no volverá a ocurrir.
Para que se cumplan los tiempos establecidos por Martín Menem, el debate en comisiones debería acelerarse a partir de la próxima semana, para conseguir dictamen los primeros días de la siguiente, si se quiere llevar al recinto la semana del 14, y sino al final de la misma, o entre lunes y martes venidero. Ya no hay tiempo para un tratamiento tan extenso como el que tuvo en el recinto la primera versión de Bases, sino se complicará el debate en el Senado. ¿Ya no más cuartos intermedio a medianoche? Se verá.
Si por La Libertad Avanza fuera, repetirían el esquema de las tres comisiones que conformaron el plenario en enero pasado, pero en honor a la verdad, ya no tiene sentido que figure Asuntos Constitucionales, pues el capítulo de la reforma política se eliminó de entrada durante el primer debate. Hay un montón de otras comisiones que tendrían más razones para figurar en el plenario; mas si bien el oficialismo muestra más disposición esta vez para admitir otras comisiones, las mismas deberían estar en manos de diputados propios, tal cual indica el manual legislativo. Lo más probable es entonces que prevalezca la idea de que “como el proyecto volvió a comisión sean las mismas de antes la que lo traten”. Aunque sea ahora distinto.
Tanto como para incluir por ejemplo la reforma laboral, como le han recomendado al oficialismo aliados del Pro o incluso los bloques dialoguistas. No está definido aún que eso suceda.
Con muchas cosas aún sin resolver, como por ejemplo la vuelta del impuesto a las Ganancias, que resisten los gobernadores patagónicos y aceptan en cambio los del norte, el tratamiento de la ley de Bases II entra en su etapa decisiva. Será clave la reunión prevista para este jueves 4 de abril con gobernadores de Juntos por el Cambio.
|
Ver el perfil de Ignacio Perez Platas