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Fue mucha gente. Cientos de miles de argentinos. Se trató de un evento político de una dimensión tan masiva que convirtió en irrelevante precisar si fueron 180 mil, como dijeron sotto voce en el Gobierno, o un millón de almas, como plantearon los organizadores. Fue ciertamente una multitud que se movilizó para defender el valor de la educación pública y para pedir un límite al ajuste drástico del presupuesto destinado a las universidades nacionales.
Se trató de una marcha que si bien tuvo ecos en casi todas las provincias, el epicentro se dio en un puñado de manzanas del centro porteño. Los convocados marcharon desde la Plaza Houssay, corazón universitario de la ciudad de Buenos Aires, y desde el Congreso Nacional, y terminaron lo más cerca que pudieron de una Plaza de Mayo abarrotada, donde se montó un escenario desde el que se leyó un documento titulado “La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social”. Si bien se filtraron críticas partidistas, el grueso del mensaje estuvo enfocado en demandar el dinero necesario para evitar un virtual apagón educativo.
La movilización la organizó la comunidad de las universidades públicas -con rectores, estudiantes, docentes y no docentes y sindicatos- después de semanas de negociaciones que no llevaron a ningún lado entre el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y sectores gremiales con el Gobierno. La marcha -que por su volumen convirtió en inaplicable el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich- tuvo la adhesión masiva de los distintos sectores del peronismo, de piqueteros y sindicalistas de la CGT y las dos CTA, como así también de sectores importantes de la UCR y una minoría del PRO.
Más allá de la multitudinaria convocatoria, el gobierno de Javier Milei reaccionó sin sorpresas. Rechazó los reclamos, ratificó la política de austeridad presupuestaria y puso en medio de la discusión la exigencia de que las universidades acepten un régimen de auditorías sobre los fondos que administran diferente al que establece la legislación vigente. Es que la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, es la que está a cargo de la supervisión de los gastos. Más allá de la discusión, el Presidente fue fiel a sí mismo y redobló la apuesta. “Día glorioso para el principio de revelación. Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)... Viva la libertad carajo”, publicó en Instagram, con la caricatura de un león bebiendo de un tazón con la leyenda “lágrimas de zurdos”.
El posteo vino después del discurso que pronunció, como cierre, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández: “No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Argentina; somos la Universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la Universidad para el gran pueblo argentino. Por eso, lucharemos, en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos, por el país que anhelamos”.
La dirigente, que proviene de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, había planteado antes la necesidad de más presupuesto: “Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente, en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo”.
Se trató del el tramo central de un discurso que se escuchó después de que hablaran varios dirigentes sindicales, docentes, no docentes y de los rectores que se refirieron a la cuestión universitaria. Y de dos mensajes que provocaron cierto revuelo por el tono que tuvieron: el de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeyda, y el del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Esas palabras parecieron confirmar -junto con la presencia de líderes del peronismo y el alto perfil que decidió tener Cristina Kirchner- una partidización del reclamo universitario y la mutación de una reivindicación transversal de la sociedad a un mero acto político opositor. El encargado de plantearlo sin ambages fue, en su conferencia de prensa matutina, el vocero Manuel Adorni, que habló de “tren fantasma”. Como suele decirlo en privado y a veces en público, él habla por el Presidente.
“¿Quién subió y quién organizó ese escenario?”, preguntó Infobae a varios dirigentes que participaron de la organización del evento. Y todos coincidieron que hubo una acuerdo entre el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la FUA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para todos los que estuvieron arriba y los que hablaron. “A Taty Almeyda todos la quieren y la valoran y Pérez Esquivel es una personalidad con reconocimiento internacional; no dejamos subir a políticos, ni a gobernadores, aunque lo pidieron”, reconocieron las fuentes consultadas.
Además de las decenas de miles de argentinos que se movilizaron para defender el valor de la educación pública, hubo también dirigentes opositores que participaron de la movilización más numerosa desde que Javier Milei asumió la Presidencia. Además de CFK, estuvo una gruesa columna de La Cámpora encabezada por Eduardo De Pedro; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y su esposa Malena Galmarini, que fueron a acompañar a sus hijos Tomás y Milagros; y el presidente de la UCR y senador Martín Lousteau. También, los secretarios generales de la CGT Pablo Moyano y Héctor Daer, junto con un nutrido grupo de integrantes del movimiento obrero; la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, mientras que el ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta apoyó la marcha con una foto que se sacó el lunes frente a la Facultad de Ciencias Económicas. Y la conducción y militancia de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
Todos los dirigentes y los miembros de los partidos políticos y sindicatos, a pedido de los organizadores, quedaron detrás de la cabeza de la movilización que estuvo a ocupada por los integrantes de la comunidad universitaria y educativa, que fueron los que lograron transmitir un convocatoria que puso de relieve el compromiso de la sociedad argentina con la educación pública -sobre todo la superior- como herramienta de movilidad social ascendente.
“La sociedad mostró que quiere defender las universidades públicas, porque es de las pocas cosas que el Estado le brinda de calidad”, manifestó Emiliano Yacobitti.
Una encuesta clave
La movilización de este martes ocurrió en un terreno que estaba apto para regarse de gente después de largos meses de sequía y de la acumulación de demandas insatisfechas. El aporte del encuestador Federico Aurelio, de la consultora Aresco, es clave para entender el contexto, los protagonistas y la escena que se dio con la multitud movilizada por la educación públicas y las universidades.
“Es la primera discusión importante en la cual la posición de Milei y del Gobierno es claramente minoritaria. De todas las discusiones que tuvo hasta ahora, el oficialismo en algunas estuvo equilibrado, en la mayor parte había más gente a su favor que en contra, pero en esta su posición fue claramente minoritaria. Tres de cada cuatro argentinos estaban en desacuerdo con que haya ajuste de las partidas de las universidades”, explicó el experto en opinión pública.
Federico Aurelio confirma con datos algo que se intuye: “Hay una valoración favorable de la evaluación académica de las universidades públicas y respecto a algunas de las acusaciones que planteó el Gobierno sobre una supuesta mala administración, no está tan claro para la gente que tengan una mala administración”.
“Hay un escudo por parte de la mayor parte de la sociedad, a favor de las universidades públicas, de la misma manera que tiene un escudo hoy Milei en el marco de la crisis económica. Las universidades públicas es algo que la mayor parte de los argentinos no quiere que se toque, por eso Milei enfrenta una discusión donde tenía más para perder, pero igual juega a todo ritmo en todas las jugadas, en las que sabe que va a ganar y en las que sabe que va a perder”, explicó el analista político.
Y subrayó que si bien “no está dentro de los problemas prioritarios de los argentinos, sí son importantes las universidades como símbolo”. “Es un tema que le pega muy de lleno al segmento que mayor apoyo le dio electoralmente y en el que mejor valoración tenía de la gestión, que son los jóvenes y en los niveles socioeconómicos medios y altos. Esto le apunta al segmento que mayor apoyo le daba, con lo cual habrá que ver las consecuencias políticas de este conflicto”, consideró.
Es un escenario que le pone al Gobierno un riesgo en un momento de alto riesgo, por el impacto en la economía real de las medidas de ajuste ultra ortodoxo que viene aplicando, la llegada de los aumentos de tarifas, y la acumulación de reclamos callejeros que ya anunciaron piqueteros y sindicalistas. “Desde hoy mismo esperamos un cambio de actitud y si no, seguiremos organizándonos colectivamente como lo estamos haciendo, porque no estamos dispuestos a que se ponga en riesgo nuestro derecho a estudiar, no estamos dispuestos a que se ponga en riesgo a la universidad. Si eso no sucede, seguiremos luchando”, avisó Piera Fernández.
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