Mario Lugones llegó a ministro de Salud hace apenas dos meses, pero desde un comienzo del gobierno de Javier Milei dejó la presidencia de la Fundación Sanatorio Güemes para ser el asesor estrella en la materia y desde allí diseñar la desregulación de las prepagas o el proyecto nunca concretado para hacer lo propio con los servicios para personas con discapacidad.

Ahora que está a cargo de la cartera ha vuelto a la carga con sus ideas, reforzó la motosierra sobre los gastos, como transporte de personas con discapacidad a las escuelas y actividades terapéuticas como la cobertura de maestros integradores, tanto que provocó esta semana la segunda marcha de personas afectadas, sus familias y sus prestadores a la Quinta de Olivos, al tiempo que avanza con su idea de concesionar al sector privado todos los hospitales nacionales, excepto el prestigioso Garrahan, con el argumento oficial de que atiende a niños de todo el país con afecciones complejas.

La mayoría de los hospitales del país son provinciales y municipales, pero la Nación aún cuenta con 11. Cuatro son 100% de su responsabilidad y los otros siete son Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), en los que se hace cargo del 70 u 80% del presupuesto y el resto le corresponde a la jurisdicción donde están, cinco a la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad autónoma y otro en Santa Cruz. Los 100% nacionales son el de salud mental Laura Bonaparte -que estuvo en la mira de cierre hace unas semanas- en Parque Patricios, el Baldomero Sommer en General Rodríguez; el de discapacidad intelectual Ramón Carrillo (ex Comunidad Montes de Oca) en Luján y el Posadas en Morón. Los siete SAMIC son el Garrahan, en Parque Patricios; el galardonado de alta complejidad El Cruce, en Florencio Varela; el Cuenca Alta, en Cañuelas; el de El Calafate, el de Esteban Echeverría, el de agudos Dr. René Favaloro, en Rafael Castillo y el Presidente Néstor Kirchner, en La Matanza.

“El Ministerio de Salud tiene el objetivo central de realizar un reordenamiento del sistema, lo que además significa un nuevo direccionamiento para la política de salud, cumpliendo con la Constitución Nacional que indica que la Argentina es un país federal con competencias determinadas tanto para la Nación como para las provincias. Y son las provincias las responsables de realizar las políticas sanitarias en sus jurisdicciones”, alegan en la cartera de Lugones. Es decir, transferirles los centros de salud a los gobiernos de Axel Kicillof, Jorge Macri y el santacruceño Claudio Vidal, pero sin los fondos para administrarlos.

“Que eliminen la publicidad pública si quieren mantener los hospitales”, dicen libertarios por lo bajo, después que así lo hiciera Milei en la Nación (aunque en la práctica la pauta continuó a través de varios vericuetos). “El objetivo de la cartera es que las jurisdicciones se hagan cargo de estos hospitales, a excepción del Garrahan, que tiene la particularidad de ser de alta complejidad y atiende casos graves de habitantes de todo el país, por ejemplo el 60% de los transplantes pediátricos se realizan ahí”, aclaran en las filas de Lugones.

Pero como ni Kicillof ni Macri ni Vidal aceptan hacerse cargo de los centros de salud sin su financiamiento, en el Ministerio de Salud de la Nación analizan ahora concesionarios al sector privado, a imagen y semejanza de Reino Unido en los 90 bajo el gobierno de John Major, sucesor de su correligionaria conservadora Margaret Thatcher.

“Ante la negativa de las jurisdicciones, desde el Ministerio de Salud se están evaluando otras alternativas, entre ellas, que haya un gerenciamiento privado de la administración de los hospitales. De todas maneras, y ante este proceso de evaluación de posibilidades, cabe destacar que el presupuesto para el funcionamiento de los hospitales en 2025 está garantizado”, aclaran en el despacho de Lugones. El modelo británico se expandió a otros países como algunos hospitales de España. La idea es que empresas privadas administren el hospital y cobren por el servicio a la prepaga o la obra social. El problema es que un tercio de los argentinos carece de esas coberturas, a diferencia de lo que sucede en Reino Unido o España. Además, el mal servicio de los hospitales concesionados británico quedó en evidencia en la pandemia.

Una reciente investigación de dos expertos de la Universidad de Oxford, Benjamin Goodair y Aaron Reeves, publicada en la revista científica The Lancet analizó la experiencia de este modelo en países de altos ingresos, donde la población en general cuenta con seguro médico privado o público, y concluyó: “En los últimos 40 años, muchos sistemas de atención de salud que alguna vez fueron de propiedad o financiación pública han avanzado hacia la privatización de sus servicios, principalmente mediante la subcontratación al sector privado. Pero ¿cuál ha sido el impacto de la privatización en la calidad de la atención? Un objetivo clave de esta transición es mejorar la calidad de la atención mediante una mayor competencia en el mercado junto con los beneficios de un sector privado más flexible y centrado en el paciente. Sin embargo, se ha expresado preocupación de que estas reformas puedan resultar en una peor atención, en parte porque es más fácil reducir costos que aumentar la calidad de la atención médica. Descubrimos que los hospitales que pasaban de ser propiedad pública a privada tendían a obtener mayores ganancias que los hospitales públicos que no se convertían, principalmente a través de la admisión selectiva de pacientes y reducciones en el número de personal. También encontramos que los aumentos agregados en la privatización frecuentemente se correspondían con peores resultados de salud para los pacientes”.

El médico Carlos Regazzoni, que dirigió el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) en el gobierno de Mauricio Macri, tercia en la discusión: “Es muy positivo que el gobierno de Milei haya decidido ir a fondo con los temas de salud, proponiendo la revisión de estructuras ineficientes por más de 50 años. Sin embargo, las decisiones y cambios en salud deben estar motivadas por principios médicos y de salud pública, antes que por posiciones económicas”.

“Los sistemas de salud necesitan arquetipos que promuevan el desarrollo profesional para retener y atraer nuevos talentos -agrega Regazzoni-, lo que requiere hospitales nacionales de excelencia. La atención de excelencia de alta complejidad necesita grandes hospitales nacionales que sigan el exitoso modelo del Garrahan. No es positivo desarticular los sistemas solidarios de financiamiento de la salud. No habrá sistema de financiamiento de la salud si los seguros no incluyen a salarios de altos ingresos juntos con los de bajos ingresos para que todos tengan lo mismo y por igual”.

Otro experto en política sanitaria, que prefiere el anonimato, advierte: “Hay curros en los hospitales, los gremios son jodidos, pero es verdad que pagan malos salarios, hay gente que no labura y otra que sí, pero no solucionás el problema así. En la Policía hay curros mucho mayores pero este gobierno ni se mete en eso. Pero ellos dicen que el Estado no debe meterse en la salud y que además nadie pudo con los curros de los hospitales, y entonces quieren privatizar. Y hacen como con Aerolíneas: presionan a los gremios con esa idea para que acepten ajustar”.

La presión de Lugones no es sólo sobre los sindicatos sino también sobre las autoridades de los centros de salud. Hace dos semanas, el ministro les mandó una carta para reclamarles que paguen un 35% menos por los medicamentos que compran. El funcionario sostiene que hasta ahora abonaban el precio de venta al público. Han pasado pocos días, pero está abierta la duda de si los hospitales podrán conseguir mejorar su eficiencia u obtener rebajas de los laboratorios o deberán cerrar las cuentas adquiriendo menos cantidad de remedios.

Protestas y paros

Las protestas de los gremios en el Garrahan y otros hospitales nacionales continúan. Los trabajadores del centro pediátrico cumplieron este jueves su novena jornada de paro del año dentro de su plan de funcionó reclamar por mejoras salariales y laborales. “Los trabajadores exigen un aumento salarial del 100% y un salario inicial igual a la canasta básica de $1,5 millones. También reclaman fin del impuesto al salario (por Ganancias) y aumento de las guardias. El hospital se encuentra en una situación crítica, con una fuga de personal hacia el sector privado y una falta de interés en los posibles ingresantes”, comunicó el gremio. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UP) en Tucumán, se solidarizó con ellos por la red X: “El Garrahan marchando porque el Gobierno decidió desfinanciarlo hasta cerrarlo y además privatizar el Posadas y el resto de efectores nacionales. Al parecer la reforma de los vouchers no funcionó. Desastre”.

Otra diputada de la misma comisión, Mónica Fein, del socialismo de Santa Fe, pidió un pedido de informes a Lugones sobre el estado de los hospitales y expuso en sus argumentos: “Como parte de la llamada refundación del sistema de salud, que no es otra cosa más que la absoluta desregulación y liberalización de precios, cuyo principal impacto es mayor inequidad en el acceso y desigualdad en el ejercicio del derecho a la salud, el Ministerio de Salud ha decidido, desde el inicio de la gestión del actual presidente, no seguir asumiendo responsabilidades centrales que debe ejercer en su rol rector y desmantelar políticas nacionales de salud. Las consecuencias de estas decisiones abruptas que no tienen otra razón de ser que el ajuste fiscal, son los retrasos y enorme incertidumbre en la entrega de prestaciones vitales para la salud de los ciudadanos/as, con mayor impacto en los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, se ha volcado esta responsabilidad en las provincias, sin el correlato económico necesario para poder llevar adelante la tarea y sin ningún tipo de planificación o articulación. El impacto de estos recortes es evidente en áreas críticas como el tratamiento de enfermedades crónicas y el manejo de epidemias. Un párrafo aparte merecen los recortes en las prestaciones de discapacidad, que se producen en el marco de una situación de crisis en el sector que no es nueva y que cada vez golpea más”.

Precisamente, las personas con discapacidad, olvidadas de los grandes medios, volvieron a marchar a Olivos. Sus prestadores, desde el transporte hasta los terapeutas o los maestros integradores en escuelas, ya venían mal pero arrancaron el gobierno de Milei en diciembre pasado con un aumento que les dio del 5% frente al 25% de inflación. Para todo 2024, la administración ya les pautó un alza del 99%, pero el índice de precios al consumidor (IPC) ya subió 107% en los primeros diez meses del año. Es decir, un fuerte ajuste real.

El experto sanitarista antes citado bajo el anonimato explica que el 80% del Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales, que en principio iba a tratamientos de cáncer y otras enfermedades graves, se va en discapacidad y a su vez en este rubro pesan sobre todo los colectivos que llevan a las personas a sus escuelas y terapias y los maestros integradores que las acompañan en las aulas. Prepagas, obras sociales y Lugones están de acuerdo con que estos gastos deberían financiarse por otro lado, quizás por educación, pero el problema es que en el medio queden niños y adultos sin cobertura.

“Están ajustando mucho en personas con discapacidad”, advierte el diputado a cargo de la comisión del asunto, Daniel Arroyo, de UP en la provincia de Buenos Aires. “En la entrega de medicamentos en prepagas, obras sociales y hospitales públicas, en los servicios de acompañamiento en salud, en el transporte para recibir el tratamiento... se les corta porque les está pagando muy poco a los transportistas. Lo mismo con las prestaciones de educación: los chicos que van a una escuela común tienen que ir acompañados por un asistente, pero cuesta mucho acceder a eso, les pagan tarde, a 90 días, y mal y por eso no lo hacen o está viendo de irse y hay mucha rotación. Además hay mucho recorte de pensiones por discapacidad. Se hizo una auditoría y está bien que se saquen los casos que no correspondían, pero en el medio mandan cartas documentos a gente que no sabe de qué manera moverse. Y con un decreto volvieron a la idea de invalidez laboral, que es hace 100 años”.

El secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPEsA), Eduardo Maidana, alerta que el proyecto de presupuesto 2025 prevé el pago de 177.000 pensiones menos por discapacidad. Además, “desregulan el transporte, los pases por discapacidad quedan a criterio de las empresas, fijan aranceles para las prestaciones básicas de septiembre a diciembre de 2024 con un 2,31% de aumento, una locura, hay problemas con las altas de Incluir Salud (cobertura para quienes no tienen prepaga ni obra social)”, enumera Maidana las razones por las que marcharon otra vez a la residencia presidencial. Pero Milei ha usado como ataques a sus rivales políticos la palabra “minusválido” o la imagen del niño con síndrome de down.

Cae la compra de medicamentos

Pero los recortes no terminan en hospitales y discapacidad. En su pedido de informes, la diputada Fein se refiere a más: “Hay que mencionar los ajustes en el sistema de prestaciones y sus consecuencias en las restricciones de servicios y apoyos y la cobertura de prestaciones y provisión de medicamentos del Programa Incluir Salud”. También elaboró otro pedido específico sobre el recorte de la cobertura de medicamentos del PAMI. Unos 44 remedios dejaron de estar 100% financiados por el plan en septiembre pasado. Este cronista consultó al PAMI, pero no obtuvo respuesta.

Mientras, la venta de medicinas en la Argentina cayó 8% en los primeros nueve meses del año, es decir, 47 millones de unidades menos. Los sin receta, 17%, pero los recetados también, 4,6%, según la Cámara Industrial de Laboratorios (CILFA). El bolsillo de los pacientes no aguanta, pese a que los precios de los remedios aumentaron 80%, menos que el 107% de inflación.

Como parte de la desregulación de la medicina privada, las cuotas aumentaron casi el doble que la inflación en 2024. “No podemos permitir que casi un millón de personas en su mayoría de edad avanzada y con enfermedades en tratamiento se vean obligados abandonar las prepagas”, opina Regazzoni. “Las prepagas son empresas a quienes hay que darles libertad para trabajar y agregar valor, pero es indispensable un seguro nacional solidario para los tratamientos de alto costo, las prestaciones para la discapacidad y la atención de la salud de los mayores”, agrega.

El Gobierno además está interviniendo obras sociales que en realidad eran sello de goma para cobrar del Estado. También están dando de baja 112 prepagas y otros prestados privados de salud que estaba en un registro: ya intimaron a 58 y sólo dos respondieron que realmente operaban. En este caso, no recibían fondos estatales. La medida obedece a un ordenamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud para detectar a quiénes debe auditar y a quiénes no porque no existen.