La Argentina viene de atravesar —o tal vez todavía está atravesando- una gran crisis de representación. Se trata de un gran desacuerdo, un malentendido entre la sociedad y la dirigencia política. Para la mayoría de los analistas de opinión pública, esta crisis comenzó en la segunda mitad del año 2020, muy probablemente asociada al encierro impuesto por la pandemia. Es fácil pensar que esta sensación de desazón respecto de las prestaciones de la dirigencia política y del Estado estuvo vinculada a ese gran trauma: una sociedad encerrada, expuesta a la posibilidad de la enfermedad y de la muerte. Además, esta crisis se monta sobre un largo periodo de estancamiento económico y, en su tramo más reciente, no solo inflación, sino una inflación altísima.

Podemos comparar esta situación con crisis anteriores en el país. Hubo una crisis de representación de dimensiones similares en 2001, asociada a un periodo no solo de estancamiento, sino de larga recesión que abarcó desde 1998 hasta 2003. A partir de entonces, comenzó un proceso de recuperación que coincidió con la llegada de Néstor Kirchner al poder y la aparición de un nuevo liderazgo. Kirchner emergió de un proceso electoral muy endeble, en una situación extraordinariamente frágil: llegó al poder con apenas el 22% de los votos. A pesar de contar con un importante elenco de gobernadores e intendentes peronistas en el conurbano, aún no era el líder de esa formación; en ese momento, ese rol correspondía a Duhalde. Es importante recordar que muchos de esos dirigentes peronistas habían apoyado a Menem en la primera vuelta electoral, no a Kirchner. En este contexto de gran crisis económica, marcado además por un profundo distanciamiento entre la sociedad y su dirigencia, surge un presidente débil cuyo mandato coincide con el inicio de un periodo de recuperación. A partir de allí, se consolida un nuevo liderazgo y un nuevo ciclo de poder alrededor de Néstor Kirchner.

¿Lo que estamos viviendo hoy tiene similitudes con aquello? Las comparaciones históricas entusiasman por sus semejanzas, pero pronto surgen las diferencias. Las comparaciones, en general, sirven más para identificar diferencias que repeticiones. Sin embargo, es válido preguntarse si el liderazgo de Javier Milei está insinuando —y esta es la pregunta clave hacia el próximo año con las elecciones— la aparición de un nuevo ciclo político. ¿Se está constituyendo un nuevo centro de poder alrededor de Milei después de un largo periodo de descomposición política, desazón y deterioro de la vida material, marcado por la alta inflación?

Recordemos que diciembre del año pasado tuvo un 25% de inflación mensual, y todo 2023 cerró con un 214% de inflación. Para analizar esta cuestión, el Índice de Confianza en el Gobierno es un número clave. Este dato, publicado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, muestra una recuperación en la medición más reciente. El mes pasado ya había dado positivo. Hoy muestra una variación de 9,86%. Este índice, que mide de 0 a 5, se ubicó en 2,66, por encima de la mitad, con una mejora significativa respecto al mes anterior.

Al comparar, vemos que el promedio del mandato de Néstor Kirchner fue de 2,49. Para Cristina Kirchner, el promedio de su primer mandato fue de 1,71, por debajo del de su esposo. Mauricio Macri registró 2,27 en promedio, mientras que Alberto Fernández alcanzó apenas 1,69. Milei, hasta ahora, tiene un promedio de 2,52, superando el registro de Néstor Kirchner y marcando una recuperación notable, aunque en un periodo muchísimo más corto.

Otra encuesta interesante es la realizada por Mora Jozami con su consultora Casa 3, que analiza la aprobación presidencial desde enero hasta noviembre del primer año de gobierno. Comparando, vemos que Cristina Kirchner, en su segundo mandato (enero a noviembre de 2012), cayó del 64% al 47%. Macri, en su primer año, descendió del 67% al 57%. Alberto Fernández, en el año de la pandemia, bajó del 67% al 63%. En contraste, Milei es el único que sube, del 45% en enero de 2024 al 48% en noviembre de este mismo año.

Este fenómeno es extraño. Aunque Milei tiene el menor porcentaje inicial de aceptación (ninguno de los otros líderes arrancó con menos del 60%), su evolución es positiva. Mientras los demás enfrentaron caídas significativas (Cristina perdió 17 puntos y Macri, 10), Milei logró un crecimiento en su base de apoyo.

¿A qué se debe esto? Es difícil identificar una razón clara. Muy difícil. Pero si uno analiza las variables que determinan la adhesión o el rechazo de la sociedad a un gobierno —que, en última instancia, también determinan el voto—, hay muchísimos factores que influyen. Sin embargo, hay uno que, en general, explica mejor el comportamiento de la sociedad frente a un gobierno o un líder: el salario real, es decir, el poder adquisitivo. O, para ponerlo en otros términos, la relación entre los salarios nominales y la inflación.

Aquí parece estar la clave para entender el éxito de Milei, que deriva en este interrogante: ¿está surgiendo un nuevo ciclo de poder que pone fin a la crisis anterior? Habrá que seguir haciéndose esta pregunta hasta las elecciones.

La consultora Ex Quanti, que mide según datos del Indec pero con mayor frecuencia, analizó en un reciente trabajo el número de gente que trabaja en blanco pero es pobre. En el primer trimestre de 2024, el porcentaje de asalariados registrados por debajo de la línea de pobreza era del 29,2%. Ahora, ese número bajó al 26,5%. Este dato es relevante por dos razones. Primero, refleja que tener un empleo formal ya no garantiza una buena calidad de vida. Segundo, muestra una ligera mejora: la cantidad de asalariados pobres disminuye.

Otro estudio de la misma consultora pone la lupa sobre los ocupados pobres en todo el país: personas con empleo, pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Este indicador, que estaba en el 44,6%, descendió tres puntos.

El tercer dato es aún más impactante: los indigentes ocupados (aquellos que no logran cubrir ni la canasta básica alimentaria, pese a tener empleo) eran el 13,6% y ahora son el 10,6%. Estos números transmiten dos mensajes. Primero, la situación social sigue siendo crítica, con enormes problemas estructurales. Segundo, en términos relativos, los indicadores están mejorando, especialmente para los más pobres. ¿Y por qué mejora la situación de los más pobres? Porque la inflación cayó.

Esta mejora está ligada al gran problema de la Argentina en las últimas dos décadas: la inflación. En 2005 empezó a ser relevante, y en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner con Alberto Fernández como jefe de gabinete, ya era un tema central. Ese año se intervino el Indec. Milei, al liderar un gobierno que la sociedad percibe como capaz de derrotar a la inflación, toca un nervio crucial. Como decía Ortega, aborda “el tema de nuestro tiempo”. Este factor probablemente explique la mejora en el índice de confianza en el Gobierno y, a diferencia de sus predecesores desde Néstor Kirchner, que no caiga su imagen en su primer año, sino que suba.

Sin embargo, el gobierno de Milei aún no logra articular un discurso efectivo que conecte la lucha contra la inflación con la mejora social, especialmente para los más vulnerables. Es cierto que hay pobres estructurales que no se benefician de la caída de la inflación debido a su situación material sigue siendo paupérrima en términos de salud, infraestructura y acceso a lo básico. Pero la pobreza derivada del deterioro del ingreso por el aumento de precios sí retrocedió, aunque sea ligeramente. En el fondo, la lucha contra la inflación es la mejor política social que puede ofrecer un gobierno. Sin embargo, el discurso del gobierno de Milei parece centrarse en otros temas, como la “batalla cultural” o la política internacional, dejando este aspecto trascendental de lado.

Una variable relacionada a este último punto, que podría calificarse como un arma de doble filo, es la apreciación cambiaria. El dólar barato es una forma indirecta de aumentar el salario real, ya que muchos bienes de consumo dependen de la cotización del dólar. Es una manera de mejorar el poder adquisitivo atrasando el tipo de cambio y generando un problema que algunos economistas empiezan a ver: la Argentina probablemente no tenga la cantidad de dólares que necesita para mantener los niveles de actividad y consumo que se presume habrá si hay una recuperación.

El economista Martín Rapetti plantea este problema al analizar la cuenta corriente de la balanza de pagos: la diferencia entre los dólares que ingresan y los que egresan. Esto podría generar un trauma si, por ejemplo, las tasas de interés en Estados Unidos suben y el dólar se encarece. Es un gran interrogante para la economía argentina, planteado por Rapetti, en debate con figuras como Federico Furiase, director del Banco Central, quien aseguró en una conferencia que el dólar no está atrasado sino adelantado. Furiase argumentó que en los momentos de confianza en Argentina, el peso puede seguir apreciándose. Señaló que, en los picos de confianza, el dólar llegó a valer lo que hoy equivaldría a $600. Rapetti respondió mostrando un gráfico: alcanzó los $650. Hoy estamos en 990. Rapetti corrigió: “Ni siquiera en el momento de mayor atraso cambiario con Martínez de Hoz el tipo de cambio llegó a 600 pesos a valores de hoy; llegó a 650″. Y advirtió: “Las burbujas se alimentan de confianza, euforia y especulación, y se pinchan. Vean la historia: vamos hacia un tipo de cambio históricamente bajo, y esto lleva a un camino peligroso”. Concluyó: “Un camino peligroso”. Cuando todo el mundo está eufórico, sonriente y adhiere, siempre hay uno que avisa, porque en los escenarios rozagantes y promisorios hay algunos indicios que pueden ser el germen de una crisis.

Al dólar barato, que Furiase lo quiere aún más barato, un 30% menos, se le suman otras condiciones de la política económica actual para abrir una enorme discusión: baja el impuesto PAÍS, facilitando las importaciones. Además, se han implementado medidas que promueven la apertura económica para bienes de menos de US$400, que ahora pagará sólo el IVA y ningún arancel. Esto genera un doble debate.

El primero está relacionado con la cantidad de importaciones y la apertura económica. Por un lado, beneficia a empresas que comercializan bienes importados, pero por otro, el segundo debate tiene que ver con las plataformas de comercio electrónico, como Amazon o Mercado Libre, que permiten importar bienes puerta a puerta. Esto afecta a los importadores tradicionales, ya que los consumidores tienen acceso directo al mercado internacional. La Unión Industrial Argentina (UIA) en un tuit exigió “bajar impuestos y mejorar la infraestructura antes de abrir la economía”.

A esta postura respondió José Luis Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y figura clave de Javier Milei en el Congreso. Además de probable primer candidato a diputado por el oficialismo, en la provincia de Buenos Aires. De manera directa, Espert criticó a los empresarios de la UIA llamándolos “caraduras” y acusándolos de vender productos caros y de mala calidad durante décadas de “miseria espantosa”. Este comentario generó polémica, especialmente porque mañana se celebra la Conferencia Industrial de la UIA, con invitados como Federico Sturzenegger, como lo llama Milei, el “coloso” de la desregulación y la apertura económica. Su presencia promete ser un punto álgido de la reunión, donde se abordarán las tensiones entre estas posturas.

Por otro lado, la política de control del tipo de cambio también abre un debate. El cepo cambiario no es solo una decisión económica, sino también política. Los movimientos en el tipo de cambio reflejan el consenso o disenso respecto a la política económica del gobierno. El Gobierno de Milei tiene bloqueado ese canal de expresión estratégica. Desde esta perspectiva, el cepo podría interpretarse como una forma de censura político-financiera.

Para el Gobierno, sin embargo, estas críticas son anecdóticas porque está instalado en la euforia y en la autocelebración. Su administración está siendo respaldada por encuestas favorables, baja inflación, menor riesgo país y un dólar estable, aunque en un mercado intervenido. Esta euforia se proyecta también al exterior, como se vio en el G20. Un gobierno que fue a Brasil con una agenda relacionada con lo que llaman “batalla cultural”.

Lo cierto es que Milei asistió a Brasil al G20 con la intención inicial de no firmar el documento de consenso que firman todos los países participantes. Planteó disidencias en temas como cambio climático, políticas de género y la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas en 2015, relacionada con sustentabilidad ambiental, social y económica. Incluso se barajó la posibilidad de que la Argentina fuera expulsada del G20, ya que, al no firmar, según las normas del club, impediría la emisión del documento final. Ante esto, el Gobierno frenó y optó por una declaración larga en la que afirmó que firmaba el documento, pero con reservas en esas materias.

Se dice que influyó mucho Emmanuel Macron, quien previamente habría aconsejado a Milei no romper todo. A pesar de ello, Canadá y Australia expresaron reproches hacia la postura argentina, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un cuestionamiento explícito, aunque sin nombrar a Milei, reivindicando las banderas que éste criticaba. Esto generó malestar en Milei, quien decidió prohibir al canciller Gerardo Werthein asistir a la celebración en el Vaticano por los 40 años del acuerdo entre la Argentina y Chile por el conflicto de Beagle, mediado en su momento por Juan Pablo II y el cardenal Samoré. Chile estuvo representado por su canciller, Alberto van Klaveren, mientras que la Argentina envió al embajador en Roma, Luis Beltramino.

Esta tensión con Boric es vieja. Milei lo llamó “empobrecedor serial”. Pero no impidió que Chile, al igual que Ecuador, Brasil y Colombia, tuviera gestos favorables hacia la Argentina. Durante el gobierno de Milei, estos países se presentaron como amicus curiae ante la jueza Loretta Preska en el caso de la costosísima demanda del fondo Burford, relacionado con la estatización de YPF durante la gestión kirchnerista. En el G20, Milei pareció más un representante adelantado de Donald Trump que de la Argentina, aunque Estados Unidos estuvo representado por Joe Biden.

Esta euforia también permea en la política interna, particularmente en el problema de la integración de la Corte Suprema. Durante el fin de semana, Cristina Kirchner, a través de Lucía Corpacci, senadora por Catamarca que responde a ella, apoyó el dictamen que avala el pliego de Ariel Lijo. Esto resulta controversial, dado que Lijo enfrenta múltiples cuestionamientos éticos de instituciones y líderes de opinión preocupados por la calidad institucional del país. Corpacci, con su voto en la Comisión de Acuerdos, anticipó que Lijo podría alcanzar los dos tercios necesarios en el Senado. Sin embargo, el otro candidato, Manuel García Mansilla, propuesto por el Gobierno, no parece tener el mismo respaldo.

Lo curioso es que Lijo es impulsado por Ricardo Lorenzetti, una figura que Cristina Kirchner ha detestado históricamente. Se dice que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, podría haber influido en esta decisión. Cristina lo visitó recientemente, el 16 de noviembre, para celebrar el Día del Militante Peronista, en una provincia donde el gobernador es radical. Esto es llamativo, ya que Zamora firmó los pactos de mayo con Milei y permitió que diputados de su provincia abandonen el recinto para facilitar votaciones al gobierno.. Algunos especulan que este acercamiento de Cristina a Zamora podría ser un mensaje para Axel Kicillof, posicionándolo como posible candidato presidencial peronista para 2027.

La situación de Lijo ha generado otra coincidencia inesperada: que Cristina Kirchner y Patricia Bullrich coincidan en apoyar su designación. Bullrich, distraída en algún momento de su preocupación por la calidad institucional, avaló públicamente a Lijo, afirmando que en sus interacciones con él siempre actuó correctamente. Esta coincidencia pone a Milei en aprietos, ya que Cristina apoya a Lijo pero no a García Mancilla. El gobierno sostiene que ambos pliegos deben aprobarse o ninguno.

Una alternativa que se baraja es nombrar a los jueces por decreto, como hizo Mauricio Macri con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vocero del Gobierno, declaró que se está evaluando esta posibilidad. Curiosamente, García Mancilla habría desarrollado la teoría para justificar esta medida. Un indicio es que un colaborador muy cercano, académicamente hablando, a García Mansilla, el doctor Ignacio Arizu, publicó una nota extensa defendiendo la designación de jueces de la Corte por decreto. Arizu, que asiste a García-Mansilla como profesor de Derecho Constitucional en el ámbito académico, también trabaja con María Ibarzábal en la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo de este gobierno. Esta secretaría es considerada el cerebro jurídico del “mago del Kremlin”, Santiago Caputo.

Muchos se preguntan si designar jueces por decreto es constitucional. La Constitución menciona “empleos”, y hay debate sobre si ser juez, que no depende del Poder Ejecutivo, califica como tal. Arizu sostiene que sí, mientras que el kirchnerismo argumenta que es irregular. Según ellos, la Constitución permite designar por decreto a empleados como embajadores o generales, pero no a integrantes de otro poder, como jueces, quienes quedarían subordinados al Ejecutivo.

Algunos aseguran que Rosatti no les tomaría juramento en esas condiciones, ya que es la Corte quien decide esto, no su presidente en solitario. Para avanzar en esta cuestión, debería haber un fallo o una acordada que involucre a todos los miembros de la Corte, incluido Lorenzetti. También surge otra pregunta: ¿por qué no designar a todos los jueces por decreto, dado que hay cerca de 150 vacantes? Si el Gobierno decide enviar estos nombramientos al Congreso en sesiones extraordinarias, sería una pista de si hay acuerdo entre el kirchnerismo y el gobierno. En este contexto, se especula sobre posibles negociaciones entre Javier Milei y Cristina Fernández, encabezadas por Wado de Pedro y Santiago Caputo, quienes mantienen una relación cercana. Uno de los socios de Caputo, Guillermo Garat, hoy en YPF, incluso fue jefe de campaña de De Pedro.

Cristina podría exigir que no se usen decretos, argumentando que, si tienen los votos en el Senado, no son necesarios. Por otro lado, el Gobierno evalúa el riesgo de que, si los nombra por decreto, el Senado luego los rechace, como ocurrió en el caso Rosenkrantz y Rosatti durante el mandato de Macri. En aquel entonces, senadoras kirchneristas como Anabel Fernández Sagasti y María Inés Pilatti Vergara denunciaron la inconstitucionalidad de esos nombramientos por decreto. ¿Mantendrán esa postura si el gobierno actual toma una medida similar?

Otro tema en discusión es la elección del procurador general, un puesto también vacante que requiere dos tercios del Senado. El kirchnerismo podría ofrecer un acuerdo: aceptar un candidato del gobierno a cambio de que sea alguien “aceptable” y reemplazar a García Mansilla, pero Milei, en su euforia, se muestra inflexible. Esta negociación parece empantanada.

Sin embargo, avanza otra: el Gobierno podría abandonar su apoyo a la ley de Ficha Limpia, que impediría a procesados ser candidatos, a cambio de que el kirchnerismo vote por eliminar las PASO. Según Guillermo Francos, La Libertad Avanza coincide en la necesidad de la ley, pero no quiere que parezca que está dirigida exclusivamente a Cristina Fernández, por temor a que se interprete como una medida proscriptiva. Esta estrategia sugiere que el Gobierno que Cristina sea candidata para polarizar con ella, como lo intentó Macri en su momento, aunque esto conlleva riesgos.

Hay otra cuestión importante que también está en discusión: el calendario electoral. Axel Kicillof analiza adelantar las elecciones provinciales para garantizar la legislatura, intendencias y concejos deliberantes en una fecha distinta a las nacionales. Esto le permitiría conservar el poder territorial, aunque debilitaría una eventual candidatura de Cristina Kirchner si las fechas no coinciden. Del mismo modo, Jorge Macri evalúa desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires para proteger su gobernabilidad, aunque esto podría enfrentar a Mauricio Macri con el Pro porteño.

El conflicto también alcanza a Sergio Massa, que está envuelto en un escándalo. Su amigo, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, está involucrado en una causa por presuntas coimas relacionadas con multas de transporte y la verificación técnica vehicular (VTV). Kicillof y Massa se culpan mutuamente por el caso, lo que evidencia grandes tensiones en el peronismo bonaerense. En conclusión, mientras Milei emerge fortalecido, las internas entre Kicillof, Cristina y Massa complican la estrategia de la oposición en el principal distrito del país.