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Sin embargo, la participación de Julián De Diego, abogado laboralista con vínculos profesionales con la plataforma Rappi, generó controversia. Según confirmaron fuentes oficiales, De Diego colabora en la redacción del proyecto junto al secretario de Trabajo Julio Cordero. Diversas organizaciones sindicales advirtieron sobre un posible conflicto de intereses, ya que el abogado asesora a empresas que podrían beneficiarse con el esquema regulatorio propuesto.
Qué propone la reforma laboral
El texto oficial introduce los siguientes cambios principales:
Flexibilización de las modalidades de contratación, ampliando las formas de empleo temporario y la posibilidad de acuerdos individuales.
Reducción de cargas patronales y nuevos incentivos fiscales para pymes que incorporen personal formal.
Actualización de licencias, vacaciones y horarios, con mayor margen de negociación entre empleador y trabajador.
Tratamiento especial para las plataformas digitales, donde los repartidores y choferes mantendrían su condición de “colaboradores independientes” y no de empleados en relación de dependencia.
Este último punto es uno de los más sensibles, ya que las plataformas —como Rappi, PedidosYa o Uber— no reconocen un vínculo laboral directo con los repartidores, lo que los excluye de derechos sindicales, licencias, indemnizaciones y aportes previsionales.
La polémica por los trabajadores de plataformas
En Argentina, los repartidores y choferes de apps son considerados trabajadores independientes, un modelo que les otorga libertad de horarios pero los deja sin cobertura social plena.
Otros países están probando caminos intermedios. En el estado de Rajastán (India), por ejemplo, Uber paga una tasa que se destina a un fondo de seguridad social para los conductores. Ese sistema fue mencionado en la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta como un ejemplo de equilibrio entre flexibilidad y protección.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) avanza en un convenio internacional sobre plataformas, del que ya se aprobó una primera parte y cuya segunda etapa podría adoptarse el próximo año. Si Argentina no incorpora regulaciones mínimas, la reforma podría entrar en conflicto con los estándares internacionales del trabajo.
¿Puede esta reforma generar más empleo?
Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno es que la flexibilización laboral “liberará al mercado” y creará empleo formal, del mismo modo que ocurrió en algunos países de la región.
En Colombia, una reforma similar fue presentada como responsable de la creación de un millón de nuevos empleos. Sin embargo, los estudios oficiales y académicos muestran un panorama más matizado:
Las proyecciones más optimistas, elaboradas por consultoras privadas, estimaron entre 600.000 y 1.000.000 de nuevos puestos, pero bajo condiciones macroeconómicas favorables.
Los informes del Ministerio de Trabajo colombiano fueron más cautos, mostrando que gran parte del incremento provino del autoempleo y la informalidad, no necesariamente del trabajo asalariado con aportes.
En la práctica, la creación de empleo depende de varios factores: inversión, demanda interna, estabilidad macro y confianza empresarial. Una reforma que reduzca costos laborales puede incentivar nuevas contrataciones, pero si no hay crecimiento económico ni crédito productivo, el efecto será limitado.
Además, al mantener a los trabajadores de plataformas como independientes, el proyecto argentino no formalizaría a ese enorme colectivo —estimado en más de 200.000 personas—, lo que reduce su potencial impacto en la creación de empleo formal.
Caja de datos: el proyecto y su contexto regional
Nombre oficial: Proyecto de Ley de Reforma Laboral – Expte. 4340-D-2025
Autores principales: Julio Cordero (Secretario de Trabajo) y Julián De Diego (asesor externo).
Objetivo declarado: “Modernizar las relaciones laborales, reducir litigiosidad y promover la formalización del empleo”.
Claves comparativas regionales:
En Colombia, la reforma laboral de 2023 incluyó incentivos a la contratación y una mayor flexibilización de los horarios. El resultado fue una creación neta estimada de entre 600.000 y 1.000.000 de nuevos empleos, aunque alrededor del 40% correspondió a formas de autoempleo informal.
En España, la llamada “Ley Rider” de 2021 reguló a las plataformas digitales y estableció que los repartidores debían ser considerados empleados. Si bien permitió una formalización parcial del sector, redujo las oportunidades laborales fuera de las grandes ciudades.
En el estado de Rajastán, en India, se implementó un fondo de seguridad social financiado por las propias aplicaciones, lo que mejoró la cobertura médica y de seguros para los trabajadores, aunque sin modificar su estatus de independientes.
En Argentina, el proyecto de reforma laboral de 2025 mantiene la independencia de los repartidores y reduce los costos patronales. Esto podría generar una leve expansión del empleo, pero con un potencial limitado y con el riesgo de aumentar la precarización si no se acompaña de un sistema de protección social adecuado.
Riesgos y desafíos
Los especialistas consultados advierten sobre tres riesgos principales:
Precarización laboral, si la flexibilización implica pérdida de derechos sin mecanismos compensatorios.
Conflicto con normas internacionales, dado que la OIT impulsa estándares mínimos para trabajadores de plataformas.
Falta de transparencia en la elaboración, si continúan participando asesores con intereses empresariales directos.
En resumen
La reforma laboral busca reducir la carga regulatoria y fiscal para promover la formalidad, pero mantiene sin cambios la situación de los trabajadores de aplicaciones, que seguirán fuera del sistema de protección laboral tradicional.
Aunque el Gobierno sostiene que la ley podría impulsar la creación de empleo, no existen aún evidencias sólidas de que el modelo argentino pueda replicar el impacto atribuido a Colombia. El éxito —o fracaso— dependerá de cómo se implemente y de si logra equilibrar la flexibilidad empresarial con la protección del trabajo humano, un desafío que el mundo todavía no termina de resolver.
Fuente: Proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, análisis de prensa especializada y reportes de la OIT.
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