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Polémica por una ley que modifica los controles en seguridad e higiene en CABA

22-12

Se trata de una norma aprobada por la Legislatura que aún no fue promulgada por el Ejecutivo. “Un Colegio es una asociación Civil como tantas otras. Y una asociación civil no puede regular el ejercicio profesional”, advierten especialistas.

La Legislatura porteña aprobó, en medio de la sesión que duró más de 26 horas, una ley que podría alterar de manera sustancial la regulación del ejercicio profesional de los temas de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. Es que la norma iguala a los Consejos Profesionales históricos, creados por decreto/ley nacional y con funciones delegadas tanto por el Estado Nacional y la propia Ciudad - con el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad. Esta es una asociación civil que sólo cuenta con personería jurídica y que no integra el régimen legal previsto para las profesiones reguladas.

Si bien la ley fue aprobada en recinto, aún espera promulgación del Ejecutivo con un antecedente no menor: en 2007 una ley que tenía el mismo objetivo finalmente fue vetada por Mauricio Macri. “Si la ley se promulgara sin cambios, personas sin incumbencias podrían validar instalaciones industriales, firmar informes ambientales, participar en pericias o dictámenes técnicos. No estamos hablando de trámites administrativos: son actividades que pued en afectar la salud, el ambiente y la seguridad de la comunidad. Por eso el Estado siempre delegó esas funciones en Consejos creados por ley”, explican fuentes de la Junta Central de Consejos Profesionales.

Los Consejos Profesionales administran desde hace más de 65 años la matriculación obligatoria de los profesionales de las áreas de agrimensura, arquitectura, ingeniería e higiene, seguridad y protección ambiental. Ejerce facultades disciplinarias, dictamina sanciones para sus matriculados y controla que sólo actúen quienes poseen incumbencias habilitantes, sin sanciones. Sus estructuras responden a un marco jurídico consolidado: fueron creados por decreto, ratificados por leyes nacionales y su autoridad proviene de la delegación del Estado para proteger el interés público.

El Colegio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, en contraste, nació en 1970 como entidad privada. No posee reconocimiento como organismo de ejercicio profesional ni potestades de control, pero busca obtenerlas ahora mediante esta ley. Según especialistas consultados, esto abriría la puerta a un escenario de doble matriculación, con consecuencias que ningún sistema regulatorio sólido puede tolerar: dispersión de responsabilidades, dificultades para aplicar sanciones, ausencia de tribunal de alzada y la posibilidad concreta de que profesionales eludan controles aprovechando la coexistencia de dos entidades que operarían sobre la misma jurisdicción.

“La matriculación obligatoria está delegada por el Estado a los Consejos creados por ley. Una entidad privada con solamente una personería jurídica no puede otorgar matrícula habilitante. Si lo hace, genera doble matriculación, dispersión disciplinaria y vacíos regulatorios que dificultan la acción de la Justicia ante un siniestro. No es un tema corporativo: es un tema de responsabilidad legal. Imaginate que hay un profesional sancionado por los Consejos por un derrumbe en una obra: si dos instituciones pue den matricular, podría volver a trabajar rápidamente, con el riesgo que eso implica”, explica Alejandro Pérez Vargas, vocero del Consejo Profesional.

Y añade: “profesionalizar a través de colegios es ofrecer formación, capacitación o mantener vigente las capacidades con la formación continua. Regular incumbencias o actividades reservadas al título es otra cosa: es definir quién puede firmar una pericia, una certificación, una auditoría, un análisis de muestras, o una evaluación de riesgos. Eso no lo hacen los colegios privados, lo hace el Estado a través de los Consejos creados por ley. Un Colegio es una asociación Civil como tantas otras y no puede regular el ejercicio profesional ”.

“Cualquier esquema de doble matriculación facilita la evasión de controles y genera zonas grises que, en profesiones de riesgo, pueden traducirse en daños concretos para la comunidad. En una ciudad con más de 5400 edificios con riesgo de derrumbes, relajar condiciones en seguridad e higiene es todo lo contrario a lo que debería ocurrir”, afirman las fuentes consultadas. Agregan que, si se promulga la norma tal como está, la Ciudad podría habilitar la emisión de certificaciones técnicas sin garantía de incumbencia profesional, un escenario que —advierten — no existe en ninguna jurisdicción seria del país. "Si pongo a hacer un trabajo a gente no capacitada, hay muertes", culminaron desde el Consejo de Ingenieros Químicos. La decisión final está en manos del Gobierno de la Ciudad.

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Fuente: Agencias

Autor: Admin

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